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Beneficio histórico a costa del Estado y los consumidores

Aparecían en prensa hace unas semanas los resultados de Iberdrola en el 2018, que eran espectaculares, nada más ni menos que un beneficio neto de 3.014 millones de euros en 2018, es decir, un 7,5% más que en el año precedente. El ebitda ascendió a 9.349 millones de euros, un 27,7% más que en el 2017. Como resultado de estas cifras la cotización de la eléctrica sube un 1,30%. Y como no podía ser menos se produce una propuesta de dividendo de 7,7%, hasta 0,351 euros por acción. De esta manera se consolida y fortalece la posición del primer ejecutivo, Sánchez Galán, que se quedará al frente del grupo otros cuatro años, dejando muy a las claras que ni la ética ni la moralidad importan, sino tan sólo los beneficios. Sean cuales sean los modos de obtenerlos y se vacíen los bolsillos de quien corresponda, que siempre seremos los consumidores, ya sea directamente por nuestra tarifa, ya por medio de subvenciones u otras prebendas estatales.

Iberdrola, la gran eléctrica de España, dirigida por el ejecutivo mejor pagado del país, que en 2018 cobró nada menos que 9,5 millones de euros, almacena en su haber, además de esos espectaculares beneficios, un conjunto de actividades delictivas y mafiosas tendentes a regular el mercado a su antojo, nutrirse de subvenciones y exprimir a los consumidores con una de las tarifas de luz de más caras de Europa.

De momento, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil estrecha el cerco sobre Iberdrola, a la que lleva tiempo investigando por sospechar que la compañía eléctrica manipuló los precios del mercado eléctrico en 2013. La UCO ha presentado dos nuevos informes en los que acusa a Iberdrola de cerrar intencionadamente sus embalses en el otoño de aquel año para encarecer los precios de producción de energía hidráulica y generar así un incremento de las tarifas.

Los informes de la UCO acreditan que “el nivel que alcanzaron los precios durante las tres semanas en las que se concentraron las presuntas prácticas irregulares de Iberdrola—entre el 30 de noviembre y el 23 de diciembre de 2013— carecía de la lógica más elemental”. Esta manipulación de los precios del mercado eléctrico afectó no sólo a los consumidores, sino también a las empresas comercializadoras, sobre todo, a aquellas que no pudieron repercutir la subida a sus clientes porque, en base a sus previsiones, habían pactado con antelación un precio muy inferior al que finalmente marcó el mercado. Las pérdidas para las comercializadoras fueron de 31 millones de euros.

La Audiencia Nacional investiga este caso, tomándose su tiempo, en concreto el récord que alcanzó el precio de la luz el 18 de diciembre de 2013, justo un día antes de que se celebrara la subasta en la que se debía fijar la tarifa que pagarían los pequeños consumidores durante los siguientes tres meses. El precio subió tanto que el Gobierno de Mariano Rajoy se vio obligado a suspender la subasta e intervenir el precio. En consecuencia de lo cual la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia contra los responsables de Iberdrola, que aún no se si es Sánchez Galán o un conserje , ya jubilado, que pasaba por allí por un “delito contra el mercado y los consumidores».

También ha sido la Audiencia Nacional la que ha condenado a Iberdrola por quemar gas para ganar subvenciones a las renovables, rechazando el recurso de la eléctrica contra una resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que en marzo de 2016 obligó a la eléctrica a devolver 12,3 millones de euros en primas cobradas entre 2009 y 2011 por su única planta termosolar, situada en el municipio de Puertollano (Ciudad Real).

La sentencia rechaza que los “problemas técnicos” de la central “deban ser cofinanciados” por el régimen vigente en aquel periodo de tiempo para incentivar las energías denominadas limpias. La subvenciones cobradas por Iberdrola las pagaron los consumidores en su recibo de la luz.

Pero no son éstas las únicas subvenciones que recibe esta eléctrica y las demás, y es que hay cifras que se suelen olvidar, como los 800 millones de euros al año con que el Estado subvenciona a las centrales eléctricas. La organización ecologista Greenpeace denunció en su momento que en los últimos 20 años el Estado español ha subvencionado con unos 18.000 millones de euros a las eléctricas por diferentes conceptos –de algo tienen que servir los ex políticos de sueldos astronómicos que se sientan en sus Consejos de Administración.

Así, desmenuzadas por conceptos, reciben las subvenciones denominadas “Pagos por capacidad” que pagan las instalaciones construidas para asegurar unas perspectivas de consumos que nunca se han cumplido y que se otorgan produzcan o no energía en esas centrales. En el principio de los abusos, con Aznar al timón, las centrales recibieron unos 10.000 millones de euros en concepto de “Garantía de potencia“. Con José Luis Rodríguez Zapatero esas ayudas pasaron a denominarse “Pagos por capacidad“.  Su gobierno socialista empezó a pagar unas subvenciones para resarcir a las compañías eléctricas de las inversiones realizadas —los llamados “Pagos por nuevas instalaciones”, que han supuesto 3.600 millones de euros hasta 2017— a la que posteriormente se añadió otra ayuda, el “Pago por disponibilidad”, que,  sirve para garantizar el suministro y “compensar a las plantas de carbón, gas, fuel y nuclear (además de las hidroeléctricas) por estar disponibles”. Han sido 1.000 millones de euros del erario público entre 2011 y 2017. Lo dicho, mucho consejero del PP y del PSOE…

