Con la pandemia tocando a su fin, al menos en su vertiente más virulenta, aún quedan muchos cabos sueltos que se deberán ir solucionando. Como esos enfermos de Covid persistente que piden soluciones laborales a sus bajas continuas, o esa investigación de la Fiscalía, que parece que por fin va a escuchar a los familiares de los que murieron de forma ignominiosa en las residencias de Madrid. También hay otras cuestiones menos dolorosas que habrá que ir solucionando, como es la proliferación de terrazas por las calles y plazas de Madrid y Barcelona.

Estas terrazas, que crecen de forma indiscriminada y a voluntad de los hosteleros los fines de semana, están siendo un problema en muchas zonas; y no sólo porque causan ruidos y suciedad en su entorno, sino también porque usurpan un espacio que es público.

Y en este sentido, FACUA Madrid, junto a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (Fravm) y la Federación de Asociaciones Vecinales de Barcelona (FAVB), ha reclamado mediante un escrito al Defensor del Pueblo que intervenga para investigar la expansión descontrolada de las terrazas de hostelería en ambas ciudades.

La presidenta de la asociación, Marian Díaz, y los presidentes de la FAVB y la Fravm, Ana Menéndez y Quique Villalobos, han comparecido para dar a conocer el contenido del texto. En él mismo, las organizaciones han pedido al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, que inicie una «investigación» por la posible vulneración de derechos fundamentales de la ciudadanía y el posible incumplimiento constante de las ordenanzas municipales y otras leyes por parte de los hosteleros, así como la falta de vigilancia y sanción de las administraciones locales.

Así, señalan que la expansión descontrolada de las terrazas de hostelería supone un auténtico problema para las zonas que la sufren, especialmente las más turísticas, con afecciones para los vecinos como exceso de ruidos, falta de descanso, problemas de accesibilidad y movilidad, residuos y seguridad ciudadana, entre otros.

En este sentido, ha pedido al organismo que, antes las numerosas quejas vecinales, «proceda a remitir advertencias a las autoridades» de las dos ciudades a fin de que cesen en su «actitud permisiva y cómplice, y adopten las medidas legislativas, inspectoras y sancionadoras precisas para garantizar los derechos de los vecinos«.

La presidenta de FACUA Madrid ha señalado la necesidad de que las administraciones locales aumenten las inspecciones en las zonas afectadas por esta problemática para sancionar a los establecimientos que incumplan la normativa y poder garantizar la protección de los vecinos. Díaz ha indicado que los vecinos afectados pueden «presentar denuncias por escrito» ante las vulneraciones de la legislación, como forma de presionar a la administración para que reconozca la existencia de un problema.

Por su parte, Ménendez ha insistido en los graves problemas de salud que provoca el ruido en los habitantes de dichos barrios. «Tenemos un grave problema de salud pública que se repite desde hace muchos años y que se ha agravado con la pandemia«, ha explicado.

Villalobos ha señalado cómo la problemática se está agravando en Madrid: «las terrazas eran estacionales pero ahora, después de la excepcionalidad provocada por la Covid, se alargan todo el año y, a diferencia de Barcelona, no requieren licencia«.