Hace ya mucho tiempo que sabemos que las apetencias municipales en materia de dinero no tienen fin y que desgraciado el incauto que caiga en sus manos cuando tienen la sartén por el mango. Un estudio realizado por OCU, de las tarifas que cobran los ayuntamientos por la retirada de un vehículo por la grúa y su posterior custodia durante 25 horas, revela diferencias de hasta el 300% entre 54 grandes ciudades (las capitales de provincia, más Ceuta, Melilla, Gijón y Vigo). Diferencias que van de los 51 y 55 euros que costaría en Melilla y Ávila, hasta los 205 y 198 euros que alcanzaría este mismo servicio en Zaragoza y Barcelona respectivamente.

Y como también sabemos que los ayuntamientos no trabajan a pérdidas, hay que deducir que algunos se lucran de forma exagerada pervirtiendo el concepto de servicio público y llegando al bandolerismo con rehén incluido… nuestro querido coche.

La Ley de Tráfico y Seguridad Vial señala que los vehículos pueden ser retirados de la vía pública por el Ayuntamiento cuando constituyan un peligro, causen perturbaciones para la circulación, o estén aparcados indebidamente. Este servicio municipal de retirada tiene un coste medio de 99,04 euros, pero las diferencias son extremas en ciudades que como Zaragoza (180 euros), Barcelona (173 euros) y San Sebastián (160 euros) aplican una tasa mucho más elevada que el coste razonable de ese servicio por una empresa privada.

Además, la custodia del vehículo en las dependencias municipales hasta su retirada por el propietario añade en muchas otras ciudades una penalización extra al aplicar un gran parte de los depósitos tarifas por días completos. Así, mientras que los aparcamientos privados deben cobrar exclusivamente por el tiempo real de prestación del servicio, 47 de los 54 depósitos municipales analizados facturan por días completos, incrementando artificialmente la factura de este servicio: por ejemplo, 46 euros en Soria o 56 euros en La Coruña. Como tengas un mes el vehículo va a salir más caro que el alquiler de un pisco para una familia en zona cara y son apenas 9 m2.

La normativa que regula los aparcamientos públicos es la Ley 40/2002, de 14 de noviembre, reguladora del contrato de aparcamiento de vehículos (BOE de 15 de noviembre de 2002, núm. 274/2002). Posteriormente modificada por la Ley 44/2006, de 29 de diciembre, de mejora de la protección de los consumidores y usuarios.

Uno de las mejoras introducidas fue para paliar el abuso por parte de los aparcamientos de cobrar por fracciones de tiempo horarias. Incluso aunque el usuario hubiera sólo consumido unos minutos de una hora. Esta situación se arregló con la re-escritura del artículo 1 de la Ley 40/2002 que especifica que el precio que cobra el titular del aparcamiento será «determinado en función del tiempo real de prestación del servicio». Está claro que los ayuntamientos se saltan la legislación en claro perjuicio de sus administrados y que alegarán que no es un servicio de parking lo que facturan.

TasaGrua

En definitiva, OCU denuncia que muchos ayuntamientos encuentran en la tasa de retirada y depósito una vía fácil de aumentar la recaudación, convirtiéndola así en una sanción encubierta, que no tiene descuento y hay que pagar en el acto.