Con el precio de la electricidad subiendo sin cesar, llegando hoy jueves a fijar una media de 188,18 euros el MWh y con la previsión cada vez más cierta que las subidas continúen hasta la primavera, por fin el Gobierno de Sánchez ha decidido intervenir para proteger a los consumidores de esta situación. Y lo hace, como no podía ser menos,  pisando los callos de las empresas eléctricas que ya han amenazado con todos los males del infierno.

También el Partido Popular, que en esto de defender los intereses de las grandes empresas, con suculentos puestos en sus Consejos de Administración sabe mucho, ha salido en tromba, como no podía ser menos, montando una buena trifulca en el Congreso de los Diputados. Algo a lo que en los últimos meses ya nos tiene más que acostumbrados. Estoy por ver a Casado con una hucha, al modo de Olof Palme, pidiendo por las calles para sus amigos.

Y así, mientras el presidente Sánchez defendía su plan, centrado  en retirar los beneficios extraordinarios de las eléctricas y en poner delante los intereses de los ciudadanos, el equipo popular compuesto por Pablo Casado, Cuca Gamarra, Teodoro García Egea e incluso Javier Maroto desde el Senado, defendían los intereses del sector eléctrico, acusando de intervencionista la política del Gobierno y pidiendo a Sánchez que dejara de amenazar a estas empresas y a sus beneficios.

Lo cierto es que en agosto el recibo de la luz fue un 35% más caro que el mismo mes del año pasado y que estas subidas sin fin afectan a más de 10 millones de consumidores acogidos a la tarifa regulada PVPC. Y que como asegura Teresa Ribera, vicepresidenta tercera del Gobierno ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, la proyección para los próximos meses es la de seguir incrementándose.

Por eso, y antes de llegar a la barrera de los 200 euros, el Gobierno ha movido ficha y ha puesto en marcha un plan de choque que como primera medida recortará 2.600 millones de euros a las compañías eléctricas hasta el 31 de marzo del 2022. Estos miles de millones les llegan por los beneficios extraordinarios recibidos en la producción de algunas tecnologías de generación que son ajenas al gas y a sus subidas de precio.

El plan de Sánchez ha sentado como un mazazo en el sector eléctrico que ha rechazado las medidas tachándolas de intervencionistas y de ir en contra del sector creando, además, un clima de inseguridad jurídica, por lo que no descartan acudir a los tribunales. A las protestas se ha unido el Foro Nuclear amenazando con parar su producción si el Gobierno sigue adelante con el proyecto de ley del CO2,  que retira los llamados “beneficios caídos del cielo” que reciben las empresas nucleares por no emitir dióxido de carbono.

Ha sido una medida valiente ajustar los derechos de emisión de CO2, que generaban unos beneficios indebidos de más de 1.000 millones de euros para las eléctricas y que ahora desaparecerán de su cuenta de resultados, ya que ni la hidroeléctrica ni la nuclear lo producen. Sánchez Galán aún está intentando digerir los 400 millones de euros que le va a costar a Iberdrola la ocurrencia y le viene lo de los 2.600 millones a repartir entre las hermanas. Entre esto y lo de Villarejo no gana para sustos…y eso que 12,2 millones de euros deben dar mucho de sí…

Pero el plan del Gobierno tiene más puntos además de recuperar esos 2.600 millones de euros. Y es que si Sánchez quiere cumplir con lo manifestado, de que la factura de los españoles no será superior a la del 2018, hay que hacer más cosas, entre ellas mantener la rebaja del IVA, del impuesto especial de la electricidad y la suspensión temporal del impuesto de generación.

Además, se aumenta la aportación de la recaudación de las subastas de CO₂ en 900 millones, se reducen las cargas aplicables en las facturas y se convocarán nuevas subastas de energía para incrementar la liquidez de los mercados.

Junto con estas medidas temporales se establece una mayor protección de los consumidores vulnerables y las pymes, estableciendo un Suministro Mínimo Vital que prohíbe el corte del servicio eléctrico por impago durante seis meses más a los beneficiarios del Bono Social Eléctrico. Para terminar, se limitará durante un semestre el impacto del coste de la materia prima en la Tarifa de Último Recurso .

A falta de una respuesta más contundente, que llegará, las empresas eléctricas proponen eliminar de la factura de la luz todos aquellos componentes que nada tienen que ver con la producción eléctrica y su transporte, junto a una reforma fiscal que haga desaparecer los impuestos del recibo de forma definitiva. Coinciden en esta medida con el Partido Popular, que antes de tocar los sacrosantos beneficios de estas empresas pide que algunos de los costes de la factura no repercutan ni en los ciudadanos ni en las compañías eléctricas, sino “en el que más puede” es decir que se pongan en Presupuestos Generales del Estado para pagarlos entre todos. Su propuesta es la de siempre: los beneficios para mi y los costes a repartir.

