Comenzando a ver la luz al final del túnel, con una pandemia que empieza a perder posiciones, aunque más por el avance de la vacunación que por la responsabilidad común, como vemos de forma clara con lo sucedido en Mallorca, el llamado escudo social se irá desactivando pasado el verano. Y comenzarán a surgir muchos de los problemas que se han ralentizado que no paralizado estos pasados 15 meses. Entre ellos las ejecuciones hipotecarias y los desahucios.

Parece que la crisis económica en ciernes no va a tener ni la gravedad ni la profundidad que se presumía el pasado año; las medidas económicas del Gobierno, sobre todo el despliegue de los ERTEs y los créditos blandos y ayudas a empresas y autónomos, han suavizado mucho la situación. Pero los próximos dos años, hasta que la economía se recupere en su totalidad, no van a ser precisamente fáciles para muchos españoles, sobre todo para los más vulnerables.

La subida del precio de los suministros básicos, sobre todo la factura eléctrica, el gas y los combustibles, irá impulsando un incremento  general del coste de la vida.  Y a este coste habrá que sumar el pago de la hipoteca o del mes del alquiler, que puede resultar complicado para las muchas familias afectadas por la pérdida de una parte de sus ingresos. Sobre todo si el control de los alquileres encalla por el camino, que su resolución está siendo ya demasiado larga.

Como una gran amenaza para los hipotecados con problemas económicos se alza la cláusula de vencimiento anticipado. Esta cláusula, desarrollada en el punto nº6 de todos los préstamos hipotecarios fue declarada abusiva  por el TJUE y debiera retirarse por lo tanto de los contratos hipotecarios. Pero en una maniobra vergonzosa de los partidos políticos PSOE, PP y Ciudadanos en el Congreso, se aprobó la Ley 5/2019, de 15 de marzo, reguladora de los contratos de crédito inmobiliario con la que los bancos,  a pesar de ir contra la legislación comunitaria, pueden declarar el vencimiento del préstamo.

La Ley no es más que el  enésimo intento de salvar los beneficios bancarios por parte de los partidos de derechas, auxiliados en estos menesteres por un PSOE diletante; pero es muy discutible que una Ley parlamentaria pueda contravenir la directiva europea de derechos del consumidor (el artículo 6.1 de la Directiva 93/13/CEE). Y es que si el vencimiento anticipado ha sido declarado abusivo, lo es a todos los efectos sea cual sea el número de cuotas, 1, 3, 12 ó 36.

En este sentido se ha manifestado hace muy poco la Sala Primera del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que emitió dos sentencias, asunto C-609/19 y asuntos acumulados C-776/19 y C-782/19, que contienen una colección de considerandos históricos. En los mismos concluye que toda aquella jurisprudencia nacional que vaya en contra de esta doctrina, marcada por el Tribunal y el Derecho europeo, queda absolutamente anulada por ella, por lo que decae frente a lo aquí expuesto, prevaleciendo los considerandos de la Justicia europea, incluso ante la sentencia TS 463/2019 de 11 de septiembre.

En la misma nuestro imparcial Tribunal Supremo resolvió rechazar el  sobreseimiento automático del procedimiento de ejecución hipotecaria y permitir la sustitución de la cláusula abusiva por la disposición legal que regula el vencimiento anticipado en la nueva ley de crédito inmobiliario. Esa que dice que se puede subastar la garantía- vivienda- con al menos 12 pagos pendientes.

Lo más destacado de la inefable actuación del Tribunal Supremo en defensa de los intereses de la banca es su intento de tergiversar su actuación y justificarla en nombre de los intereses del consumidor. Y es que “como -dice el TS- un contrato de préstamo hipotecario no puede subsistir sin cláusula de vencimiento anticipado, se ha de sustituir la cláusula abusiva por la previsión de 12 impagos recogida en la recientemente aprobada Ley de Crédito Inmobiliario, de tal manera que en los casos en que el ejecutado hubiera incumplido más de doce pagos se continuará con la ejecución, y en los casos en los que el ejecutado hubiera acumulado menos de doce pagos se archivará el procedimiento”. Asegura el alto tribunal que de esta manera defiende al consumidor de la nulidad del contrato y de la inmediata devolución de la suma adeudada, aunque claro está la devolución iría en las dos direcciones, incluyendo lo pagado por el consumidor financiero, es decir la amortización del capital y los intereses pagados…hay que hacer cuentas.

La realidad es que al ser una cláusula abusiva, como dice el propio Supremo obligado por las circunstancias, todos los procedimientos debieran archivarse y el banco buscarse el procedimiento para cobrar el crédito sin la ejecución hipotecaria.  La clave de su abusividad viene de que el firmante no negocia un contrato hipotecario, sino que se adhiere al mismo, imponiéndole la entidad financiera todas sus cláusulas, incluyendo la del vencimiento anticipado sin posibilidad de ninguna modificación. Es un contrato impuesto en su totalidad y por lo tanto abusivo por la situación descompensada de las partes.  Además, lo dijo el Supremo en su sentencia 705/2015 de 23 de Diciembre.

No acaban aquí los manejos de nuestro afamado tribunal,  que sin vergüenza alguna quiere aplicar la ley de 15 de marzo incluso a los contratos firmados antes, aunque  en su disposición transitoria primera se diga que “ésta Ley no será de aplicación a los contratos de préstamo suscritos con anterioridad a su entrada en vigor “. Y para ello asegura que se puede  utilizar la Ley como `pauta orientativa´ para que sus criterios le sirvan al prestamista para poder reclamar el reembolso del total adeudado del capital concedido. ¡El colmo de impudicia cuando la propia Ley contempla su irretroactividad!

Toda esta situación de desprestigio de nuestras instituciones judiciales tras múltiples varapalos del TJUE llega por la no trasposición de la Directiva  93/13/CEE que se dictó en 1993 y que los estados tenían un año para incorporar a su legislación interna, en concreto hasta el 1 de enero de 1995. Pero ni Felipe González, ni los que vinieron después lo hicieron y es que a la banca española no le interesaba. Pensaban que con algunos petachos  legislativos podrían seguir con sus abusos, estafas y robos manifiestos a una sociedad sometida y en la ignorancia, con una seguridad jurídica desaparecida para favorecer los intereses de las instituciones financieras.

Los desahucios están subiendo en toda España. Lo denuncian las asociaciones de afectados por la hipoteca y el Sindicato de Inquilinas confirmándolo el CGPJ con sus estadísticas. Pero la sociedad está más preparada e informada para hacer frente a la situación. Los abogados han aprendido el camino a Luxemburgo y muchos jueces no comulgan con la actuación de las altas instancias judiciales. Además, se está creando un clima de crispación entre una gran parte de la población por el cúmulo de sentencias favorables a las instituciones financieras. Sentencias que retuercen el derecho o rizan el rizo hasta la náusea, como hace el Supremo.

No se debería olvidar que no estamos en el 2008 y que la sociedad ya sabe que la banca no es intocable y ha aprendido cómo torcerle el brazo a la justicia cuando deja de serlo. El terrorismo financiero del 2008, con centenares de miles de damnificados tiene difícil vuelta, pero lo intentará con unas ciertas posibilidades, al menos mientras las cúpulas judiciales más reaccionarias o corruptas, continúen inamovibles agarradas a sus poltronas y el PP impida su renovación.

Eduardo Lizarraga

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