Con mucho alivio han acogido las comunidades de vecinos con calefacción central el establecimiento de una nueva tarifa regulada para el gas. De esta forma las temidas facturas para cada vecino durante este próximo invierno se reducirán hasta un 50%, para una cifra que se estima en 1,7 millones de hogares. En todo caso existen ciertas obligaciones en su aplicación y es que aquellas que en septiembre de 2023 no hayan aplicado la ley que las obliga a cambiar el contador colectivo por contadores individuales -uno por piso- se verán penalizadas con el 25% del ahorro que hayan acumulado desde que se acogieron a la nueva tarifa.
La medida cubrirá el 100% del consumo de gas de cada comunidad siempre que esté en la media de consumo de los cinco años anteriores. Este ajuste tiene como objetivo evitar que el abaratamiento del gas produzca un indeseado efecto de mayor consumo que, en caso de producirse tendrá un incremento del 25% en la tarifa regulada.
De momento, en cuanto entre en vigor el decreto-ley que se ha aprobado este martes, las comunidades podrán solicitar esta nueva tarifa regulada a las mismas comercializadoras de tarifa de último recurso que tramitan las tres TUR que ya existen. Este instrumento expirará cuando termine 2023, fecha hasta la que el Gobierno también prorroga el límite de 67 euros Mhw al que las eléctricas puede cobrar la luz, el mecanismo con el que minora los beneficios de las eléctricas por las renovables y que hasta ahora tenía una vigencia hasta diciembre de 2022.
A cambio de los 3.000 millones destinados a esta ayuda, el Gobierno quiere que la nueva tarifa suponga un aliciente para que las comunidades cumplan la ley de 2020 y sustituyan los contadores colectivos de gas por contadores individuales, que permitirán a cada vecino saber exactamente cuál es su consumo.
El Gobierno calcula que de los 1,7 millones de hogares, solo 400.000 han hecho ya el cambio a contador individual y ahora dará una prórroga al resto hasta septiembre de 2023. Asimismo, elimina el eximente de no rentabilidad para que todas las comunidades que estén obligadas a hacer el cambio de contadores lo hagan. Quedarán fuera aquellas en las que no sea técnicamente posible o las que no estén obligadas por estar en zona climática A y B. Si no, se les aplicará un «recargo» del 25% en el término variable sobre el consumo en el momento en el que se acogieron a la TUR vecinal.
A las comunidades que todavía no tengan contadores individuales se les exigirá una declaración responsable -acordada en las juntas de vecinos, por ejemplo- a la hora de solicitar la nueva TUR vecinal, en la que se comprometerán a hacer el cambio antes de que termine septiembre de 2023. Si no lo hacen para entonces, se les aplicará el recargo del 25%. Para beneficiarse de la nueva tarifa, además, tendrán que estar al día en la revisión de la caldera.
