En España la banca es un rebaño de vacas sagradas, que ha conseguido ligar sus beneficios y derechos para esquilmar a los consumidores, a nuestra viabilidad como país. Cualquier disgusto que se propine a las entidades financieras es casi un ataque a España. Pero esto no sucede en otros países, ni tan siquiera en la madre de la estructura capitalista, Inglaterra. La Autoridad de Conducta Financiera de Reino Unido (FCA, por sus siglas en inglés) ha multado con 28,7 millones de euros (26 millones de libras) a Barclays por no haberse involucrado lo suficiente con los clientes que afrontaron dificultades financieras a la hora de devolver un préstamo al consumo, según ha indicado este martes en un comunicado.

Según ha explicado el regulador, entre 2014 y 2018 varios clientes, tanto particulares como empresas, no fueron tratados de forma adecuada cuando cayeron en algún tipo de impago en un crédito al consumo.

En concreto, la FCA ha explicado que Barclays no cumplió las políticas de contacto de los clientes cuando éstos cayeron en impago de alguna cuota, no mantuvieron «conversaciones apropiadas» para entender las razones de dichos impago y no «entendieron adecuadamente» las circunstancias del impago, lo que les llevó a ofrecer soluciones «no asequibles o insostenibles».

«Las empresas deben tratar a los clientes de créditos al consumo de forma justa, incluyendo cuando se encuentran en impago. Tomaremos acciones contra los tratamientos injustos o cuando los sistemas de las empresas exponen a los clientes a riesgo de injusticia. Aunque este caso precede a la pandemia, el mensaje es especialmente importante dado que el impacto del coronavirus sigue afectado los ingresos y presupuestos de los hogares», ha subrayado el director de cumplimiento y supervisión del mercado de la FCA, Mark Steward.

Barclays no cuestionó las conclusiones del regulador, por lo que ha obtenido un descuento del 30% en la multa. Además, ha solucionado ciertos problemas de forma «proactiva», abonando 300,9 millones de euros (273 millones de libras) a 1,5 millones de clientes desde 2017.

Si la CNMC o el Banco de España se atrevieran a propinar una multa de ese calibre a cualquier entidad financiera de nuestro país, que no lo harán y mucho menos por los motivos citados,  en su socorro llegaría nuestro entregado sistema judicial que en el mejor de los casos la consideraría desproporcionada y la dejaría en 200 euros para no quedar mal. En el peor aduciría algún defecto de forma- suele ser lo más habitual- y la dejaría sin efecto. De todos es sabido que cualquier ataque a los sacrosantos beneficios bancarios es casi un acto terrorista contra la estructura más «respetable» del país después de la corona.