A pesar de las previsiones iniciales, contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE),  que contemplaban una revisión catastral de 825.000 inmuebles en el 2023, la realidad es que esta revisión tan sólo alcanzará a 180.000 inmuebles, un 22% de las previsiones iniciales del Ministerio de Hacienda.  En estos momentos la Dirección General del Catastro ya tiene cerrados los trámites de procedimientos de valoración colectiva, tanto totales como parciales, que afectaran a únicamente 17 municipios de todas las autonomías de régimen común, entre los que se encuentra tan sólo Logroño como capital de provincia.

El resto de localidades con revisiones catastrales previstas por el Ministerio son Zurgena (Almería), Sant Lluis (Baleares), Alcollarín, Escurial y Villamesías (Cáceres), Alcampell, La Fueva y San Miguel del Cinca (Huesca), La Robla (León), Buenavista de Valdavia (Palencia), Cabezón de la Sal y Ribamontán al Mar (Cantabria), Andorra (Teruel), Carcaixent (Valencia), San Pelayo (Valladolid) y Puebla de Alfinden (Zaragoza).

Tampoco se alcanzarán los 180.000 inmuebles ya que la mayoría de los municipios tienen previstas ponencias de valores de índole parcial y tan sólo en cinco de ellos habrá ponencias totales, con Carcaixent como máximo exponente.  Con las ponencias, en las que participan los distintos ayuntamientos, se pretende determinar el valor catastral de los inmuebles cuando tengan grandes diferencias con sus valores de mercado. Es una valoración fundamental para los ayuntamientos ya que constituye la base imponible en el IBI, pero también en la plusvalía municipal y en el IRPF cuando los inmuebles imputan como renta.

Una vez ajustado el valor, los ayuntamientos deberán comunicar a los titulares catastrales el resultado de las ponencias antes del 31 de diciembre para poder cursar los distintos impuestos durante el siguiente año fiscal. A partir de recibir el aviso de la administración, se dispone de un plazo de un mes para interponer recurso de reposición o reclamación ante el Tribunal Económico Administrativo Regional.

No es la única novedad impositiva en el ámbito de la propiedad inmobiliaria que se contempla en los Presupuestos del 2023, ya que el Gobierno ha aprovechado la ocasión para cambiar los coeficientes máximos que se aplican al cálculo del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, que es el nombre técnico de la conocida plusvalía municipal que se aplica en cualquier traspaso. De esta forma y según el proyecto presupuestario, el coeficiente se eleva para las ventas de inmuebles comprados hace menos de un año, que pasa de 0,14 a 0,15, y para las de un año, que va del 0,13 a 0,15.  Esta política impositiva de incrementos cambia para ventas a dos años del 0,15 al 0,14, y para las de tres años (de 0,16 a 0,15).