Las compañías energéticas, que ya habían hecho cálculos de sus beneficios para este año de precios altos, sin importarles un ardite la situación de los usuarios, están viendo como esta contabilidad «en las nubes» podría verse drásticamente reducida por el aluvión de usuarios que están pasando de las tarifas de libre mercado a las TUR. Y están actuando en consecuencia incluso poniendo la venda antes de la sanción.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente informativo a las compañías energéticas ante las dificultades que están encontrando los usuarios para contratar la tarifa de último recurso (TUR) del gas, mucho más barata que las ofertas del mercado libre.
La secretaria de Estado de Energía del Ministerio para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha explicado que las comercializadoras de último recurso ha trasladado al Gobierno que se está produciendo una «avalancha de solicitudes«, tanto de comunidades de propietarios (que desde la semana pasada pueden acogerse) como de clientes con un consumo inferior que hasta ahora no se habían acogido. Y que el proceso se está dilatando por no estar diseñado al efecto.
Fuentes de la CNMC confirman que «se están enviando requerimientos» a las comercializadoras de último recurso «para ver cómo están atendiendo las solicitudes«. En concreto, se están analizando los tiempos de espera y los servicios dedicados a la atención al cliente para ver cómo lo hace cada una de esas empresas. La TUR está reservada a filiales de cuatro compañías: Naturgy, Iberdrola, Endesa y Totalenergies.
La semana pasada, la presidenta de la CNMC, Cani Fernández, dio a entender que la situación estaba encauzada y que Competencia había comprobado que las compañías estaban esforzándose en ampliar sus canales de atención al cliente y atender la avalancha de llamadas para pasarse a esa tarifa, no existiendo en principio trabas intencionadas para este cambio tarifario.
La situación viene producida porque se están constatando «movimientos masivos» de los consumidores hacia la tarifa regulada del gas, que desde hace un año tiene las subidas limitadas por ley y que el Gobierno acaba de reforzar, al incluir en ella a las comunidades de vecinos, dotando fondos públicos para compensar a las comercializadoras por esa intervención de precios. Solo hasta finales de 2023, el coste de esas ayudas públicas va a ser de 3.000 millones de euros. Según la asociación de consumidores FACUA, el recibo del gas natural puede llegar a ser hasta tres veces más caro para los usuarios con tarifas del mercado libre, frente a los que tienen contratadas la TUR. En concreto, el mercado libre es entre un 112% y un 245% más caro.
En los últimos días, los usuarios han soportado largas esperas al teléfono de atención al cliente de las comercializadoras que ofrecen esta modalidad tarifaria, que es mucho más barata que las ofertas del mercado libre.
