El Consejo de Ministros aprobó este martes el tercer escudo anticrisis desde que estalló el conflicto en Oriente Próximo, y lo hizo el mismo día en que el INE nos recordaba por qué hacía falta: la inflación se ha disparado hasta el 4,9% empujada por los carburantes. La guerra de Trump en Irán, que parecía un asunto lejano de telediario, lleva seis meses colándose en el ticket del supermercado, en la factura del gas y en el depósito del coche. Porque la energía, conviene no olvidarlo, está en la base de casi todos los precios, y cuando se encarece arrastra consigo todo lo demás.

El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, salió a vender el paquete con el optimismo de rigor: según sus cuentas, el Ejecutivo ha logrado amortiguar el 50% de la subida de precios y España presume de tener la gasolina más barata que la media de la zona euro. Puede ser. Pero el otro 50% lo están pagando los hogares, y ese es el que se nota a fin de mes.

Continuidad en el apoyo a los sectores productivos

El decreto llega con el reloj en contra, justo antes de que el 30 de septiembre caducaran buena parte de las ayudas de los paquetes anteriores. El Gobierno ha optado por la continuidad y prorroga hasta el 31 de diciembre el apoyo a agricultores, ganaderos, armadores y transporte profesional por carretera, incluida la compensación por los sobrecostes del gasóleo agrícola. Como novedad, abre una línea para el ferrocarril de mercancías con 15.000 euros por locomotora diésel, una petición del propio sector que llega, eso sí, en plena crisis y no como parte de una estrategia ferroviaria de largo aliento.

Antes de aprobar el texto, el Ejecutivo se reunió con agentes sociales y con los sectores más castigados: agroalimentario, industrial, energético, distribución y transporte. Nadie quiere repetir la foto de tractores y camiones bloqueando carreteras.

¿Cuáles son las medidas aprobadas?

La pieza central es la prórroga, con fecha de caducidad escalonada, de la rebaja fiscal a la gasolina y el diésel a través del Impuesto sobre Hidrocarburos: 20 céntimos por litro en octubre, 13 en noviembre y 6 en diciembre. Es una retirada progresiva que tiene sentido sobre el papel, aunque presupone que el petróleo se va a portar bien en invierno, algo que nadie en su sano juicio garantizaría hoy. Por eso se incluye una cláusula de salvaguarda: si los precios suben más de un 15%, se vuelve automáticamente a los 20 céntimos.

A esto se suma la ampliación de las reservas de gas natural licuado para el invierno y el refuerzo de los certificados de ahorro energético. Y siguen vigentes hasta fin de año los descuentos del bono social eléctrico, del 42,5% para consumidores vulnerables y del 57,5% para los vulnerables severos, el bono social térmico con una ayuda mínima de 50 euros y la prohibición de cortar luz, gas y agua a los hogares vulnerables. La factura acumulada de todos los escudos ya ronda los 10.000 millones de euros.

Rebaja en la tarifa del gas y bombona de butano

Con el frío a la vuelta de la esquina, el Gobierno ha puesto techo a la tarifa de último recurso (TUR) del gas, que protege a más de 3 millones de consumidores. La subida en la revisión de octubre no podrá superar el 35% y en las siguientes quedará limitada al 15%, cuando sin freno se estima que se habría disparado en torno a un 50%. Dicho de otro modo: la subida va a ser fuerte igualmente, solo que menos dolorosa de lo que podría haber sido. La bombona de butano, el combustible de miles de hogares modestos, queda congelada en un máximo de 19,55 euros.

Si la electricidad sube más de un 15% se vuelve a rebajar el IVA

El decreto mantiene la salvaguarda sobre el IVA y el impuesto especial de la electricidad, que se reactivarían si el precio de la luz o del gas subiera por encima del 15%. Es una red de seguridad que no cuesta nada mientras no se usa, y que el Gobierno prefiere tener a mano antes que volver a improvisar un decreto de urgencia en pleno enero.

El problema de la inflación y sus efectos

Y aquí está el verdadero elefante en la habitación. Tras el espectacular repunte de agosto, la inflación vuelve a situarse muy por encima del 4%, y Funcas advierte de que seguirá así en los próximos meses, con una media anual del 3,6% este año y del 2,9% en 2027. La economista María Jesús Fernández alerta además de que la extensión del conflicto al estrecho de Bab el-Mandeb amenaza con prolongar los problemas de suministro y contagiar la subida energética al resto de precios y a los salarios.

Ese es el riesgo de verdad: la temida espiral. Con el IPC en estos niveles, la revalorización de las pensiones y la negociación de los convenios colectivos van a presionar al alza, lo que a su vez alimenta nuevos incrementos de precios. Los escudos fiscales alivian el golpe inmediato, pero no apagan el fuego; y cada prórroga hace más difícil el día en que haya que retirarlos. El Gobierno compra tiempo, que no es poco, a la espera de que la geopolítica se calme. La pregunta es cuánto tiempo más puede permitirse comprar.

El real decreto ley entrará en vigor el jueves con su publicación en el BOE y deberá ser convalidado por el Congreso en un plazo de 30 días, lo que, visto el panorama parlamentario, promete su propia dosis de emoción.