El Gobierno se prepara para aprobar, previsiblemente el próximo 30 de junio, un nuevo real decreto ley destinado a proteger a la ciudadanía y al tejido productivo español frente al impacto económico derivado de la guerra de Irán. La fecha coincide con el último Consejo de Ministros ordinario del mes de junio, en el que el Ejecutivo llevará un paquete de ayudas fiscales y económicas cuyo alcance final dependerá, en gran medida, de cómo evolucione el alto el fuego anunciado entre Estados Unidos e Irán.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelantó la noticia este miércoles durante la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso, en su habitual cara a cara con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. Sánchez explicó que el Gobierno quiere observar con detalle cómo se desarrolla la tregua antes de cerrar el contenido definitivo de la norma, y aprovechó la ocasión para reclamar al principal partido de la oposición que facilite su convalidación cuando llegue al Congreso. Según trasladó La Moncloa, el Ejecutivo ya mantiene contactos con los sectores afectados y con los grupos parlamentarios para ir perfilando el texto.

Medidas no especificadas pero con un objetivo claro

Lo llamativo de este anuncio es que, por el momento, el Gobierno no ha querido detallar qué medidas concretas incluirá el decreto. No hay cifras, no hay porcentajes de rebaja fiscal, no hay un listado de sectores beneficiados. Lo único que queda claro es la intención: amortiguar el golpe económico de una guerra que, aunque pueda darse por finalizada sobre el papel en cuanto el alto el fuego se consolide, seguirá teniendo consecuencias prácticas durante meses. El ejemplo más evidente es el de los fertilizantes, cuyo precio difícilmente bajará al mismo ritmo al que se apague el conflicto, en un mercado internacional que lleva tiempo funcionando de forma tensionada.

Esta ambigüedad inicial no es casual. El Ejecutivo prefiere dejar la puerta abierta para ajustar el contenido del decreto en función de cómo se comporten los precios energéticos y las cadenas de suministro en las próximas dos semanas, antes de comprometerse con medidas que podrían quedar desfasadas si la tregua se rompe o, por el contrario, se afianza antes de lo previsto.

Cuáles fueron las medidas aprobadas en marzo

Para entender qué cabe esperar del nuevo decreto conviene mirar al precedente más inmediato: el real decreto ley aprobado en marzo por la misma crisis, que movilizó más de 5.000 millones de euros según cifras del Ministerio de Hacienda. Aquel paquete rebajó el IVA del combustible, la electricidad y el gas del 21% al 10%, recortó el impuesto sobre hidrocarburos hasta el mínimo que permite la normativa europea y estableció una ayuda de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para determinados colectivos, entre ellos los profesionales del sector agrario.

El decreto de marzo también incluyó bonificaciones para la rehabilitación energética de viviendas, incentivos a la compra de vehículos eléctricos y ayudas para la instalación de puntos de recarga, además de mecanismos de apoyo para industrias especialmente expuestas al encarecimiento energético, como la electrointensiva, y cierta flexibilidad temporal en los contratos de suministro eléctrico y de gas.

¿Continuidad o nuevos conceptos?

La gran pregunta que sobrevuela el anuncio del 30 de junio es si el Gobierno optará por prorrogar y reforzar lo ya aprobado en marzo, o si diseñará un paquete con conceptos nuevos adaptados a esta segunda fase de la crisis. El propio calendario juega un papel relevante: varias de las medidas de marzo están venciendo precisamente ahora, así que el Ejecutivo tendrá que decidir si las mantiene tal cual, si las recupera parcialmente o si las sustituye por otras herramientas, en función de cómo evolucione tanto la tregua como su efecto sobre los precios.

El sector agroalimentario y el transporte como conceptos prioritarios

Mientras se cierra el contenido del decreto, el Gobierno ya está moviendo ficha con los sectores que considera más expuestos. La agenda oficial de La Moncloa recoge para este mismo miércoles una reunión del vicepresidente primero y ministro de Economía, Carlos Cuerpo, junto al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, con representantes del sector agroalimentario para abordar el impacto de la guerra sobre sus costes. El transporte, fuertemente dependiente de los combustibles, se perfila como el otro gran protagonista de las medidas que vendrán, en la línea de lo que ya se ensayó en marzo.

¿Para cuándo la vivienda?

Lo que de momento no aparece en el radar de este nuevo paquete es la vivienda, un sector que sigue arrastrando tensiones propias —encarecimiento de materiales, costes financieros, presión sobre el alquiler— que poco tienen que ver con Irán, pero que tampoco encuentran hueco en la agenda de ayudas energéticas. Mientras el foco se mantenga en combustibles, electricidad y agroalimentación, la vivienda seguirá esperando su turno en otro paquete, en otro Consejo de Ministros, en otra urgencia, ¡como si no la hubiera!

La norma deberá convalidarse en el Congreso

Como ocurre con cualquier real decreto ley, su aprobación en Consejo de Ministros no será el punto final: la norma deberá ser convalidada después por el Congreso de los Diputados. De ahí que Sánchez aprovechara la sesión de control para reclamar el apoyo del PP, recordando que su partido votó en contra de medidas similares en el pasado. El argumento del presidente fue tan directo como esperable: que este es, según sus palabras, el modo en que su Gobierno entiende gobernar para la ciudadanía. Falta por ver si esa apelación basta para garantizar los votos necesarios cuando el decreto llegue, de nuevo, a la Cámara Baja.