La Guardia Civil, en el marco de la operación Lugacoll, ha detenido a dos personas e investigado a otras cinco por estafar, hurtar y robar a 85 personas mayores mediante el método del falso revisor de la luz. El grupo criminal actuaba en Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, Comunidad Valenciana, La Rioja, Madrid, Navarra y País Vasco, aprovechando la vulnerabilidad de las personas de avanzada edad.

Lo más preocupante es que este tipo de delitos no surge de forma aislada: las políticas agresivas de algunas compañías eléctricas, que delegan la gestión comercial en empresas externas sin supervisión suficiente, han creado un entorno propicio para los abusos. La presión comercial, combinada con la falta de protocolos de verificación y comunicación efectiva, deja a los consumidores, especialmente a los mayores, expuestos a engaños y fraudes que podrían haberse evitado.

Las víctimas son personas mayores atemorizadas por los delincuentes

La investigación comenzó con denuncias presentadas en febrero. Una víctima relató que dos hombres se hicieron pasar por técnicos de una compañía eléctrica, asegurando que ya habían hablado con su hija para cambiar el contador de la luz. La víctima fue engañada y obligada a pagar 900 euros, y posteriormente los estafadores sustrajeron 1.200 euros de su cuenta bancaria mediante un datáfono falso.

Otra persona denunció que, bajo la amenaza de corte inmediato del suministro eléctrico, pagó 500 euros en efectivo y acordó abonar el resto posteriormente. Gracias a la colaboración de la empleada del hogar, los investigadores identificaron a uno de los autores.

Estos casos reflejan cómo las personas mayores se convierten en objetivos ideales, manipuladas por la urgencia y la autoridad que aparentan los estafadores, un problema amplificado por la falta de comunicación clara por parte de las compañías eléctricas sobre los procedimientos oficiales de cambio de contador.

El próximo cambio de los contadores analógicos a digitales va a propiciar muchos nuevos delitos

La implantación de contadores digitales aumenta el riesgo de estafas similares. Los delincuentes utilizan la apariencia de técnicos autorizados, y las víctimas, a menudo desinformadas sobre el proceso, confían en ellos.

Este escenario demuestra la responsabilidad de las eléctricas, que externalizan servicios críticos sin garantizar medidas de seguridad y verificación claras. Sin información preventiva y protocolos de comprobación, los consumidores quedan vulnerables frente a engaños que podrían haberse prevenido.

Un modus operandi muy habitual con las personas mayores

El modus operandi era siempre similar: contacto inesperado, vestimenta formal con logotipos falsos o genéricos, creación de sensación de urgencia y exigencia de pago inmediato. Una vez dentro del domicilio, los delincuentes sustraían dinero, joyas y objetos de valor.

Incluso realizaban investigaciones previas sobre sus víctimas, llamándolas por su nombre para generar confianza y credibilidad. Esto evidencia que la externalización de servicios comerciales de las eléctricas, sin control riguroso, facilita la acción de estos delincuentes, exponiendo a los mayores a riesgos evitables.

El grupo criminal estaba formado por siete personas residentes en Valencia

La operación identificó a siete personas residentes en Valencia, con múltiples antecedentes por delitos similares. El botín supera los 100.000 euros, además de joyas, teléfonos móviles y otros bienes. Los delitos incluyen hurto, estafa, un robo con violencia y pertenencia a grupo criminal.

La investigación fue desarrollada por el Puesto Principal de Picassent, y los detenidos han sido puestos a disposición judicial, decretándose la prisión provisional para los dos arrestados.

Este caso subraya cómo la falta de regulación y supervisión en la gestión comercial de las eléctricas, combinada con la vulnerabilidad de las personas mayores, ha facilitado una ola de delitos de gran alcance por toda España, que afecta directamente a la confianza de los consumidores y a la seguridad de sus hogares.