Si el pasado 2020 fue un mal año para los bancos, con pérdidas multimillonarias y algunos meneos judiciales, este 2021, con apenas 100 días consumidos, no tiene ninguna buena pinta, sino más bien todo lo contrario. La solución definitiva a la cláusula abusiva del IRPH, las cláusulas suelo, los gastos hipotecarios, la cláusula de vencimiento anticipado, las multidivisa… muchos abusos de décadas que pueden suponer para nuestras entidades financieras unas devoluciones de 100.000 millones de euros y que en su gran mayoría aún tienen pendientes y sin provisionar.

Hace unos pocos días el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE),  ha avalado la doctrina del Tribunal Supremo del pasado 4 de marzo del 2020, cuando por primera vez en mucho tiempo se puso del lado de los consumidores para anular contratos con tarjetas revolving por ser declarados como «usura» cuando superan un determinado tipo de interés. De este modo, el Alto Tribunal atendió a los miles de reclamaciones de consumidores engañados por una fórmula de pago a plazo que cargaba con enormes intereses y escasa transparencia a quienes las usaban.

Viene la discusión por la aplicación de la Ley Azcárate de 1908. Gumersindo de Azcárate fue un jurista, pensador, historiador, catedrático y político krausista y republicano español, impulsor de la Ley de 23 de julio de 1908 (conocida como Ley Azcárate o «Ley de Represión de la Usura), aún vigente en España. Su intención con esta norma fue evitar las condiciones salvajes que los usureros imponían, y lograr una mayor protección del usuario. La ley establece que “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquel leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación”.

 El TJUE ha resuelto la cuestión prejudicial planteada por la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria, en un procedimiento contra el Banco de Santander. En concreto el tribunal de Luxemburgo razona que las directivas de protección a los consumidores no se oponen a la normativa nacional de protección de la usura, la conocida como Ley Azcárate, porque son normativas de mínimos y los estados miembros pueden incrementar la protección de los consumidores.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece en su fallo que “los Estados miembros siguen siendo competentes” para fijar el coste de máximo admisible del crédito o importe de la TAE, que en España está establecido por el artículo 1 de la ley de represión de usura: “Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero”. Ya el Tribunal Supremo se remitió a esta normativa en su sentencia de 4 de marzo que tildaba de “desproporcionado y usurario” el interés del 27,4% de una revolving de WiZink propiedad en aquel momento del Banco de Santander.

A diferencia de las tarjetas de crédito convencionales, las revolving aplazan el pago del capital dispuesto y en vez de tener que devolver todo a final de mes, lo que hacen es dividirlo en cuotas mensuales mínimas fijadas previamente por el propio usuario. Han sido vendidas de forma masiva por bancos y otras entidades y se calcula que su número supera los tres millones. La necesidad de poder aplazar pagos y el pensar que los empleados de los bancos son “amigos de toda la vida” y no vendedores que van a sacar su sueldo de nuestros bolsillos, ha llevado a que muchas personas se vean abocadas al pago casi de por vida de un crédito que, a priori, no supone mucha cantidad.

Una tarjeta revolving es un producto financiero complejo que tal y como se ha comercializado supone un nuevo abuso bancario para los consumidores y no sólo por sus elevados intereses usurarios, sino también por su total opacidad. Nunca llegaron a cumplir con los requisitos mínimos de transparencia exigible a un producto financiero.

 Ese  disgusto de la banca con el Supremo tuvo lugar porque una de las tarjetas más conflictivas, WiZink, propiedad en parte del Banco de Santander, interpuso un recurso de casación contra una sentencia que había declarado la nulidad de un contrato de crédito ‘revolving’ mediante uso de tarjeta, por considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE y que se había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda.

El caso había sido resuelto por un juzgado que en primera instancia declaró la nulidad del contrato por ser «usurario» el tipo de interés, de acuerdo con la jurisprudencia española sobre la materia. Se basó, en concreto, en la doctrina del Supremo del 2015 que declara nulos aquellos contratos al consumo que superan el doble del tipo interés medio español.

