Desahucio

La ONU vuelve a denunciar a España por vulnerar el derecho a la vivienda

No ha sido la primera vez ni con seguridad será la ultima, porque en nuestro país jueces y administraciones vulneran sistemáticamente el derecho a la vivienda que tienen los españoles. Y es el Comité de Derechos Económicos y Sociales (DESC) de la ONU el que vuelve a denunciarlo. Al parecer se firman los acuerdos muy alegremente, porque queda bonito, pero luego el Estado «olvida» lo que ha firmado y las obligaciones que ha adquirido.

La denuncia en esta ocasión nos llega por el desahucio y todo lo que siguió de Viviana López, desalojada de una vivienda en Carabanchel propiedad de Bankia, que primero alquiló a un estafador y luego siguió ocupando por necesidad, porque tiene seis hijos, cinco de ellos menores de edad. Al lanzamiento ejecutado por policía armada, como si en la casa hubiera terroristas y no una mujer y seis niños, siguió una amarga procesión de albergue en albergue municipal, sin que ninguna institución de la Comunidad de Madrid o el ayuntamiento le diera apoyo ni, mucho menos, una solución. La firma del acuerdo por España obliga a todas las administraciones y a los jueces, y no pueden alegar desconocimiento porque su obligación es estar al tanto y por ello cobran.

El desahucio  de Viviana llegó a  la sede del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC) de las Naciones Unidas en Ginebra, del que España forma parte y al que recurrieron los abogados Javier Rubio y Alejandra Jacinto, del Centro de Asesoría y Estudios Sociales (CAES) y de la PAH, para intentar frenar el desalojo. El Comité respondió antes de que se produjera el desahucio solicitando que se tomaran medidas cautelares: que se paralizara el desahucio de la mujer y sus hijos mientras estudiaba su caso, o hasta que se le diera una vivienda alternativa para evitar que su derecho humano y fundamental a una vivienda fuera violado y se le causaran daños irreparables. Dio igual clamar en el desierto, porque ni jueces ni la Comunidad de Madrid, que se preocupa mucho por sus ciudadanos, hicieron nada. Y por eso, por tercera vez, la ONU concluye que en España se vulnera el derecho a la vivienda adecuada.

El Comité DESC aseguró en su resolución que “el desalojo de la autora y sus hijos sin un examen de proporcionalidad por parte de las autoridades constituyó una violación de su derecho a la vivienda adecuada”, y continuó afirmando que la Comunidad de Madrid, no solo no proporcionó una alternativa para ella y sus hijos, sino que la condenó a un círculo de exclusión. No la incluyó en la lista de espera para recibir una vivienda social de emergencia porque la consideraba una okupa, lo que constituye, según la legislación impuesta en la CAM,  un impedimento para ser solicitante de vivienda social. “La denegación de la solicitud de la autora de vivienda pública sin tomar en cuenta su situación de necesidad y únicamente por encontrarse ocupando una vivienda sin título legal constituyó, en sí misma, una violación de su derecho a la vivienda adecuada”, señala la ONU.

Y de nuevo, el Comité DESC recuerda que España “tiene la obligación de proporcionar a la autora y sus hijos una reparación efectiva” que pasa por proporcionar una vivienda adecuada y una “compensación económica por las violaciones sufridas”, además de reembolsar a la mujer las costas procesales de este recurso. Como la situación en determinadas Administraciones autonómicas, que tienen la obligación de respetar los acuerdos firmados por España, ya es conocida, el Comité DESC hace seis recomendaciones  para evitar que se sigan produciendo casos similares, y pasan por que los jueces tengan en cuenta “la proporcionalidad” antes de ordenar un desahucio, por cambios legislativos y de reglamentos para poder acceder a viviendas sociales, medidas específicas para el acceso a la vivienda de personas con pocos recursos y menores o personas mayores a cargo y un protocolo específico para aplicar las medidas cautelares dictadas por el Comité antes del desahucio, entre otras.

La resolución  de la ONU  hacia España muestra que el de la vivienda es un problema estructural, grave y transversal, con más de dos millones de personas en riesgo de exclusión social, por lo que es preciso poner en marcha medidas urgentes,  como la creación de una parque público de vivienda social, la prohibición de los desalojos de personas vulnerables sin alternativa y que los jueces antepongan los intereses de las familias frente a la especulación inmobiliaria.

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
https://www.aquimicasa.net/

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