El consenso que el Gobierno daba por cerrado en materia de vivienda ha durado lo que tarda en enfriarse la tinta de la firma. Varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular han decidido recurrir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 ante los tribunales, apenas días después de haber votado a favor del texto en la Conferencia Sectorial de Vivienda. El movimiento abre un nuevo frente político y judicial que, como viene siendo habitual en todo lo que rodea a la política de vivienda en España, tendrá un único perdedor claro: quien necesita un techo para hacer su vida.

El plan, aprobado el pasado 11 de junio, aspira a movilizar 7.000 millones de euros para políticas de vivienda durante el próximo quinquenio. El Estado aportará el 60% de esa cifra y el 40% restante corresponderá a las comunidades autónomas, lo que en términos concretos supone que regiones como Andalucía tendrán que poner 478,8 millones de euros y Madrid, 445,2 millones. Hasta hace muy poco, el texto se presentaba como un ejemplo de acuerdo entre administraciones. Esa imagen ha quedado pulverizada.

Madrid, Andalucía, Extremadura y Cantabria presentarán recursos judiciales

Las primeras en mover ficha han sido la Comunidad de Madrid y Extremadura. El Gobierno madrileño ha confirmado la presentación de un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo. En el caso de Extremadura, presidida por María Guardiola, se han iniciado dos requerimientos previos, uno ante el Tribunal Constitucional y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, paso previo a la impugnación formal. Andalucía, por su parte, ha anunciado un requerimiento al Consejo de Ministros para modificar varios artículos del plan. Cantabria se suma también al grupo de autonomías que han mostrado su intención de recurrir la norma. Fuentes conocedoras del proceso apuntan a que hasta seis comunidades gobernadas por el PP trabajaban ya en la preparación de sus impugnaciones antes de que venciera el plazo, fijado para este martes.

Lo llamativo del asunto es el calendario. Las mismas comunidades que votaron a favor del plan en la Conferencia Sectorial, firmaron el acuerdo y esperaban el primer desembolso previsto para julio, son ahora las que acuden a los tribunales. Pocas veces se ve con tanta claridad cómo funciona la política española: primero se recogen los millones y después se barena el barco.

La invasión de competencias autonómicas, argumento central de los recursos

El principal argumento esgrimido por las comunidades recurrentes es la invasión de competencias. Tanto Madrid como Extremadura y Andalucía sostienen que el texto interfiere en ámbitos que el ordenamiento jurídico reserva a las autonomías, concretamente en la gestión y ejecución de las políticas de vivienda. Según los gobiernos populares, el plan detalla con demasiada exhaustividad cómo deben aplicarse los programas, lo que equivale, a su juicio, a dirigir desde Madrid lo que debería decidirse en cada comunidad.

La portavoz de Vivienda del PP en el Senado, Paloma Martín, va más lejos y denuncia que el programa fue elaborado «de espaldas a las comunidades» y que las alegaciones presentadas por los técnicos populares durante la tramitación no fueron incorporadas al texto final. Afirma también que las comunidades se ven obligadas a multiplicar por seis su aportación cuando el Estado solo la dobla, lo que considera un esfuerzo económico «absolutamente desproporcionado».

La protección permanente de la vivienda pública, el punto más conflictivo

Hay otro frente que irrita especialmente al PP: la obligación de mantener la protección permanente de las viviendas construidas con fondos del plan, de modo que nunca puedan pasar a manos privadas ni ser objeto de especulación. Esta medida, que el Gobierno defiende como una garantía esencial para que el dinero público cumpla su función social, es precisamente lo que el PP considera inaceptable.

Paloma Martín recuerda que el Tribunal Constitucional ya se pronunció en el pasado sobre este tipo de blindaje y que, según su interpretación, fue considerado problemático desde el punto de vista jurídico. Lo que no dice la portavoz popular, aunque no hace falta mucha perspicacia para intuirlo, es que detrás de ese rechazo existe un modelo económico que históricamente ha tratado la vivienda pública como un activo susceptible de ser transferido al sector privado. Demasiado dinero en juego para el sector constructor-promotor como para dejarlo fuera de la ecuación.

El Ministerio de Vivienda niega cualquier invasión competencial

El Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, ha respondido con dureza. Desde el departamento defienden que el plan cuenta con el aval del Consejo de Estado y que el Gobierno se limita a ejercer el rol de planificador que le otorga la Ley de Vivienda. Niegan categóricamente que exista invasión competencial alguna y acusan al PP de escudarse en ese argumento para no decir claramente cuál es su objetivo: «generar ruido, complicar las soluciones y, entretanto, seguir especulando con la vivienda pública».

El Ministerio lanza además una pregunta incómoda a las comunidades recurrentes: si al impugnar el plan están también renunciando al primer desembolso previsto para el mes de julio. No es un detalle menor. Recurrir el plan y cobrar el dinero simultáneamente es, como mínimo, una postura difícil de sostener con coherencia.

Un choque político en el que todos perdemos

La batalla que se abre ahora en los tribunales tiene un recorrido previsible y lento. Los recursos ante el Tribunal Supremo y el Constitucional pueden prolongarse durante años, tiempo en el que la aplicación del plan quedará, en el mejor de los casos, en un limbo de incertidumbre jurídica. Las comunidades que recurran tendrán dificultades para ejecutar los programas mientras sus propias impugnaciones estén vivas. Y mientras los abogados trabajan y los magistrados deliberan, las listas de espera para acceder a una vivienda asequible seguirán creciendo.

Hay algo profundamente grotesco en esta situación. Un plan que fue aprobado por unanimidad, con el que todas las partes posaron para la foto del acuerdo histórico, se convierte en objeto de litigio judicial semanas después. No porque la norma haya cambiado, sino porque la política española funciona así: primero el consenso, luego la confrontación, siempre el bloqueo. El problema de fondo, el acceso a la vivienda de millones de personas, queda reducido a munición electoral.

El Ministerio de Economía, según apunta el PP, ha advertido en sus informes de que algunos criterios del plan —como los umbrales de renta de los beneficiarios, que podrían alcanzar a tres millones de personas cuando la capacidad real del programa es de 65.000— generan distorsiones y podrían incluso contribuir a que los precios de la vivienda y el alquiler continúen subiendo. Si eso es cierto, estaríamos ante un plan que necesita ajustes. Pero la vía judicial no es el lugar para hacerlos; es simplemente la manera más eficaz de paralizarlo todo y no tener que dar explicaciones a nadie.

Al final, como casi siempre en la política de vivienda española, el único que pierde con claridad es el que no puede permitirse pagar el alquiler este mes.