A pesar de faltarle aún un largo recorrido parlamentario los esbozos de la Ley de Vivienda que hemos conocido causan muchas opiniones en pro y en contra. Para unos un ataque a la propiedad privada para otros se queda corta y no solucionará los grandes problemas de la vivienda en nuestro país.
La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) considera que la futura ley de vivienda debería incidir en los puntos que contribuyan a una mejora permanente del acceso a la vivienda, sin limitarse a poner parches con medidas de esta naturaleza que no han probado su eficacia. Además del necesario encaje constitucional en lo referente al reparto de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en materia de vivienda, y el equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y su reconocida función social, la futura ley debería tener en cuenta la estructura real del mercado de alquiler en España.
Si más de un 85% de las viviendas alquiladas pertenecen a pequeños propietarios y son también los pequeños propietarios quienes podrían poner en el mercado de modo inmediato un mayor número de viviendas que ahora permanecen desocupadas, parece prioritario que se mejoren las condiciones de seguridad jurídica y los incentivos que favorezcan la puesta en alquiler de dichas viviendas. Eso pasa en parte por dotar con mayores medios a la Justicia y por buscar métodos alternativos de resolución de conflictos. También para resolver con mayor celeridad los casos de ocupación, tanto de viviendas privadas como de públicas. Con el necesario apoyo de los servicios sociales para los casos de especial vulnerabilidad.
OCU considera que la bajada de los precios de alquiler implica necesariamente un decidido impulso a la vivienda pública en alquiler. Para apremiar la realización de promociones de vivienda pública económicamente sostenibles hay que buscar un equilibrio que tenga en cuenta los costes del suelo, de la construcción y de la conservación de los edificios. Puede hacerse también con la colaboración del sector privado, garantizando unas condiciones jurídicas y económicas a medio plazo que permitan atraer la inversión. Es cuestión de voluntad política.
La evolución de los precios del alquiler en las grandes ciudades españolas en los últimos meses muestra que las rentas evolucionan en función de la oferta y la demanda. Tras un año de pandemia con marcados descensos en los precios, mayores en Madrid que en Barcelona según el mayor portal inmobiliario del país, los precios han resurgido al alza en el tercer trimestre al calor de la recuperación económica y de movilidad.
Para ir a la raíz del problema, se pone también de manifiesto la necesidad de equilibrar geográficamente nuestro mercado de trabajo, creando nuevos polos que corrijan la tendencia actual a la concentración en las grandes urbes. Lograrlo depende de un conjunto de políticas económicas, fiscales y de inversión en infraestructuras, que repliquen las estrategias que mejor han funcionado en otras zonas.
