Las asociaciones de consumidores han vuelto a hacer sonar la alarma. La factura eléctrica de los hogares acogidos al PVPC se ha encarecido de nuevo en agosto, y lo ha hecho justo en el mes en que el aire acondicionado dispara el consumo y las familias españolas menos margen tienen para absorber otro golpe a su economía. Según los cálculos de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), el recibo de una familia media, con una potencia contratada de 4,6 kW y un consumo mensual de 292 kWh, ha subido un 2,46% respecto a julio y alcanza ya los 79,75 euros mensuales, frente a los 77,84 euros del mes anterior. La comparación interanual es todavía más dura: un 17,73% más que los 67,74 euros que costaba la luz en agosto del año pasado. FACUA, con un perfil de consumidor distinto (4,4 kW y 366 kWh mensuales), llega a una conclusión aún más alarmante: el recibo medio se sitúa en 96,65 euros, un 19,8% más caro que hace un año y la factura de agosto más elevada desde 2022. Da igual qué metodología se use: la conclusión es la misma, y es mala noticia para cualquier bolsillo.

Por qué sube la luz: calor, gas y menos renovables firmando el mismo cheque

La explicación oficial de esta escalada tiene varios nombres, y ninguno es nuevo. El precio del mercado mayorista ha vuelto a repuntar otro 13%, hasta los 118,25 euros/MWh, lo que convierte a este agosto en el segundo más caro de la serie histórica, solo por detrás del agosto de 2022, en plena crisis energética, cuando el precio llegó a dispararse hasta los 154,9 euros/MWh. Detrás de la subida hay una combinación perfecta para que la factura no baje: el calor ha disparado el uso del aire acondicionado y la demanda ha sido claramente superior a la del año pasado, mientras que la eólica y la nuclear han producido menos de lo habitual. La fotovoltaica ha aguantado el tipo durante las horas de sol, pero en cuanto el sol se pone entran en juego los ciclos combinados de gas, y el gas se ha encarecido con fuerza por la reactivación de la crisis en Oriente Medio. El resultado es que, una vez más, la geopolítica internacional se cuela directamente en el recibo de la luz de cualquier hogar español, sin que nadie en Moncloa parezca tener un plan serio para amortiguarlo.

Las ayudas prometidas que nunca llegan

Y aquí es donde el enfado de las asociaciones de consumidores se vuelve más que comprensible. El Real Decreto 18/2026 contemplaba una rebaja del IVA y del Impuesto de Electricidad como medida anticrisis, pero esa rebaja no se va a aplicar a las facturas que se emitan en septiembre con los consumos de agosto. El motivo es de traca: la condición para activarla dependía de que el IPC de julio subiera al menos un 15% respecto al mismo mes del año anterior, y esa condición no se ha cumplido. Es decir, el Gobierno diseñó una red de seguridad con un listón tan alto que, con la luz disparada un mes tras otro, sigue sin activarse. OCU lo dice con toda la razón: estas medidas fiscales deberían tener continuidad y, sobre todo, deberían revisarse los requisitos para que sean realmente efectivas, no un anuncio que suena bien en rueda de prensa y no llega jamás al recibo real de las familias.

Qué puede hacer un hogar para no pagar de más

Mientras se espera esa reacción política, hay margen de maniobra individual, aunque sea limitado. FACUA calcula que los consumidores domésticos españoles pagan cerca de mil millones de euros de más cada año solo por tener contratada más potencia de la que realmente necesitan, así que revisar y ajustar la potencia contratada es, probablemente, la medida más sencilla y con mayor impacto inmediato en la factura. OCU, por su parte, insiste en revisar las condiciones del contrato de suministro: quienes tienen tarifas indexadas son los más expuestos a esta volatilidad, y el PVPC tampoco es inmune, porque una parte de su precio ya se vincula a los mercados a plazo. La recomendación es clara: comparar ofertas, desconfiar de tarifas que no garantizan el precio durante un periodo determinado y apostar por precios fijos durante al menos 12 meses, mirando siempre el coste total de la factura y no solo el precio del kWh.

Un bono social que sigue sin llegar a quien lo necesita

Queda, además, una asignatura pendiente que se repite año tras año: el bono social eléctrico sigue sin llegar a la mayoría de sus beneficiarios potenciales. No es un problema de diseño, sino de comunicación: buena parte de los hogares que tendrían derecho a este descuento ni siquiera saben que existe, o creen erróneamente que no cumplen los requisitos. El Ministerio para la Transición Ecológica lleva años sin lanzar una campaña de publicidad institucional a la altura del problema. FACUA va más allá y pide medidas estructurales: sacar a la nuclear y la hidroeléctrica del sistema marginalista para evitar los llamados «beneficios caídos del cielo», convertir en permanente el IVA reducido para la electricidad como suministro esencial, y compensar esa menor recaudación gravando a quienes más ganan, no a quienes ya no llegan a fin de mes. Son medidas razonables, planteadas desde hace tiempo, y que siguen sin materializarse mientras los hogares españoles encajan mes tras mes un recibo que cada vez pesa más en su economía, y que, de paso, encarece también los costes generales de un tejido productivo que también paga la luz.