La Comisión Europea ha decidido, una vez más, doblar la rodilla ante los grandes intereses corporativos. Esta vez, lo hace con un gesto que roza lo grotesco: abre un expediente de infracción a España por multar el fraude del equipaje de mano. Sí, ha leído bien. Bruselas castiga a quien defiende a los consumidores y se alinea con quienes llevan años cobrando por algo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ya ha declarado ilegal. ¿Hasta dónde llega el poder de los lobbys? ¿Y hasta qué punto está la Comisión al servicio de las empresas más que de los ciudadanos europeos?

Se pretende multar a España por su defensa de los consumidores

Todo empezó en 2018, cuando Ryanair decidió que el equipaje de mano ya no era un derecho básico del pasajero, sino una oportunidad de negocio. FACUA lo denunció, el Gobierno actuó y, en noviembre de 2024, España impuso 180 millones de euros en sanciones a Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian. Una decisión que fue celebrada como un paso histórico en la defensa de los derechos de los pasajeros. Sin embargo, el júbilo duró poco. Apenas unos meses después, tras una oportuna reunión entre el CEO de Ryanair, Michael O’Leary, y el comisario europeo de Transportes, Apostolos Tzitzikostas, la Comisión Europea ha decidido abrir un expediente contra España. Bruselas argumenta que la Ley de Navegación Aérea española vulnera la libertad de las aerolíneas para fijar precios. En otras palabras: castiga a quien protege a los ciudadanos y premia a quienes los esquilman.

El TJUE y el Europarlamento han confirmado la ilegalidad del recargo

La ironía del asunto es que la propia Justicia europea ya dejó claro que cobrar por el equipaje de mano es ilegal. El TJUE lo determinó al señalar que ese recargo no está contemplado en ninguna norma comunitaria. Y el Parlamento Europeo respaldó la posición española al reconocer que el derecho a viajar con equipaje de cabina es parte esencial del billete. Pero, como suele ocurrir en Bruselas, cuando los tribunales hablan en favor del ciudadano, los despachos del lobby se encargan de reescribir el guion.

La Comisión pide a España que modifique la Ley de Navegación Aérea

El expediente de infracción da a España dos meses para “subsanar deficiencias”. En lenguaje europeo, eso significa “cambiar su ley para contentar a las aerolíneas”. Y si no lo hace, Bruselas podría emitir un dictamen motivado, el paso previo a una posible multa. Lo más llamativo es el argumento: la Comisión sostiene que la ley española choca con la “libertad de precios” de las compañías. Pero esa libertad, en manos de gigantes como Ryanair, ha servido para transformar los derechos del pasajero en extras opcionales. De seguir esta lógica, pronto podrían cobrarte por respirar aire a bordo o por mirar por la ventanilla.

La libertad de precios no puede servir de excusa para abusar de los consumidores

Como ha recordado FACUA, la libertad de precios no puede convertirse en carta blanca para el fraude. No existe libertad para cobrar por lo que la ley considera un derecho. No la hay para discriminar precios por edad, nacionalidad o identidad, ni tampoco para imponer un recargo por llevar una mochila o una maleta pequeña. Y, sin embargo, la Comisión parece haber comprado el relato empresarial de que “regular” equivale a “interferir en el mercado”. Un argumento tan viejo como interesado, que encubre lo de siempre: cuando las empresas abusan, el ciudadano paga.

El Parlamento Europeo ha aprobado poner en marcha un cambio regulatorio

Paradójicamente, mientras la Comisión amenaza a España, el Parlamento Europeo trabaja para regular el tamaño y peso del equipaje de mano, lo que implica reconocer que el cobro actual es claramente ilegal. Es decir, una institución europea castiga a España por cumplir la ley mientras otra impulsa un cambio normativo que le da la razón. Una tragicomedia de proporciones comunitarias. La Eurocámara entiende que el problema no es la ley española, sino la falta de límites claros para las aerolíneas. Pero en Bruselas, cuando el lobby levanta el teléfono, la coherencia se queda sin cobertura.

La Comisión Europea contra los consumidores

Lo que subyace tras este episodio es algo mucho más grave: el servilismo institucional ante el poder corporativo. En Bruselas, los pasillos del Berlaymont huelen más a keroseno que a democracia. Las reuniones con los CEO de las grandes aerolíneas pesan más que las sentencias del TJUE o las resoluciones del Europarlamento. Y el discurso tecnocrático de la Comisión, tan cuidadoso con las “reglas del mercado único”, se convierte en un arma contra los derechos ciudadanos. FACUA lo resume bien: la Comisión Europea ha tergiversado el concepto de libertad de precios hasta convertirlo en un sinónimo de impunidad empresarial.

Al final, lo que se pone en cuestión no es solo una sanción o una ley nacional. Es la credibilidad de las instituciones europeas, cada vez más alejadas de los ciudadanos y más cómodas en el regazo del poder económico. España hizo lo que debía: proteger a los consumidores, sancionar el abuso y aplicar una ley que garantiza derechos básicos. Bruselas, en cambio, ha decidido recordarnos que la balanza comunitaria no siempre se inclina hacia la justicia, sino hacia quien tiene más capacidad de presión.

Una victoria de los lobbys empresariales contra los ciudadanos

En un continente donde se presume de valores, Estado de derecho y defensa del consumidor, el mensaje que lanza la Comisión resulta demoledor: no se castiga al que abusa, sino al que lo impide. Y mientras el ciudadano sigue pagando por su maleta, por su asiento y por su paciencia, los lobbys se pasean triunfantes por los despachos europeos con la sonrisa de quien sabe que, una vez más, la política está de su lado.

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