Hasta ahora todas las multas y sanciones impuestas por Comunidades Autónomas y la misma Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), han sido recurridas y ganadas por las compañías eléctricas, con Endesa e Iberdrola a la cabeza. Y en esta ocasión, aunque sea Red Eléctrica de España, seguro que pasa lo mismo. El Juzgado de turno o la audiencia los exonerará como a bebés, reduciendo la multa a una cifra ridícula o detectará algún defecto de forma en el procedimiento. Y es que ya sabemos que la justicia no es igual para todos.

Ha sido el Consejo de Gobierno de Canarias quien ha aprobado la pasada semana el decreto por el que se resuelve el procedimiento sancionador valorado en 8 millones de euros incoado a Red Eléctrica de España (REE) por el cero energético que tuvo lugar en 15 de junio de 2020 en la isla de Tenerife. De esta manera, se han valorado estos hechos como una infracción administrativa muy grave prevista en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (LSE).

El hecho sancionado, que fue un cero de tensión producida en las subestaciones de 66 kV de Granadilla, polígono de Granadilla, Arona, Chayofa, Los Olivos y Guía de Isora, tuvo su inicio a las 13.08 horas y concluyó a las 14.02 horas de dicha fecha, afectando a un total de 149.970 abonados.

En la instrucción del expediente por parte del Gobierno de Canarias se acredita que REE incurrió en  «La interrupción o suspensión del suministro sin que medien los requisitos legales o reglamentarios establecidos o fuera de los supuestos previstos legales o reglamentarios«, de lo que resulta una infracción tipificada como muy grave en el artículo 64.31 de la LSE:

El Gobierno regional ha señalado que a la vista de lo propuesto por el instructor, se considera que la sanción que se impone, por importe de 8.001.129 euros, es proporcionada, considerando que para las infracciones muy graves el rango señalado por el artículo 67.1 de la LSE oscila desde los 6.000.001 y hasta los 60.000.000 de euros. Es decir que aún existía margen.

En cuanto a la metodología seguida en la propuesta de resolución, y dado que no existe una normativa que desarrolle el artículo 67.4 de la LSE en la que se señale cómo deben ser aplicados los criterios de graduación a la hora de imponer la cuantía de la sanción, es al instructor al que le corresponde interpretar como aplicarlos.