Vamos a unas elecciones generales forzadas por un modelo de vivienda que ha terminado por reventar, y lo hacemos escuchando a los de siempre prometer lo de siempre. Uno promete un millón de viviendas, que casualmente es la cifra que según el Banco de España necesitaremos de aquí a 2030. Otro propone echar a unos cuantos millones de personas para que salgan las cuentas de la demanda, sin explicar quién recogerá la fruta, servirá las cañas, cuidará de nuestros mayores o pondrá los ladrillos de ese millón de pisos. El resto, con el Gobierno a la cabeza, se pelea por los decretos como quien discute el color de las cortinas mientras arde la casa 🔥. Y mientras tanto, la vivienda ya es el primer problema de España para el 37,5% de los ciudadanos según el Barómetro del CIS de septiembre, muy por delante de la economía y de la inmigración. Hace años eran estadísticas. Ahora está en la calle.

El problema tiene dos velocidades. La de fondo se resuelve construyendo, vivienda pública y libre, con planificación y sin trampas. Pero el sector levanta hoy poco menos de 100.000 viviendas al año y no tiene mano de obra para más, así que el millón prometido llegará, con suerte, cuando los que hoy tienen 25 años estén pensando en la jubilación. La de corto plazo es la que abrasa: millones de personas hacinadas, jóvenes compartiendo habitación a los 35 y más de un centenar de candidatos peleando por cada piso que sale al mercado. Para eso nadie trae soluciones, y lo que es peor, muchos ni siquiera parecen entender la pregunta.

Políticos que nunca han buscado piso

Hay algo profundamente revelador al escuchar a ciertos dirigentes hablar de alquiler. Se les nota que no han buscado piso en su vida, que nunca han mandado veinte correos un domingo para recibir cero respuestas, que no saben lo que es enseñar tres nóminas, un aval bancario y el certificado de bautismo para que les digan que el piso ya está cogido. Muchos han encadenado cargo tras cargo, despacho tras despacho, sin salir nunca del cálido abrigo de la nómina pública, y desde ahí arriba opinan sobre un mercado que solo conocen por los informes que les resumen sus asesores. Así salen las propuestas: unas son de una ingenuidad conmovedora y otras de un cinismo que roza lo artístico.

Las mentiras, porque las hay, se reparten con generosidad. Se dice que el problema son los okupas, cuando España tiene 3,8 millones de viviendas vacías según el último censo del INE. Se dice que basta con derogar los decretos del Gobierno para que la oferta florezca, como si esos millones de pisos vacíos fueran a salir al mercado al día siguiente por arte de magia. Y se dice que no hay viviendas, cuando hay más de 26 millones para unos 19 millones de hogares: 1,4 viviendas por hogar, frente al 1,2 de la media europea. No es que falten casas. Es que faltan casas donde y para quien hacen falta, a un precio que se pueda pagar por el asalariado de este país.

133 interesados por piso y la trampa de la estadística que baja

Según el último Barómetro del Alquiler de la Fundación Alquiler Seguro, correspondiente al tercer trimestre de 2026, cada vivienda en alquiler recibe de media 133 interesados en sus primeros diez días. El mercado se considera equilibrado con 15. En Barcelona son 401, en Vizcaya 179, en Baleares 159 y en Madrid 120. Habrá quien celebre que el dato baja respecto a los 143 del trimestre anterior, y ahí está la trampa: el propio Observatorio advierte de que el descenso puede deberse a que mucha gente se ha pasado al alquiler de habitaciones, se ha ido a otra provincia o, sencillamente, ha tirado la toalla. No es que haya menos demanda. Es que hay más desesperados que han dejado de contar en la estadística. Un éxito de gestión, sin duda 👏.