Ante el recurso presentado, la Audiencia Provincial de Las Palmas de Gran Canaria elevó varias preguntas al TJUE antes de pronunciarse al respecto, con el resultado que acabamos de conocer.

WiZink es posiblemente el paradigma entre las tarjetas revolving en nuestro país, por su amplia difusión y por sus abusos manifiestos. Es un banco sin sucursales, que opera a través de canales digitales y además cuenta con otras vías complementarias, como el asalto telefónico y puestos temporales en centros comerciales, estaciones de tren y aeropuertos. En 2016 WiZink contaba con más de 3 millones de clientes y superaba los 3.100 millones de euros en saldos de tarjetas. Opera en España y Portugal pero no es la única, ni mucho menos.

Tarjetas revolving son también las de Alcampo, Ikea Family, Carrefour Pass, Cofidis, Creditea, Vivus o Cetelem, siendo estas cuatro últimas las más salteadoras. También hay bancos que se han unido alborozados a esta forma de sortear los bajos precios del dinero en las hipotecas o en los créditos “serios”. Entre ellos el Santander, el Sabadell, Evo, BBVA, Bankia, CaixaBank y Bankinter.

 Las tarjetas revolving las debemos identificar para saber si estamos siendo víctimas de sus abusos, tanto en tipos como transparencia. En los recibos mensuales podemos ver el tipo de interés cobrado o TAE, si está por encima del 20% es una revolving. Aunque algunas veces lo camuflarán como CER (Coste Efectivo Remanente) o TIN (tipo de interés nominal). Importante es también armarnos de una lupa y revisar el contrato. Además, estaremos seguros de la clase de bicho que llevamos en la cartera si la deuda pendiente nunca se acaba ni desciende por más que se paguen las cuotas unas tras otras.

Es muy importante la identificación de las revolving porque  el efecto jurídico que tiene el hecho de que WiZink haya aplicado a todos sus contratos el 27,24% TAE, durante casi dos décadas,  es que los contratos son nulos por usura. Por ello Wizink tiene que devolver a esas personas saqueadas  todo lo que han pagado por encima de la cantidad que se les prestó. Y, en muchos casos, se trata de muchísimo dinero, tanto que la devolución puede superar el préstamo inicial. Y es aplicable a todo el resto de tarjetas de las otras entidades. Aunque, también hay que decirlo, WiZink se ha lanzado a la desesperada a hacer trampas intentando convencer a sus afectados de que a partir de ahora van a ser buenos., pero no hay que prestarles la menor atención.

Cuando la situación con la sentencia del Supremo parecía condenada para la banca e iba a tener que despedirse de un invento que le ha sido muy rentable, sobre todo si tenemos en cuenta que las entidades financieras están recibiendo dinero al 0% de interés y con estos subproductos lo podían colocar por encima del 20%. Pues en este momento, perdido ya el Tribunal Supremo, aparece en el escenario el verso libre del Gobierno, el paradigma neoliberal en Moncloa, la Ministra de Economía Nadia Calviño.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ángel protector de la banca española, otros miembros del IBEX y la CEOE en general, hace caso omiso del TJUE, del TS, Audiencias y otros tribunales menores que están condenando a estas tarjetas por usurarias y las libra de la quema con una Orden, publicada el pasado mes de enero y con la que dice pretender regularlas. Y con muchas palabras y ni una sanción a los incumplidores que otorguen préstamos irresponsables, pasándole la culpa de lo que suceda al poco perspicaz y necesitado usuario, se limita a incidir en la transparencia y los estudios de solvencia, sin entender lo que el  preclaro Azcárate quiso destacar cuando habló de la “nulidad por desesperación económica de los usuarios”. Un jurista de hace 150 años tiene más visión socialista que una ministra del Gobierno de Sánchez. Como decía Marco Tulio Cicerón en su primera Catilinaria “O tempora o mores”.

Eduardo Lizarraga

Eduardo Lizarraga

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