La crisis económica que ha conllevado la pandemia y el último fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre los pactos en materias de cláusulas suelo ha despertado la pretensión de los usuarios por demandar a la banca para recuperar lo cobrado de más por las cláusulas abusivas en las hipotecas. Además ha desaparecido el complejo de inferioridad frente a las entidades bancarias ¡se les puede ganar!

Tras el fuerte incremento de entradas de estos asuntos judiciales que se vivió en 2017 y 2018, con la creación de los Juzgados especializados en cláusulas suelo (que también tramitan cualquier punto abusivo en un contrato hipotecario como imposición de gastos de la operación, o préstamos multidivisa), la entrada de asuntos en los tribunales se había ido desacelerando de manera paulatina en los últimos años.

Sin embargo, y según los últimos datos aportados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a cierre del primer trimestre de 2021 se registraron 33.747 nuevas demandas en estos tribunales especializados, lo que supone un 49% más que en el mismo periodo del ejercicio anterior. Cabe tener en cuenta que en los tres primeros meses de marzo de 2020, la pandemia solo dio la cara en las dos últimas semanas de marzo, por lo que la entrada de asuntos en este periodo a penas se vio impactada entonces por la crisis sanitaria. No obstante, el volumen de demandas registradas en los juzgados durante el primer trimestre de este ejercicio, también es hasta un 31% superior al que se dio en el cuarto trimestre del año pasado.

Desde la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), apuntan a que una parte de este incremento de las demandas puede verse relacionado con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que se conoció en julio de 2020 que abrió la puerta a reclamar a aquellos clientes que habían alcanzado un acuerdo con su banco en materia de cláusulas suelo. El fallo supuso un varapalo al Tribunal Supremo, que en su día, cerró la puerta a demandas a aquellos usuarios que hubieran realizado cualquier pacto con su entidad. Sin embargo, el TJUE señaló en su sentencia que, aunque no se oponía a los acuerdos entre banco y cliente, debían ser los tribunales españoles los que analizaran uno por uno estos nuevos contratos para examinar si se había dado falta de transparencia en los mismos, en el fondo subyace la posición dominante de los bancos en cualquier tipo de acuerdo. Concretamente, el tribunal de Luxemburgo dejó claro que la mera firma del consumidor no implicaba que la cláusula haya sido negociada y exigía que debía revisarse la transparencia de la novación de la misma manera que se revisa la propia cláusula suelo.

El consumidor tiene que ser plenamente consciente de a cuánto dinero está renunciando en el momento que firma el acuerdo y el TJUE recordó que un cliente no puede renunciar a la tutela judicial efectiva porque es un derecho fundamental al que no cabe renuncia. Aún hay medio millón de clientes con esta cláusula abusiva que no han reclamado. Asimismo, también señalan que otra parte de la entrada de demandas se debe a la reclamación de los gastos por conformación de la hipoteca (notaría, gestoría y Registro de la Propiedad) y a reclamaciones por los préstamos multidivisa.

Desde que a mediados de 2017 entraran en funcionamiento los juzgados de cláusulas suelo, se han registrado un total de 617.719, de las que el 62% ya se han resuelto. En la actualidad, quedan pendientes de resolución unos 234.000 asuntos. A cierre de 2020, según el CGPJ, el porcentaje de sentencias favorables al cliente fue del 97,9%.

Por otro lado, por la vía extrajudicial, mecanismo que puso en marcha el Ejecutivo de Mariano Rajoy en 2017 para evitar un colapso en los tribunales y facilitar que los clientes pudieran reclamar directamente a las entidades sin pasar por los juzgados, la banca ya ha devuelto más de 2.287 millones de euros a los clientes, según el último informe de la Comisión de Seguimiento, Control y Evaluación de medidas urgentes de protección de consumidores en materia de cláusulas suelo publicado por el Ministerio de Economía en diciembre de 2020. Pero el porcentaje de resoluciones favorables a los clientes es muy inferior al judicial.

Por esta vía, las entidades han recibido un total de 1,22 millones de reclamaciones entre septiembre de 2017 y septiembre de 2020, último mes del que hay datos. De dicho número de quejas, 505.003 se han resuelto a favor del cliente y se ha procedido al pago económico pertinente. Según el documento, el importe medio devuelto a cada consumidor asciende a 4.529,20 euros. Esta cifra puede ser superior si se acude a los juzgados, cuyo importe medio de devolución está en torno a los 7.000 euros.