La situación dista mucho de estar resuelta

Lo que comenzó como una simple tasa adicional por llevar equipaje de mano en cabina ha evolucionado en uno de los mayores enfrentamientos entre las aerolíneas y los derechos de los consumidores en Europa. Lejos de estar resuelto, el conflicto suma nuevas capas con cada comunicado, cada resolución judicial y cada estrategia de comunicación de las aerolíneas. En el centro del debate se sitúa una práctica que afecta a millones de viajeros: el cobro por llevar una pequeña maleta en cabina.

Ryanair convertido en adalid del sector intenta confundir a los consumidores

La compañía irlandesa Ryanair ha decidido erigirse en abanderada de este cobro, hasta el punto de inventarse una inexistente «sentencia» del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que, según su versión, respaldaría la legalidad del recargo. Sin embargo, lo que en realidad se ha producido es la aceptación por parte del TSJM de medidas cautelares solicitadas por Ryanair y Norwegian, que eximen temporalmente a las aerolíneas del pago de las multas impuestas por el Ministerio de Consumo.

No hay sentencia. Lo dicen con claridad los magistrados del tribunal: «resulta imposible prejuzgar el fondo del asunto» en este momento procesal. Aun así, Ryanair ha salido en tromba con su CEO Michael O’Leary a proclamar que el TSJM ha avalado sus políticas tarifarias. Nada más lejos de la realidad. La estrategia parece clara: confundir al consumidor y presionar al Gobierno a retirar las sanciones.

Suspensión de las sanciones impuestas por Consumo

En noviembre de 2024, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impuso multas a cinco aerolíneas: Ryanair, Vueling, EasyJet, Volotea y Norwegian. En total, 179 millones de euros por cobrar por el equipaje de mano, reservar asientos contiguos para acompañantes de menores o personas dependientes, exigir pagos en tarjeta o por imprimir la tarjeta de embarque, entre otras prácticas sancionadas.

Pero ahora, el TSJM ha acordado suspender cautelarmente esas sanciones, al considerar que su ejecución podría causar un perjuicio económico grave a las aerolíneas. La decisión no prejuzga la legalidad o ilegalidad de las prácticas denunciadas. Simplemente aplaza el pago hasta que se dicte sentencia firme.

Aval bancario de 110.000.000 y 1.800.000 euros, respectivamente

A cambio de esa suspensión, el tribunal ha exigido a Ryanair y Norwegian la presentación de sendos avales bancarios por valor de 110 y 1,8 millones de euros, respectivamente. Estas cantidades cubren la posible multa más los intereses generados, con el objetivo de garantizar que, en caso de sentencia desfavorable, las sanciones puedan ejecutarse.

Este aval no es un respaldo a la legalidad del cobro, sino una garantía de que, si finalmente se confirma la multa, las aerolíneas no eludirán su responsabilidad económica. Sin embargo, Ryanair ha aprovechado esta medida para construir un relato que distorsiona el proceso judicial y genera desinformación.

Otros derechos que las compañías aéreas quieren eliminar a los consumidores

El cobro del equipaje de mano es solo la punta del iceberg. Las aerolíneas también están siendo investigadas y sancionadas por vulnerar otros derechos de los pasajeros:

  • Asignación de asientos separados a personas con discapacidad o menores si no se paga un extra.
  • Negativa a aceptar pagos en efectivo, lo que vulnera la ley española.
  • Cobro por imprimir la tarjeta de embarque en el aeropuerto.
  • Falta de claridad en la información de precios en sus webs.

FACUA-Consumidores en Acción, que ha liderado las denuncias, recuerda que ya existen más de 60 sentencias de juzgados de primera instancia y mercantiles que declaran ilegal el cobro por el equipaje de mano. Además, la Comisión de Transportes del Parlamento Europeo acaba de aprobar una propuesta para regular expresamente esta cuestión, en la línea de prohibir estos recargos abusivos.

Un escenario de conflicto permanente

Lo que deja esta situación es un escenario de conflicto permanente entre aerolíneas, administración y consumidores. Las empresas utilizan su poder económico y comunicativo para tratar de condicionar la opinión pública. FACUA, por su parte, anima a los usuarios a presentar demandas individuales, que no requieren abogado ni procurador, para recuperar el dinero abonado por estos recargos.

Es un pulso desigual, pero no imposible de equilibrar si se mantiene la vigilancia institucional, se refuerza el marco legal europeo y se ejerce una presión social informada. La batalla por el equipaje de mano es, en realidad, una batalla por el respeto a los derechos de los consumidores y contra la normalización del cobro por lo que antes era un servicio básico e incluido en el billete.

Mientras Ryanair siga jugando a confundir y a imponer su relato, seguirá dando vueltas, en tierra y en aire, la polémica del equipaje de mano. Y con ella, la necesidad de una regulación clara, efectiva y valiente.