La vivienda en España se ha convertido en una pesadilla demasiado real para millones de personas, mientras las administraciones autonómicas siguen jugando a redactar Planes de Vivienda para dentro de tres o cuatro años como quien diseña un folleto turístico. La urgencia es hoy, no en 2027. Pero da igual: la maquinaria política sigue funcionando con su propio calendario paralelo, desconectado de quienes buscan techo cada día. El drama de la vivienda es estructural, sí, pero también inmediato, y lo sorprendente —o lo indignante— es que quienes deberían aportar soluciones han decidido convertir este problema nacional en un escaparate de ideología, competencia territorial y marketing político. Como si miles de jóvenes, familias, trabajadores precarios y gente corriente pudieran esperar viviendo en el parque.

Si la vivienda está ahora en el centro del discurso político no es por visión ni responsabilidad: es por miedo. Miedo a una opinión pública harta, enfadada y consciente de que el acceso a una vivienda digna se ha convertido en un lujo. El CIS ha puesto el tema en lo alto de la lista de preocupaciones y, de repente, todos los partidos se han apresurado a descubrir términos que hace un año ni pronunciaban: asequible, protegida, a precio tasado, pública. Que las hayan entendido o no, es otro asunto, pero suenan bien y llenan titulares. Es el nuevo diccionario del oportunismo.

Las comunidades autónomas, cada una desde su trinchera ideológica, compiten para ver quién saca el plan más ambicioso… de aquí a varios años; mientras tanto, los precios son ya los más altos de la historia, el alquiler turístico engulle barrios enteros, la vivienda protegida es prácticamente residual y la vivienda social apenas representa un 3,4% del parque total, la mitad que la media europea. Con estos datos, lo lógico sería esperar un frente común entre Estado, autonomías y ayuntamientos, remando en la misma dirección. Lo lógico, claro. Pero en España lo lógico se ignora y nos gusta la guerra de guerrillas… cada uno por su cuenta.

La opinión pública fuerza a los políticos a hacer algo sin saber qué

La rapidez con que los discursos políticos han girado hacia la vivienda es casi sospechosa. Cuando el CIS dice que la ciudadanía está preocupada, los partidos reaccionan como si hubieran descubierto el bálsamo de Fierabrás para la próxima cita electoral. En cuestión de días, comunidades donde la vivienda social se consideraba un lastre presupuestario y donde la prioridad era facilitar recalificaciones y promociones de lujo han pasado a hablar de “protección”, “accesibilidad” y “alquiler asequible”.

La ironía es evidente: quienes llevan décadas contribuyendo a este modelo insostenible ahora se presentan como salvadores. Y lo hacen sin tener ni idea de qué proponen, pero con la seguridad de que las palabras mágicas funcionan en campaña. La vivienda social, eso que durante tanto tiempo fue “política de pobres”, ahora es tendencia. Y cuando algo se convierte en tendencia, ya se sabe: el postureo supera al contenido.

La carrera entre las Comunidades es grotesca:

• planes autonómicos que se pisan con el Plan Nacional;

• anuncios de miles de viviendas que nadie sabe quién, cuándo o cómo construirá;

• promesas de simplificación burocrática que en realidad significan facilitar el negocio a grandes operadores;

• o el clásico: “sacaremos suelo público para que la iniciativa privada construya más rápido”, lo que en la práctica suele significar regalar suelo a fondos y constructoras para que hagan negocio asegurado.

Los Planes de Vivienda menudean pero carecen de enfoque social

Este auge improvisado de planes autonómicos revela una carrera absurda por demostrar quién puede competir con el Plan Nacional o quién puede anunciar más viviendas en PowerPoint. El problema es que, en la mayoría de casos, esos planes están vacíos de enfoque social y llenos de ideología y favores económicos.

En el lado más liberal, los planes consisten en: suelo público convertido en negocio privado, supresión de controles, externalización de responsabilidades y fe ciega en que el mercado “ya encontrará el equilibrio”.

En el lado más intervencionista, se pide control, regulación, zonas tensionadas y mayor protección del inquilino, pero casi todos los gobiernos olvidan el detalle fundamental: el drama es ahora.

Mientras los políticos juegan a diseñar el futuro, hay gente durmiendo en habitaciones alquiladas a precio de oro, parejas desplazadas de sus barrios y familias enteras viviendo en pisos que no pueden pagar. Pero claro, solucionar eso no luce en el BOE ni da votos tan rápido como anunciar 20.000 viviendas… que quizá nadie llegue a ver, pero ya habrán pasado las elecciones.

Lo más grotesco es comprobar cómo algunas viviendas “protegidas” superan los 300.000 euros, y encima se liberan a los siete años, como ocurre en Sevilla. Una protección exprés que dura menos que un gobierno autonómico.

Las zonas tensionadas: abominación para propietarios, esperanza para inquilinos

Las zonas tensionadas son otro ejemplo de cómo se legisla según quién grite más. Para el lobby inmobiliario, para ciertos medios y para portales que todos conocemos, son una aberración soviética que destruirá la oferta. Para quienes pagan un alquiler que sube cada año un 20%, son la única tabla de salvación.

Mientras se demoniza la experiencia catalana, se silencian los datos que muestran que ha ayudado a moderar precios. Ahora Navarra y Euskadi van por el mismo camino, y ya veremos cuánto tardan en decretar que sus datos tampoco valen. Denis Itxaso lleva camino de convertirse en Collboni con txapela.

La ideología ha convertido una herramienta técnica en un arma arrojadiza. Y mientras se discute, la gente sigue sin casas y sin esperanzas.

