El Gobierno lleva días haciendo equilibrios sobre una cuerda floja mientras miles de inquilinos y propietarios esperan saber a qué atenerse. Este viernes se aprueba —o debería aprobarse— el decreto ley de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra en Oriente Próximo. Y en el centro del huracán, una vez más, la vivienda de alquiler como rehén de la negociación política.

La propuesta sobre la mesa del PSOE es limitar al 2% la actualización anual del precio de los alquileres firmados antes de la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, es decir, antes del 26 de mayo de 2023. No es una medida nueva ni especialmente imaginativa: ya se aplicó en 2022, vinculada a la guerra de Ucrania, y estuvo en vigor durante 21 meses. El Tribunal Supremo, en enero de este año, avaló su constitucionalidad. Así que los socialistas van sobre seguro jurídico, aunque no político.

Sumar quiere prórrogar a ultranza los contratos de arrendamiento que vencen este año

Sumar, por su parte, lleva semanas empujando por algo muy diferente: la prórroga automática de los contratos de alquiler que vencen en 2025. Hablamos de más de 630.000 contratos firmados a bajo precio en los años posteriores a la pandemia, cuando el mercado estaba deprimido y los propietarios aceptaban condiciones que hoy, con el IPC disparado y la demanda por las nubes, no volverían a firmar ni en sueños. Para Sumar, el tope del 2% es «absolutamente insuficiente» y no tiene «impacto real». Para el PSOE, es una medida proporcionada que protege a los inquilinos ante eventuales picos inflacionistas futuros. El debate, en el fondo, no es técnico. Es político.

El problema real es que cualquiera de las dos medidas supone un desajuste significativo entre las rentas pactadas y la evolución del IPC desde el inicio del contrato. Los propietarios que esperaban actualizar sus ingresos este año —y que en muchos casos llevan años con rentas congeladas o limitadas— ven cómo el Gobierno vuelve a intervenir en sus contratos. El PP, defensor acérrimo de la propiedad privada, ya está en pie de guerra. Junto a Vox, y previsiblemente Junts, tienen los votos para tumbar el decreto si este se aproxima demasiado a las tesis de Sumar.

El límite del 2% es el que se aprobó por la guerra de Ucrania

Y aquí está la clave de toda la estrategia socialista: que sean Junts y el PNV quienes se lleven el muerto. Si el decreto llega cargado de medidas de vivienda, los nacionalistas —que no ven con buenos ojos tocar los contratos de los propietarios— votarán en contra. El PSOE, entonces, podrá presentarse como el defensor de los inquilinos que fue boicoteado por la derecha y los independentistas. Un clásico.

El tribunal supremo consideró que el límite es constitucional

Pero el decreto no acaba en el alquiler. Sumar ha conseguido incorporar a la negociación la moratoria de los desahucios de familias vulnerables sin alternativa habitacional, esa medida que se perdió en el Congreso en febrero gracias a los votos del PP, Vox y Junts. El PSOE acepta incluirla, pero solo para los colectivos «supervulnerables», un concepto lo suficientemente estrecho como para que no cambie demasiado. También se han incorporado al decreto las medidas de protección a las víctimas de la Dana de Valencia, que habían quedado fuera del anterior escudo social. Algo es algo, aunque llegue tarde y con cuentagotas.

La izquierda quiere centrarse en la vivienda. El PSOE, en la energía, los fertilizantes y el transporte profesional, con una rebaja fiscal del impuesto especial de hidrocarburos. Dos agendas distintas bajo el mismo techo de coalición. Y mientras tanto, la ciudadanía mirando el calendario y preguntándose si su contrato seguirá vigente el próximo mes o si el casero le va a subir el alquiler un 10% de golpe.

¿Qué pasará este viernes con el decreto?

Lo que pasará el viernes es lo de siempre: un decreto descafeinado que no contenta a nadie, redactado a las tres de la madrugada, lleno de flecos y con la tinta todavía húmeda cuando lo presenten en rueda de prensa. Un texto que intentará sobrevivir a la votación parlamentaria con los apoyos justos y que, en el mejor de los casos, protegerá a una parte de los inquilinos más vulnerables durante unos meses. En el peor, será tumbado por una mayoría de circunstancias en la que PP, Vox y Junts coincidirán por razones completamente distintas.

Lo que resulta inadmisible es que, en plena crisis de acceso a la vivienda, con el alquiler como principal problema de calidad de vida para millones de familias, el Gobierno siga usando la vivienda como moneda de cambio en negociaciones que tienen más que ver con la aritmética parlamentaria que con las personas que no llegan a fin de mes. La solución llegará el próximo viernes. O no llegará. Pero este es nuestro augurio: llegará a medias, que en política española suele ser la peor de las opciones.