El Congreso de los Diputados ha vivido este martes 27 de enero de 2026 uno de los plenos más tensos del inicio de año. Con los votos en contra de PP, Vox y Junts, la Cámara Baja ha derogado el Real Decreto-ley ómnibus aprobado por el Gobierno el pasado 23 de diciembre, dejando sin efecto un amplio paquete de medidas económicas y sociales que afectaban de forma directa a millones de ciudadanos. La decisión supone el primer gran revés parlamentario del Ejecutivo de Pedro Sánchez en 2026 y abre un escenario de elevada incertidumbre en ámbitos clave como las pensiones, la vivienda, la energía o la fiscalidad municipal.

El rechazo del decreto implica que, una vez publicada su derogación en el BOE, las normas que habían entrado en vigor de forma provisional decaen automáticamente. Entre ellas, la revalorización de las pensiones, la prórroga del escudo social, la moratoria antidesahucios, las deducciones fiscales por rehabilitación energética o la actualización de los coeficientes de la plusvalía municipal. Solo una parte del paquete ha logrado salvarse del naufragio legislativo, como es el caso de las ayudas al transporte público, aprobadas en un decreto independiente.

Se abre un escenario de incertidumbre económica para millones de españoles

La derogación del decreto ómnibus deja en el aire decisiones que afectan al poder adquisitivo de los pensionistas, a la protección de los hogares vulnerables y al funcionamiento del mercado inmobiliario. Aunque la nómina de enero ya se ha abonado con la subida del 2,7% vinculada al IPC, la caída del decreto obliga al Gobierno a actuar con rapidez si quiere evitar que en febrero las pensiones vuelvan a su cuantía anterior.

En materia de vivienda, la situación es aún más delicada. Decae la suspensión de los desahucios por impago del alquiler para familias vulnerables sin alternativa habitacional, una medida vigente desde la pandemia y que se había prorrogado de forma casi automática en los últimos años. Para las organizaciones de propietarios, el rechazo parlamentario devuelve seguridad jurídica; para los colectivos sociales, supone dejar desprotegidos a miles de hogares en un contexto de escasez de vivienda en alquiler y precios tensionados.

También desaparece la prohibición de cortar suministros básicos como la luz, el agua o el gas a familias vulnerables, así como la prórroga de los descuentos del bono social, lo que añade presión a unos presupuestos domésticos ya castigados por la inflación acumulada.

¿Qué es el decreto ómnibus rechazado por la derecha en el Congreso?

El llamado decreto ómnibus es una herramienta legislativa que permite al Gobierno agrupar en un único texto medidas de ámbitos muy distintos, desde pensiones y vivienda hasta fiscalidad o energía. Su ventaja es la rapidez de tramitación; su principal crítica, que obliga a los grupos parlamentarios a votar en bloque cuestiones heterogéneas, algo que la oposición considera un mecanismo de presión política.

En esta ocasión, el decreto pretendía consolidar parte del escudo social desplegado tras la pandemia y amortiguar los efectos de la inflación, pero el desacuerdo sobre la moratoria antidesahucios, la plusvalía municipal y determinadas competencias autonómicas ha terminado provocando su caída. PP, Vox y Junts habían advertido en los días previos que no respaldarían el texto si no se separaban las medidas en diferentes normas.

¿Cuáles son las medidas que de momento quedan sin aplicación?

El rechazo del decreto implica la suspensión inmediata de un amplio abanico de medidas. Entre las más relevantes destacan la subida del 2,7% de las pensiones contributivas, el incremento de las pensiones mínimas y del Ingreso Mínimo Vital, la prórroga de la moratoria antidesahucios, la prohibición de cortar suministros básicos a hogares vulnerables y la continuidad de los incentivos fiscales para la rehabilitación energética de viviendas.

También decae la actualización de los coeficientes del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades vinculados a vehículos eléctricos, infraestructuras de recarga y energías renovables, así como determinadas ayudas extraordinarias para zonas afectadas por catástrofes naturales. En conjunto, se trata de un paquete que tenía un impacto directo tanto en el consumo como en la actividad del sector inmobiliario y de la construcción.

¿Qué sucede con la actualización de los coeficientes para calcular la plusvalía municipal y a quién afecta?

Uno de los aspectos menos visibles pero con mayor impacto económico es la caída de la actualización de los coeficientes de la plusvalía municipal, el impuesto que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos en transmisiones como la venta o herencia de una vivienda. El decreto preveía coeficientes más elevados en los primeros años de tenencia, penalizando las ventas a corto plazo para desincentivar la especulación, y reducciones a partir de los 17 años.

Al decaer la norma, vuelven a aplicarse los coeficientes de 2025, lo que altera la planificación fiscal de miles de operaciones inmobiliarias previstas para 2026. Para muchos propietarios, especialmente en mercados tensionados, esta inseguridad normativa añade un nuevo factor de duda a la hora de vender o invertir en vivienda.

¿Qué salidas tiene el Gobierno para llevar adelante estas medidas?

Tras la derrota parlamentaria, el Ejecutivo dispone de dos vías principales. La primera pasa por trocear el decreto y presentar las medidas por separado, intentando recabar apoyos puntuales para la revalorización de las pensiones o las ayudas energéticas. La segunda opción es negociar un nuevo Real Decreto-ley que suavice los puntos más controvertidos, especialmente los relacionados con vivienda y justicia, y someterlo de nuevo a votación antes de que termine febrero.

No sería la primera vez que ocurre. En 2025, el Gobierno logró sacar adelante medidas similares tras reformularlas y presentarlas de manera independiente. Sin embargo, la oposición frontal a la moratoria antidesahucios por parte de PP, Vox y Junts complica que esta medida vuelva a ver la luz en el corto plazo.

Se aprueba el decreto de descuentos en el transporte

La única excepción al bloqueo ha sido el decreto de ayudas al transporte público, que sí ha sido convalidado por el Congreso. Gracias a la abstención del PP, se mantienen los descuentos del 50% en los abonos y la gratuidad en Cercanías y Media Distancia, al menos durante el primer semestre de 2026.

Mientras tanto, el rechazo del decreto ómnibus deja al descubierto la fragilidad parlamentaria del Gobierno y traslada la incertidumbre a millones de hogares. En un contexto de precios elevados, dificultades de acceso a la vivienda y tensión social creciente, la política vuelve a convertirse en un factor determinante para la estabilidad económica y el día a día de los ciudadanos.