La temporada de grandes descuentos en España ha vuelto a verse empañada por una práctica cada vez más extendida y cada vez más sancionada: las falsas rebajas. En este 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha decidido actuar con contundencia y ha impuesto multas por valor de casi 350.000 euros a siete empresas que operan en comercio electrónico por realizar prácticas fraudulentas durante el Black Friday de 2023.

A pesar de lo llamativo del importe total de las sanciones, lo más significativo del caso no está solo en la cuantía, sino en el método de engaño a los consumidores: subir los precios de productos unos días antes del viernes negro, para luego rebajarlos… al precio original, haciendo creer que se aplicaba un importante descuento.

Las empresas sancionadas subieron el precio de diversos productos unos días antes del Black Friday para luego bajarlos

Según explicó el ministerio dirigido por Pablo Bustinduy en un comunicado oficial, las compañías multadas violaron el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, que exige que cualquier rebaja u oferta debe referenciarse al precio más bajo aplicado en los 30 días anteriores.

No hacerlo así implica incurrir en una infracción grave, que se traduce en sanciones económicas y en la prohibición de reiterar la práctica en el futuro. En este caso, tres empresas reconocieron el fraude y aceptaron las multas con descuento por pronto pago, mientras que las otras cuatro, que no admitieron su responsabilidad, han recibido sanciones más altas.

Además, se ha cerrado un octavo expediente mediante Terminación Convencional, fórmula jurídica que permite a una empresa asumir compromisos para modificar su comportamiento sin llegar a una sanción formal, pero obligándose a cumplir con la legalidad en el futuro.

Multas que se han elevado hasta casi los 350.000 euros

El total de las multas impuestas asciende a 348.000 euros, una cantidad significativa si se tiene en cuenta que las sanciones individuales rara vez superan los 60.000 euros en el ámbito del comercio electrónico. Es una señal clara de que Consumo está dispuesto a poner coto a las rebajas ficticias, al menos en lo que se refiere a la venta online, un terreno cada vez más importante en el comercio minorista.

Las investigaciones se realizaron gracias al uso de la Price Reduction Tool, una herramienta creada por la Comisión Europea que permite rastrear y registrar la evolución de precios en tiempo real en miles de productos. Esta tecnología ha sido clave para detectar los fraudes de precios durante el Black Friday de 2023, y según el ministerio, ya está en marcha un nuevo seguimiento para la campaña del Black Friday 2024, que podría desembocar en nuevas sanciones en los próximos meses.

Los sancionados mantienen el anonimato, lo que no es bueno para los consumidores

Un aspecto criticado por organizaciones como la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) es el anonimato de las empresas sancionadas. Aunque el Ministerio de Consumo sí ha hecho público el número de compañías multadas y el importe total de las sanciones, ha decidido no revelar sus nombres, una práctica que protege más a los infractores que a los consumidores.

En palabras de la OCU, este secretismo impide que los consumidores puedan ejercer su derecho a la información y a tomar decisiones de compra conscientes. Saber qué empresas falsean sus rebajas debería ser parte del proceso de transparencia que promueve el propio ministerio. En otras palabras, si hay multas, debería haber nombres.

La Dirección General de Consumo monitoreó cientos de precios durante el Black Friday del 2023

La Dirección General de Consumo desplegó un importante operativo de vigilancia durante el periodo de rebajas de noviembre de 2023. El uso de la herramienta europea de control de precios, cruzado con los registros históricos de precios de cada empresa, permitió constatar múltiples subidas artificiales de precios días antes del inicio de las ofertas.

Este patrón ya había sido denunciado reiteradamente por la OCU, que en años anteriores había alertado de que más del 40 % de los descuentos ofrecidos en Black Friday no eran reales. El sector de la electrónica y los electrodomésticos es, con diferencia, el más afectado por estas prácticas, aunque se han detectado fraudes en moda, cosmética y hogar.

Francia también multa, pero sin anonimato y con mayores sanciones

En contraste con la política española de mantener el anonimato de las empresas sancionadas, Francia ha optado por la transparencia y la contundencia. El ejemplo más reciente es la multa de 40 millones de euros a Shein, una de las grandes plataformas de venta de ropa a bajo precio.

El organismo equivalente a Consumo en Francia demostró que el 57 % de los productos en oferta en Shein no estaban realmente rebajados, el 19 % ofrecía un descuento menor al anunciado, y el 11 % incluso había subido de precio. Además, la empresa fue sancionada por publicidad engañosa respecto a su supuesta política medioambiental, al no poder justificar la reducción de sus emisiones de gases de efecto invernadero.

En este caso, además, las autoridades francesas sí han hecho públicos todos los detalles del expediente sancionador, lo que ha generado un debate europeo sobre la necesidad de armonizar las políticas de transparencia en defensa del consumidor.

Un problema estructural que se repite cada temporada

Lo preocupante de estas prácticas es su reincidencia año tras año, lo que sugiere que las sanciones actuales, aunque necesarias, no son disuasorias. La OCU y otras 24 asociaciones europeas ya advirtieron en junio de 2023 sobre las falsas ofertas de Shein, y alertaron de otras irregularidades frecuentes: la falta real de stock, la manipulación de testimonios de clientes y el uso de patrones oscuros de diseño web, que fuerzan decisiones de compra rápidas y poco informadas.

A todo ello se suma otro fenómeno: la inflación de precios tachados. En muchos casos, el «precio anterior» que aparece junto al descuento no corresponde a un precio real de venta, sino a un PVP recomendado por el fabricante que nunca llegó a aplicarse en la práctica.

Más control, más transparencia y más información para el consumidor

La sanción impuesta a siete plataformas de venta online por parte del Ministerio de Consumo es un paso positivo, pero insuficiente. Mientras no se publiquen los nombres de las empresas infractoras, se aumenten las cuantías de las multas y se refuercen los controles de forma sistemática y previa a cada campaña comercial, las falsas rebajas seguirán siendo una práctica habitual.

En un entorno donde el comercio digital crece y domina cada vez más el consumo diario, el consumidor debe estar protegido con herramientas legales y con información pública. Si no se actúa con firmeza, el Black Friday continuará siendo más una trampa que una oportunidad.