La encuesta que acaba de publicar la Organización de Consumidores y Usuarios sobre residencias de mayores en España no es un escándalo nuevo. Es la confirmación estadística de lo que muchas familias viven en silencio y de lo que los responsables políticos llevan años mirando hacia otro lado. Las notas que otorgan los familiares a estos centros no llegan al notable: 69 sobre 100 para las privadas, 67 para las concertadas y 65 para las públicas. Puntuaciones que, en cualquier otro sector de consumo, habrían generado titulares y dimisiones. En el de la atención a los mayores, apenas generan un comunicado y alguna promesa de revisión que no llega.

El perfil del residente tipo es el de una persona que ingresó con 83 años por un problema de salud —discapacidad física en el 53% de los casos, deterioro cognitivo leve en el 43%, demencia en el 33%, depresión en el 29% y alzhéimer en el 27%— y que, quienes fallecieron allí, lo hicieron casi cuatro años después de su ingreso. Cuatro años de dependencia total, de vulnerabilidad absoluta, entregados a un sistema que apenas raspa el aprobado.

Una oferta de plazas raquítica

Uno de los datos más reveladores de la encuesta es aparentemente secundario: la distancia media al domicilio familiar del centro elegido es de diez kilómetros. No es una preferencia. Es una rendición. Las familias no eligen el centro más conveniente, eligen el que tienen disponible, porque la escasez de plazas —especialmente en la red pública— les deja poco margen. La espera media para entrar en una residencia pública alcanza los 225 días, más de siete meses. Para una concertada, 162 días. Mientras tanto, alguien tiene que cuidar al mayor en casa, las 24 horas del día, sin descanso y sin apoyo institucional. Y cuando finalmente hay plaza, puede estar a diez kilómetros, o a veinte, porque lo que hay es lo que hay.

El problema generalizado de la falta de personal

La queja más extendida entre los familiares encuestados es la escasez de trabajadores, especialmente en los turnos de noche y durante los fines de semana y festivos. No es un problema puntual ni estacional: es estructural. Cada auxiliar o gerocultor puede llegar a atender a doce o más residentes en un turno, con todas las necesidades físicas que eso implica: levantarlos, asearlos, vestirlos, alimentarlos, administrarles medicación. En algunos centros, ese número ha superado la veintena en periodos de verano.

Las consecuencias son predecibles: falta de atención sanitaria, dificultades para que los residentes reciban ayuda para comer o asearse, fallos de seguridad y conflictos entre residentes que nadie tiene tiempo de mediar. El sindicato UGT, a través de su responsable de Sociosanitario en la Comunidad Valenciana, lo formula con una pregunta sencilla y devastadora: ¿a qué hora desayuna el último residente que termine su aseo? La respuesta implícita es que, cuando el sistema está al límite, hay personas que desayunan a mediodía, que toman la medicación fuera de hora, que esperan demasiado para todo.

La «fuga» de profesionales hacia la sanidad pública —que ofrece mejores condiciones laborales— agrava un problema de base: las condiciones en las residencias son precarias, los salarios bajos y la carga de trabajo insostenible. Algunas administraciones han respondido a esto no mejorando las ratios sino sustituyendo enfermeras por auxiliares, lo que no es una mejora asistencial sino un recorte con otro nombre.

Soledad y exceso de medicación

Más allá de los cuidados físicos, la encuesta de OCU señala un déficit que apenas se menciona en los debates políticos: el 36% de los residentes no dispone de atención psicológica ni siquiera una vez por semana. En centros donde la mayoría de los internos padece deterioro cognitivo, depresión o demencia, esto no es una carencia secundaria. Es una negligencia sistemática. La soledad, el desarraigo del entorno habitual y la pérdida de autonomía son factores que agravan cualquier condición de salud. Sin apoyo psicológico, la medicación tiende a convertirse en el único recurso disponible para gestionar estados emocionales que con atención adecuada podrían tratarse de otra manera. En todo cso es un recurso que se utiliza para postrar al anciano en una silla de ruedas y que pierda la escasa movilidad que le restaba. Un anciando que se mueve da más trabajo.

No se debería hablar de precios sino de atención pública

La cuota mensual media de una residencia privada es de 2.040 euros. La pensión media en España en mayo de 2026 fue de 1.370,7 euros. La aritmética es cruel: la mitad de los encuestados reconoce que los ingresos del residente no son suficientes para cubrir el coste y la diferencia la ponen los ahorros de toda una vida o los familiares. Las plazas públicas cuestan 1.188 euros de media, pero tienen siete meses de espera. Las concertadas, 1.689 euros, con más de cinco meses. Y a cualquiera de esas cifras hay que sumarle los servicios que se cobran aparte —podólogo, fisioterapeuta, peluquería— que suponen un sobrecoste medio de 110 euros mensuales adicionales.

El debate no debería centrarse en si los precios son razonables sino en por qué la atención a personas dependientes y vulnerables depende en tan gran medida del mercado privado. Otros países europeos han optado por modelos de cobertura pública amplia. España sigue debatiendo si puede permitírselo mientras las listas de espera crecen.

Comida de baja calidad y en algunos casos de mal estado

Aunque la encuesta de OCU no profundiza de forma específica en la alimentación, este es uno de los aspectos que con más frecuencia aparece en los testimonios de familiares y en las inspecciones que se han hecho públicas en los últimos años. Los presupuestos destinados a la manutención de los residentes son, en muchos centros, manifiestamente insuficientes. El resultado son menús monótonos, de escaso valor nutricional y en ocasiones elaborados con productos de calidad cuestionable, en centros donde la mayoría de los internos tiene dificultades para masticar, deglutir o expresar sus preferencias. Es uno de los aspectos menos visibles y más difíciles de fiscalizar, precisamente porque los afectados rara vez pueden quejarse.

Falta una regulación estatal para igualar a las comunidades autónomas

La encuesta de OCU refleja diferencias territoriales notables: las mejores valoraciones se concentran en la Comunidad Valenciana, Andalucía y Galicia; las peores en Madrid y Cataluña, siete puntos por debajo. No es casualidad que Madrid acumule también el capítulo más oscuro de la gestión reciente: los 7.291 fallecidos en residencias durante la pandemia de COVID-19, en circunstancias que siguen sin depurarse con la contundencia que merecerían.

Que la calidad de la atención que recibe un anciano dependa de la comunidad autónoma en la que vive es un problema de justicia básica. España lleva décadas sin una regulación estatal que establezca estándares mínimos homogéneos, ratios de personal obligatorias y mecanismos de inspección con dientes. Las competencias están transferidas y cada administración autonómica hace lo que puede o lo que quiere, que no siempre es lo mismo.

Previsión sin mucha esperanza

OCU pide más residencias, más inspecciones y más control de calidad. Son peticiones razonables que llevan años formulándose con escaso resultado. Los mayores dependientes no son un colectivo con capacidad de movilización ni de presión electoral; sus familiares están demasiado agotados para organizarse y los trabajadores del sector demasiado precarizados para sostener una reivindicación prolongada. Las administraciones saben que este es un gasto que puede diferirse, recortarse o externalizarse sin que nadie les pase una factura política inmediata.

El problema es que todos, sin excepción, terminaremos siendo ese residente de 83 años con deterioro cognitivo esperando el desayuno. Solucionarlo debería ser una prioridad aunque solo fuera por puro egoísmo colectivo. Pero los datos sugieren que seguiremos hablando de encuestas, de notas que no llegan al notable y de listas de espera de siete meses, mientras los años pasan y la situación se mantiene entre mala y muy mala, que en este caso es lo mismo que decir que no se mueve nada.