Que no todos somos iguales ante la justicia es algo sobradamente conocido, ni ante Hacienda tampoco. Pero una de las grandes diferencias que nos afectan no es tan conocida. Y es que también para el Impuesto de Bienes Inmuebles existen diferencias, demasiadas según sea la ciudad en la que vivimos y mejor que dejemos los estereotipos aparte, porque parece estar en relación de las apetencias municipales y no del nivel de vida.

Un estudio realizado por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en las 52 capitales de provincia advierte de enormes diferencias en los tipos impositivos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Así, para una vivienda urbana con una base liquidable de 80.000 euros, sin bonificaciones, el importe medio del recibo del IBI varía entre los 774 euros de Lérida, una ciudad relativamente barata (con un tipo del 0,967%) y los 147 euros de San Sebastián (0,191%) que es de las ciudades más altas en nivel de vida.

Las bonificaciones también son muy distintas según el municipio.

– Bonificación por vivienda de protección oficial. La ley contempla tres años de reducción del 50% del IBI. Pero mientras que ciudades como Barcelona y Salamanca admiten siete años más de bonificación por ese mismo porcentaje, casi la mitad de las capitales no contemplan ampliación alguna de este beneficio, como por ejemplo Madrid, Sevilla o Palma.

– Bonificación por familia numerosa. Puede traducirse en una reducción de hasta el 90% del recibo, tal y como sucede en la mayoría de las ciudades. Sin embargo, no siempre es así: bien porque el porcentaje es menor o porque directamente no existe, como en Bilbao y Pamplona.

– Bonificación por instalación de energía solar. Puede implicar una reducción del 50% del IBI en la vivienda habitual durante varios años, pero también hay urbes donde no hay, como Albacete, Burgos, León, Murcia y Valladolid.

– Bonificación por domiciliación bancaria. En algunas ciudades supone un descuento de hasta el 5% del recibo, como en Granada, Guadalajara, Cuenca y Sevilla, pero en la mitad no se contempla reducción alguna.

A juicio de OCU, las diferencias son excesivas y acrecientan las desigualdades fiscales. En cualquier caso, solicita a los Ayuntamientos la exención del pago del IBI para colectivos vulnerables con bajos ingresos.

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