Mientras tanto, la oferta de alquiler sigue encogiendo. El mercado pasó de 717.338 viviendas en 2024 a 683.920 en 2025, y para este año se proyecta que se quede en 676.215, otras 7.705 menos; ¿cuantas se habrán vendido?. Si alguien buscaba la explicación del problema en esas siete mil viviendas que ya no están, que haga las cuentas: lo que falta no son las que se van, sino las que nunca se construyeron, las que están vacías y las que se dedican al turismo.

Un casting completo para cada piso

Con cien candidatos en la puerta, el casero ya no alquila una vivienda: dirige un casting digno de una superproducción 🎬. Se descartan mascotas, por supuesto. También parejas jóvenes con pinta de querer tener descendencia, mayores de 65 años por si acaso, familias con niños y, ya puestos, cualquiera con un pendiente donde no debe. Se piden nóminas que dupliquen o tripliquen la renta, contratos indefinidos, avales, seguros de impago y meses de fianza adicionales. Lo asombroso no es el nivel de exigencia; lo asombroso es que, a pesar de todo, siguen encontrando inquilinos.

El informe “Experiencia en alquiler en 2026” de Fotocasa Research lo cuantifica: el 69% de los inquilinos señala el precio como principal obstáculo, el 42% la escasez de oferta y el 39% las exigencias de los propietarios. Y uno de cada tres necesita recurrir a familiares, amigos o financiación externa para pagar la entrada. Entre los jóvenes de 18 a 24 años, solo el 51% pudo afrontar los pagos iniciales con sus ahorros. El resto necesita a la familia para entrar en un piso del que, con suerte, podrá pagar la renta esclavizando su vida. La emancipación ya no es un paso vital: es un préstamo intergeneracional.

Sueldos que andan y alquileres que corren

Desde 2015, los precios del alquiler en España no han bajado nunca, y hace tiempo que se despegaron de la curva salarial. El precio medio ya está en 1.214 euros, y son doce provincias las que superan los 1.000 euros, con Baleares (1.681 €), Barcelona (1.641 €) y Madrid (1.639 €) a la cabeza. Cada año, cada familia dedica un poquito más de lo que gana a pagar el techo, y nadie parece preocuparse demasiado mientras los números cuadren en la contabilidad de otros.

Pongamos cifras al drama. Quien cobra el salario mínimo en 2026, fijado en 1.221 euros en 14 pagas (17.094 euros brutos al año), ingresa unos 1.330 euros netos al mes en 12 pagas. Con eso, el alquiler medio supera el 30% recomendable en todas las provincias de España, incluso en la más barata, Teruel (564 €), donde ya se lleva el 42% del sueldo. La media nacional, 1.214 euros, devora el 91%. Y en Madrid (1.639 €), Barcelona (1.641 €) o Baleares (1.681 €) la cuenta directamente no sale: no es que pagado el alquiler quede poco para comer, transporte, luz y agua, es que faltan más de 300 euros antes de empezar. Vivir solo con el salario mínimo en esas provincias ya no es un esfuerzo ni milagro: es una imposibilidad aritmética.

Según FOESSA, 6,8 millones de personas sufren sobreesfuerzo por los costes de vivienda y el 20% de los hogares con menos renta dedica más del 70% de sus ingresos al alquiler. Y para rematar, el Consejo de la Juventud calcula que un joven asalariado tendría que destinar el 98,7% de su sueldo a vivir solo. Le quedaría el 1,3% para todo lo demás. Muy razonable para alguien que aspira a sobrevivir del aire 🫠.

En compra la cosa no mejora: el INE registra una subida del 12,2% interanual en el segundo trimestre y el Notariado sitúa el metro cuadrado en 1.902 euros, por encima del máximo de 2007. Ya hemos superado la burbuja. Felicidades a todos.

