El primer Consejo de Ministros de 2026 ha aprobado el Anteproyecto de Ley que regula los créditos al consumo, una norma largamente esperada en un país donde el sobreendeudamiento de los hogares y la proliferación de préstamos abusivos se ha convertido en un problema estructural. En el centro de esta reforma se sitúan los microcréditos, las tarjetas revolving y los préstamos rápidos, productos que durante años han operado en una especie de limbo legal, captando a los consumidores más vulnerables con promesas de dinero inmediato y escondiendo detrás costes financieros desorbitados.

Por primera vez, el Gobierno introduce topes reales a los tipos de interés, poniendo freno a un modelo de negocio basado en la desesperación económica de miles de familias. La decisión no llega en un momento cualquiera: los precios de la vivienda, el encarecimiento del alquiler, el aumento de las hipotecas y el deterioro del poder adquisitivo han empujado a muchos hogares a acudir a este tipo de financiación para cubrir gastos básicos, no lujos.

Desde Aquimicasa venimos advirtiendo desde hace tiempo que los microcréditos se han convertido en una trampa financiera para una parte creciente de la población, especialmente jóvenes, trabajadores precarios, familias monoparentales y personas que ya viven al límite.

La Ley transpone las directivas europeas sobre créditos al consumo y servicios financieros a distancia

El anteproyecto aprobado transpone las directivas europeas sobre créditos al consumo y servicios financieros a distancia, lo que supone un cambio profundo en la forma en que este mercado debe funcionar en España. La digitalización ha permitido que cientos de plataformas ofrezcan préstamos en minutos, muchas de ellas sin una evaluación real de solvencia ni supervisión efectiva.

El Ministerio de Economía reconoce que este crecimiento ha creado un entorno propicio para los abusos, la opacidad y la explotación financiera, especialmente de los perfiles más frágiles. Por eso, la nueva ley busca equilibrar dos objetivos: proteger a los consumidores y dar seguridad jurídica a los operadores que sí cumplen las reglas.

La audiencia pública del texto se mantendrá abierta hasta el 30 de enero, pero el mensaje político ya es claro: el crédito rápido sin control ha llegado demasiado lejos.

Dos regímenes de costes para los préstamos al consumo

Uno de los pilares de la norma es la creación de dos regímenes de limitación de costes, algo que rompe con la lógica actual en la que prácticamente cualquier tipo de interés podía justificarse bajo la etiqueta de “riesgo”.

El régimen general fija que la TAE no podrá superar un tipo máximo que se calculará tomando como referencia el tipo medio del crédito al consumo más un margen:

  • Hasta 1.500 euros: +15 puntos

  • De 1.500 a 6.000 euros: +10 puntos

  • Más de 6.000 euros (menos de 8 años): +8 puntos

  • Más de 6.000 euros (más de 8 años): +6 puntos

Además, hasta que estos tramos entren en vigor, se establece un límite máximo transitorio del 22%, que también se aplicará a las tarjetas revolving, otro de los productos que más problemas ha generado en los tribunales.

En un mercado donde se han llegado a ver TAE superiores al 1.000%, esta medida supone un golpe directo al corazón del negocio de los prestamistas abusivos.

Una Ley que aportará mayor transparencia

El anteproyecto introduce una batería de medidas para que el consumidor sepa realmente lo que está firmando. La información precontractual deberá presentarse de forma clara, destacada y concentrada en una sola página, algo que contrasta con los actuales contratos diseñados para confundir, ocultar costes y empujar a la firma rápida.

Además, se crean los servicios de asesoramiento de deudas, que incluirán apoyo financiero, jurídico y social para personas atrapadas en situaciones de sobreendeudamiento, una realidad cada vez más común en España.

También se refuerza el derecho al reembolso anticipado, el desistimiento y el control sobre los seguros y productos vinculados, otra vía habitual de sobrecostes encubiertos.

El Banco de España comenzará tomar un papel más importante en la regulación y control de los prestamistas

Por primera vez, solo podrán conceder créditos al consumo las entidades registradas y supervisadas por el Banco de España. Los contratos firmados por operadores no autorizados serán directamente nulos, algo que hasta ahora no ocurría y que permitía la proliferación de auténticos chiringuitos financieros.

El supervisor podrá prohibir o restringir productos, prácticas comerciales e incluso la concesión de créditos si detecta riesgos graves para los consumidores o para el mercado. Y lo podrá hacer incluso de forma inmediata, cuando exista un riesgo inminente.

Además, el Banco de España podrá exigir cambios en la gobernanza, destituir directivos y obligar a mejorar los sistemas de gestión de riesgos, una intervención impensable hasta ahora en el mundo de los microcréditos.

Demasiados problemas con los prestamistas, los prestamos abusivos y sus consecuencias

El crecimiento descontrolado de los microcréditos ha generado una auténtica crisis silenciosa de endeudamiento. Personas que piden 300 euros y acaban devolviendo 600, 800 o más. Familias que encadenan préstamos para pagar otros préstamos. Consumidores atrapados en una espiral financiera sin salida.

La nueva ley obliga a los prestamistas a consultar el historial crediticio del cliente, algo que hasta ahora no era obligatorio en muchos casos. Esto es clave para evitar que se concedan créditos a personas que ya no pueden devolverlos, una práctica habitual que ha alimentado el negocio de la morosidad.

También se prohíbe una publicidad engañosa que sugiera que un crédito mejora la vida o sustituye al ahorro, una narrativa que ha hecho mucho daño en un país con salarios ajustados y vivienda cada vez más cara.

Microcréditos, vivienda y pobreza financiera

La conexión entre vivienda y microcréditos es directa. Cuando el alquiler sube, cuando la hipoteca se encarece, cuando el euríbor aprieta, las familias recurren al crédito rápido para sobrevivir. No para viajar ni para consumir, sino para pagar el alquiler, la luz o el supermercado.

Por eso, regular los microcréditos es también una política de vivienda y de protección social. Porque una sociedad donde millones de personas viven endeudadas por cubrir necesidades básicas es una sociedad estructuralmente enferma.

La nueva ley no resolverá todos los problemas, pero sí introduce algo que hasta ahora brillaba por su ausencia: límites, control, transparencia y responsabilidad. Y eso, en un mercado dominado durante años por la ley del más fuerte, ya es un cambio histórico