Junto con la estrategia amenazante de acudir a los tribunales, cerrar las nucleares o subir la luz, las empresas eléctricas también se han puesto el gorro de pobres víctimas y han asegurado que todas estas subidas no les están reportando ningún beneficio, que ya tienen toda la luz de este año vendida y el 75% de la del año próximo, a precios muy por debajo de los actuales y que todo esta situación también les perjudica.

Parece que ya han olvidado cuando a principios de año, pasada la Filomena, con la que ya afilaron los dientes, salieron todos los altos ejecutivos entusiasmados a sacar pecho delante de los inversores y a hablar de los beneficios del 2020 y de lo que iban a ganar este. Algo ya se maliciaban…

Endesa,  obtuvo el pasado año un beneficio neto de 1.394 millones de euros, ocho veces más que los 171 millones que registró en 2019; Iberdrola ha obtenido unas ganancias récord de 3.610 millones de euros en 2020 y que impulsarán aun más el sueldo de Sánchez Galán que ganó el pasado año algo más de un millón de euros al mes. Las previsiones del ejecutivo eléctrico eran las de llevar los beneficios de la compañía hasta los 5.000 millones de euros en 2025 y 7.000 millones en 2027. Y ahora, si no puede hacerlo a costa de los consumidores, que sea del Estado.

Por su parte y adelantando posibles acontecimientos,  desde el Ministerio de Teresa Ribera aseguran que el proyecto de Ley se ha tramitado con todas las garantías y ha recibido el informe positivo de la CNMC, del Consejo de Estado y es conforme a derecho nacional y europeo.

El Plan de Sánchez no ha sido el único cachete que ha recibido el sector eléctrico estos días y es que las maldades y el mirar sólo por los beneficios propios tiene consecuencias.  Como las han tenido los escandalosos desembalses protagonizados por Iberdrola a lo largo de los meses de junio y julio que dejaron algunos embalses convertidos en fondos legamosos. Así, para evitar estas situaciones, acaba de modificarse la Ley de Aguas.

Serán las confederaciones las que al comienzo de cada año hidrológico fijen un régimen mínimo y máximo de caudales mensuales a desembalsar en los embalses mayores de 50 hectómetros cúbicos, tanto para situaciones de normalidad hidrológica como de sequía prolongada, al igual que un régimen de volúmenes mínimos de reservas embalsadas para cada mes. Se acabó lo de el agua es mía y turbino cuando quiero.

No son los impuestos el problema que subyace en los altos precios de la energía, como quieren hacernos creer PP y mafia eléctrica, sino la existencia de un oligopolio que impide competencia de mercado y posibilita que en un mercado muy opaco, se fijen y manipulen los precios que luego tenemos que pagar. Y la afirmación no es baladí, sino que proviene de la CNMC que ha denunciado y sancionado estas prácticas en varias ocasiones.

La forma de fijar los precios del  kW es un escándalo y los manejos que hacen las compañías para incrementarlos es una maniobra ya sobradamente conocida. Por recordar el procedimiento, pergeñado por ellos mismos a través de las influencias de las “puertas giratorias”, el precio se obtiene calculando el de una cesta energética en donde la producida por las centrales nucleares ya amortizadas y la hidroeléctrica en que las compañías no pagan ni la utilización del agua, se complementa para cubrir el total de la demanda con las energías más costosas, que entran al final del cómputo y que marcan el precio del conjunto. Es la producida en las plantas de ciclo combinado de gas, la energía más cara que producimos.

La situación de energía cara afecta a toda Europa, y el propio Josep Borrell, Alto Representante para la Política Exterior de la Unión Europea y vicepresidente de la Comisión, , ha abogado por reformar el sistema europeo de fijación de precios de la electricidad,  basado en un modelo marginalista en el que se toma como referencia el precio de la última energía en entrar a la subasta y, por tanto, la más cara. La traslación del coste del gas a otras energías cuyo coste de producción no tiene nada que ver con el precio de gas es algo que no tiene una justificación económica clara”, ha subrayado el ex ministro socialista.

Este oligopolio eléctrico, en lugar de competir para dar mejores ofertas, manejan el mercado especulan con las tarifas, chantajean al estado y abusan de los consumidores, logrando unos beneficios mil millonarios a costa de nuestros sacrificios y estrecheces, cuando no de muertes y sufrimientos. ¡Sus amenazas indican que vamos por el buen camino!

La mafia eléctrica auxiliada por el PP amenaza al Estado

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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