Otra subvención al mantenimiento de la producción de carbón nacional, las llamadas “Restricciones por Garantía de Suministro o RGS” supusieron 2.800 millones entre 2011 y 2014. A ellas hay que sumar  las ayudas a las centrales para que contaminasen menos de lo que marca la ley, el “Pago por inversión medioambiental”, otros 490 millones entre 2007 y 2017. Existe otro pago al sector que pagamos entre todos, el de “Interrumpibilidad“, que no va destinado a las centrales eléctricas, pero son 500 millones al año para las grandes industrias consumidoras de electricidad a cambio de que cesen su producción en los momentos en los que pudiera haber un déficit de suministro. Cosa que no sucede nunca, ya que en España existe un 30% más de capacidad de generación eléctrica de la necesaria para garantizar la cobertura en los picos de demanda.

Con todo esto, entra dentro de la lógica que los beneficios de las empresas eléctricas estén entre los más altos de Europa y que dupliquen a los de sus homólogas europeas. Para el Observatorio de Sostenibilidad son las eléctricas que más CO2 emiten a la atmósfera y las que gravan al consumidor con los precios más altos, ya que reaccionan a cualquier contingencia, como un periodo de sequía, subiendo las tarifas. Acción ésta que consigue que la pobreza energética afecte ya a cerca de 4 millones de españoles.

Y en el escalón más bajo de los beneficios eléctricos, pero no el más desdeñable, están los constantes abusos que la actuación al margen de la Ley de estas empresas hacen todos los días contra los consumidores. Y que aunque son sancionadas por ellos en muchas ocasiones, siempre lo hacen en el rango mínimo, con lo que les compensa seguir infringiendo. Por ejemplo, la sanción de 600.000 euros que la Comunidad de Madrid impuso a Iberdrola por ocultar información sobre los procedimientos que siguió en dicha región durante 2010, para cortar el suministro eléctrico por impago a usuarios acogidos a la tarifa regulada (actual PVPC), en aquel momento mayoritaria entre los consumidores.

Y cuando no se les impone la sanción mínima, consiguen una sustancial rebaja, como cuando entre 2009 a marzo de 2010, Iberdrola traspasó clientes sin su consentimiento – a ver qué otra empresa se atreve- desde la comercializadora de último recurso de su grupo hasta la comercializadora en mercado libre. Sin embargo, lo hizo sin recabar el consentimiento expreso del consumidor, exigido por la normativa sectorial, por lo que fue denunciada por Gas Natural y Unión Fenosa por competencia desleal y sancionada por la CNC en 2012. La Administración ni denunció ni participó en nada.

La multa de 10.685.000 euros que la entonces Comisión Nacional de Competencia (hoy Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) impuso a la compañía por una práctica fraudulenta quedó rebajada a tan sólo 5,3 millones de euros, o lo que es lo mismo, 19,8 euros por afectado, lo que es clara muestra de lo rentable que es delinquir para estas grandes empresas. Habría que cuantificar cuántas de las ganancias de Iberdrola se deben a prácticas fraudulentas y abuso de posición frente a los consumidores.

Pero en esto de pasar clientes y contratos a tarifas más caras no es Iberdrola la única experta. Hace una semana, Facua ha denunciado a Endesa Energía ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), por un fraude publicitario con el que intenta confundir a los usuarios -Energía al mejor precio- para evitar que vuelvan a contratar las tarifas semirreguladas o accedan al bono social a través de su comercializadora de referencia, Endesa Energía XXI.

En la oferta, el término de potencia es exactamente el mismo que con la tarifa semirregulada (PVPC). En cuanto al precio del kWh, son 15,2492 céntimos (11,9893 más impuestos), un 4,9% por encima de los 14,5433 céntimos (11,4343 más impuestos) que ha representado la tarifa media PVPC de los primeros 21 días de marzo. Evidentemente, la diferencia al alza se dispara si se compara esta tarifa de mercado libre con el precio que pagan los usuarios acogidos al bono social.

La actuación de Facua responde a una denuncia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) advirtiendo que estas compañías hacen cambios en los contratos sin consulta previa, como variaciones en los precios fijos de los mismos antes de que finalicen o su prórroga. Concretamente, el supervisor advierte de que ante el escenario de precios elevados registrado en el mercado mayorista durante 2018, recuerda que los contratos con consumidores en baja tensión no pueden ser rescindidos por la compañía unilateralmente, antes de la finalización del plazo del primer año o de la finalización de sus prórrogas, también anuales

Desde la actuación  del Gobierno Aznar en 1998, imponiendo control de las tarifas para no perjudicar el IPC y asumiendo el déficit, las eléctricas chantajean de forma constante al Estado con ese déficit. Por lo tanto, se hace necesaria una auditoría del déficit de tarifa y un cambio legal para prohibir que las eléctricas fichen a expresidentes, exministros y otros altos cargos gubernamentales y que los gobiernos incorporen como altos cargos a exconsejeros de estas compañías. Sus sueldos los pagamos nosotros.

Eduardo Lizarraga

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Eduardo Lizarraga
Periodista Económico CEO en www.aquimicasa.net
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