La deficiente política hipotecaria del Gobierno español continúa en el objetivo del Parlamento Europeo. Mientras la semana pasada fue la concesión del premio Ciudadano Europeo 2013 a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), la llamada de atención de esta semana llega por un informe sobre vivienda social que el pleno de la Cámara tiene previsto aprobar mañana. El documento, que ya obtuvo el sí de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales de la Eurocámara en abril, incluye una serie de recomendaciones, entre las que se incluye la petición de que la normativa europea “incluya procesos de renegociación de la deuda o la dación en pago para los deudores o familias en situación de quiebra». Que es justo lo que el PP no quiere.

 

Este documento no tiene implicaciones legales, pero sí una fuerte carga política en países como España, en los que en los últimos años decenas de miles de familias han perdido su casa por impago. Muchos de estos desahuciados siguen adeudando parte de la cantidad pedida al banco, y lo pueden hace de por vida en una carga imposible de resolver y que impedirá su vuelta a la sociedad. Y, pensando en este colectivo, el informe pide a los Estados miembros “que impidan que las familias desahuciadas sigan teniendo que devolver sus créditos hipotecarios”.

 

El galardón de la Eurocámara a la PAH ya ha capitalizado el enfado del PP; desde Carlos Iturgaiz, que llegó a comparar a la PAH con una organización terrorista la semana pasada, hasta Esperanza Aguirre que hoy ha manifestado perlas como que «las instituciones europeas están alejadas de los ciudadanos», «que sobran» y que «el PP dispone de una gran superioridad moral sobre la PAH». Precisamente Carlos Iturgaiz ha exigido que se revoque el premio a una organización que reclama la dación en pago con carácter retroactivo para los deudores que se hayan quedado sin su residencia habitual. Que es justo lo que se puede aprobar en la Eurocámara.

 

 Este documento ha sido redactado por la diputada ecologista francesa Karima Delli. El apartado más polémico, añadido a propuesta del socialista español Alejandro Cercas, pide a la Comisión Europea y a los Estados miembros que “aborden la solución del drama social que plantea la pérdida de la vivienda para los más afectados por la crisis y el desempleo”. El texto recuerda también que los desahucios “se producen en un contexto de grandes ayudas públicas destinadas al saneamiento del sistema financiero europeo”.

 

Esta iniciativa del Parlamento llega varias semanas después de que el Banco Central Europeo pidiera al Gobierno español “un conjunto de medidas más amplio que aborde las causas subyacentes de las dificultades relacionadas con las hipotecas y que trate de evitar, en la medida de lo posible, las ejecuciones hipotecarias”.

 

Pero el mayor revés a la ley hipotecaria llegó el pasado mes de marzo, cuando el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó que la normativa española violaba la directiva europea de protección a los consumidores, de obligado cumplimiento por todos los Estados miembros. Con este paso se abrió la puerta a que cualquier juez español pueda paralizar de forma cautelar un desahucio para ver si hay cláusulas abusivas y anular el contrato entre el banco y el hipotecado.

 

Organizaciones como la PAH piden que la dación en pago se aplique con efectos retroactivos, algo a lo que se opone el Gobierno argumentando que causaría perjuicios a la banca. De esta manera muestra muy a las claras cuáles son sus prioridades.