Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en el 2º trimestre de 2014 se han iniciado 32.960 ejecuciones hipotecarias. Del total de ejecuciones, 19.155 son viviendas, es decir, casi el 60%, y de éstas, más del 50% son de vivienda habitual. Si comparamos estos datos con los del mismo trimestre del año pasado, constatamos como las ejecuciones hipotecarias han aumentado un 14%, a la vez que siguen aumentando respecto a los datos del primer trimestre de 2014. En total, estamos hablando de la triste cifra de 580.926 ejecuciones hipotecarias iniciadas desde 2007. Y todo ello sin contabilizar los datos relativos al alquiler, que conforman un drama creciente

La PAH acusa al Gobierno de que las cifras llegan tarde y siguen siendo incompletas e insuficientes. Además apunta los siguientes aspectos:

•Los datos del INE únicamente distinguen entre persona física y jurídica en el caso de procedimientos de ejecución hipotecaria iniciados en el trimestre, en cambio no se especifica esa distinción en las cifras de desahucios.

•No se recogen datos desglosados por criterios básicos como el perfil de las familias, si hay menores o la situación laboral.

•No se incluyen tampoco estadísticas relacionadas con la pobreza energética o el impacto en la salud que están sufriendo las personas afectadas por esta constante vulneración de los derechos humanos.

Desde la PAH se denuncia de nuevo la falta de datos cuantitativos y cualitativos referentes al procedimiento de ejecución hipotecaria y la clara intencionalidad de hacer invisible a la sociedad el drama de los desahucios y la vulneración sistemática del derecho a la vivienda y los derechos humanos por parte de las administraciones públicas. No recoger datos estadísticos de calidad es una decisión política que contribuye a hacer invisibles los problemas y disminuir su importancia social.

Con la intención de paliar esta información sesgada, la PAH presentó el año pasado el Informe de Emergencia Habitacional en el Estado español a partir de las encuestas realizadas por la gente afectada. Nuevamente, un paso por delante de las instituciones y con muy pocos recursos, desde la PAH y el Observatorio DESC se está realizando, en estos momentos, una encuesta centrada en el impacto en salud e infancia del procedimiento de ejecución hipotecaria que toda la gente afectada está rellenando.

Analizando los datos publicados hoy -conjuntamente con los datos del CGPJ y del Banco de España- se puede afirmar que 7 años después del estallido de la burbuja inmobiliaria, la emergencia habitacional en el estado español lejos de disminuir, aumenta. Las cifras constatan el incremento de los desahucios y del número de ejecuciones hipotecarias, y que nada de lo que ha hecho el Gobierno ha mejorado la situación. Sus medidas-parche son un fracaso y una falta de respeto a las personas afectadas.

Con una aval de más de 1,5 millones de firmas de la ciudadanía, que dan apoyo a las demandas de la PAH, es preciso que se apruebe la ILP. La ILP es democracia y garantía de derechos. Asimismo, desde la Plataforma de Afectados por la Hipoteca también se denuncia la falta de transparencia por parte del Gobierno en cuanto a datos de ejecuciones hipotecarias se refiere.

Mientras la emergencia habitacional y los desahucios aumentan en nuestro país, el Gobierno mira para otro lado y protege a las entidades financieras. Por ello es la PAH, como ciudadanía organizada, la que está autotutelando el derecho a la vivienda, parando desahucios, arrancando daciones, condonaciones y alquileres sociales a las entidades financieras y produciendo datos de calidad para dar luz al drama de las ejecuciones hipotecarias.