La crisis de la vivienda viene de lejos y se acentúa por su crecimiento de precio frente a los salarios

No hace falta que Gabilondo lo diga —aunque lo ha dicho contundentemente— para entender que este problema es antiguo y se ha ido agravando a fuerza de mirar para otro lado. La vivienda ha subido infinitamente más que los salarios, los jóvenes tienen menos poder adquisitivo que sus padres, los alquileres turísticos han dinamitado barrios y el parque público de vivienda es tan escaso que es casi anecdótico.

El dato más demoledor es este: un 30,6% de los inquilinos dedica más del 40% de sus ingresos al alquiler, diez puntos por encima de la media europea. Eso no es mercado: es abuso.

Y aun así, hay comunidades que insisten en que la solución es construir más dentro de varios años, como si el tiempo jugara a favor del ciudadano.

Gabilondo ante la Comisión Mixta del Congreso expuso lo que muchos no quieren ver

La intervención del Defensor del Pueblo ha sido un torpedo a la línea de flotación del discurso oficial que tantas administraciones repiten. Gabilondo ha hablado claro, sin adornos, y lo ha hecho en un momento en el que muchos preferían seguir instalados en la comodidad del autoengaño. Su comparecencia ante la Comisión Mixta del Congreso fue un baño de realidad que algunos medios —curiosamente los más cercanos al sector inmobiliario— han preferido ignorar.

Ha dicho algo que parece revolucionario en este país: que el interés general debe primar. Que el acceso a la vivienda es un derecho constitucional. Que las administraciones deben coordinarse. Que no se pueden destinar millones a ayudas que llegan tarde o nunca.  Y que las viviendas protegidas deben serlo siempre, no solo hasta que un promotor decide que ya ha pasado suficiente tiempo.

Pero quizás lo más significativo ha sido su crítica a la opacidad. Pidió información a todas las administraciones: solo respondió una parte. Que una comunidad autónoma ni siquiera sea capaz de decir cuánta vivienda pública tiene debería ser un escándalo. Pero España ya se ha acostumbrado a vivir sobre escándalos normalizados.

Limitar los alquileres turísticos

Los alquileres turísticos se han convertido en ese invitado que nadie reconoce como culpable, pero que se ha bebido todas las copas y roto la vajilla. Están detrás del encarecimiento de barrios enteros, de la expulsión de residentes y de la turistificación descontrolada. Y aun así, algunos gobiernos los protegen con entusiasmo, mientras Canarias, Baleares y Barcelona ya han visto las orejas al lobo y han empezado a actuar.

Madrid, por supuesto, sigue apostando por su modelo: barra libre para las plataformas, que ahora podran colonizar edificios enteros, y si los vecinos no pueden vivir en su barrio porque el precio es imposible… que se muden.

Aplicar la Ley de Vivienda

La Ley Estatal de Vivienda se ha convertido en otro campo de batalla ideológico. Hay comunidades que se niegan a aplicarla porque molesta a los propietarios, otras la manipulan y otras la ignoran. El resultado es el mismo: el inquilino siempre pierde.

Aplicarla con rigor sería un primer paso para frenar subidas abusivas, declarar zonas tensionadas, movilizar vivienda vacía y reforzar el parque público. Pero aquí se actúa según a quién se quiera contentar o mejor aún, a quien se le quiera meter el dedo en el ojo, no según lo que necesita la ciudadanía.

Colaboración entre administraciones

La descoordinación es tan absurda que parece deliberada. El Estado va por un lado, las comunidades por otro y los ayuntamientos improvisan como pueden. En vez de un plan nacional, tenemos 17 planes distintos, 8 contradicciones por comunidad y 300 inercias burocráticas. La vivienda no entiende de fronteras autonómicas, pero la política española sí.

Actuar en el corto plazo

La vivienda se construirá, sí, pero las emergencias habitacionales no pueden esperar tres años. La respuesta debería ser inmediata: ayudas rápidas, control de abusos, vivienda vacía movilizada, alquiler social garantizado y control real sobre el turismo residencial. No medidas para siempre, pero sí hasta que la situación cambie.

Pero eso exige valentía política. Y la valentía en la política, salvo excepciones, brilla por su ausencia.

Construir vivienda asequible y que permanezca protegida

El Defensor del Pueblo, cumpliendo con su papel institucional, lo dijo alto: la vivienda protegida no puede convertirse en un bien especulativo. No tiene sentido que el Estado o las comunidades inviertan millones en vivienda pública para que termine en el mercado libre al cabo de unos años. Eso no es política social: es regalar patrimonio colectivo.

Muchas administraciones no le facilitaron sus datos

La falta de transparencia es, quizá, lo más grave. Si una administración ni siquiera sabe cuánta vivienda tiene, cuánta necesita o cuánta construirá, ¿cómo puede plantear soluciones? La respuesta es sencilla: no puede. Pero eso nunca les ha impedido anunciar planes grandiosos.

La vivienda no puede ser el negocio de unos pocos

España vive una crisis de vivienda que exige altura política y lo que recibe es competición ideológica. Exige coordinación y recibe planes inconexos. Exige medidas urgentes y recibe proyectos a tres años vista. Exige proteger a los ciudadanos y se protege, una vez más, a quienes siempre ganan con cualquier modelo.

Si la política de vivienda sigue siendo un tablero donde cada comunidad juega su propia partida, sin datos, sin valentía, sin prioridades sociales y pensando solo en votantes afines y actores económicos bien conectados por delante y por supuesto, por detrás, lo único que consigue es agravar el drama.

La vivienda no puede ser un negocio para unos pocos ni un eslogan vacío para los demás. Debe ser un derecho efectivo. Y hasta que las administraciones no actúen hoy, con medidas reales, coordinadas y valientes, todo lo demás seguirá siendo ruido. Un ruido muy caro, eso sí, pagado con dinero público, incluso el de aquellos que ya no pueden pagar su propia casa.