La patronal y su indignación selectiva

Hay un espectáculo que se repite con la puntualidad de un reloj suizo. Cada vez que se anuncia una subida del salario mínimo, la patronal se lleva las manos a la cabeza: destrucción de empleo, pérdida de competitividad, el apocalipsis de la pyme. Sin embargo, cuando los alquileres suben año tras año muy por encima de los salarios, el silencio es sepulcral, cuando no se escucha un aplauso discreto desde el fondo. Resulta que pagar un poco más a quien trabaja hunde la economía, pero que ese mismo trabajador entregue dos tercios de su sueldo al casero es simplemente el libre mercado funcionando. Curiosa teoría económica, en la que el dinero del trabajador solo es un problema cuando lo cobra y nunca cuando lo paga.

Fondos buitre y grandes tenedores: pocos, pero bien colocados

Los datos del catastro dicen que el 93% del parque está en manos de personas físicas y que los grandes tenedores con más de diez inmuebles, apenas el 0,16% de los titulares, poseen el 4,3% de las viviendas. Solo 843 titulares con más de cien inmuebles controlan el 2,18%. Pocos, sí. Pero no se reparten al azar: se concentran en las grandes ciudades, en los barrios más tensionados y en edificios enteros, y su capacidad para fijar precios de referencia, presionar en los despachos y marcar la agenda mediática es muy superior a su porcentaje. Recordemos que Ana Patricia Botín-Sanz de Sautuola y O’Shea, controla un 0,162% de las acciones del Banco de Santander y es su presidenta.

Y conviene recordar cómo llegaron algunos. En 2013, el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid vendieron a fondos de inversión miles de viviendas públicas, con inquilinos dentro, a precio de saldo. Aquello, lejos de ser un delito,  se presentó como una gestión eficiente. Hoy es un ejemplo de manual de cómo convertir patrimonio colectivo en negocio privado y, de paso, en un problema social para décadas. La vivienda dejó de ser un derecho para convertirse en un activo financiero sujeto a las leyes de la rentabilidad, y en esa transformación hubo muchos que se hicieron fotos, pocos que dieron explicaciones y algunos que se forraron.

Más pisos turísticos que vivienda pública

Este es uno de esos datos que deberían salir en todos los telediarios. España tiene un parque de vivienda social en alquiler de titularidad pública de unas 318.000 viviendas, que da cobertura apenas al 1,7% de los hogares. Las viviendas de uso turístico registradas eran 341.001 en mayo de 2026. Hay, literalmente, más pisos para turistas que viviendas públicas para quienes viven y trabajan aquí 🧳. Si sumamos todo el alquiler social, llegamos al 3,5% de los hogares, frente al 9% de media europea.

La caída reciente de pisos turísticos tampoco merece fuegos artificiales: se concentró en un semestre, coincidiendo con la obligación de registro, y en buena parte puede tratarse de reclasificaciones hacia el alquiler de temporada. Hoy sigue habiendo un 6% más que en 2020. Y el efecto es conocido: un estudio de la Universidad de Málaga concluye que el alquiler crece entre un 31% y un 33% más en barrios donde los pisos turísticos superan el 10% del parque de alquiler. En pueblos costeros y centros históricos, el vecino es una especie en peligro de extinción.

El error histórico de regalar la vivienda protegida

Aquí está, probablemente, el pecado original. Desde 1968, España ha construido 4,81 millones de viviendas protegidas: 1,89 millones entre 1968 y 1978, 1,42 millones entre 1979 y 1990 y 1,5 millones desde 1991. Casi el 30% del parque actual de viviendas principales. Con esas cifras, España debería tener uno de los mayores parques públicos de Europa. Tiene uno de los más raquíticos.

¿Qué pasó? Que se construyó con dinero y suelo públicos para fomentar la propiedad, y al cabo de unos años esas viviendas se descalificaban y pasaban al mercado libre. Los agraciados vendían con plusvalía y el Estado volvía a empezar de cero. Un sistema genial para enriquecer a unos cuantos y dejar al país sin colchón. Y todavía hoy hay quien defiende que la vivienda protegida pueda liberarse a los pocos años, como en Sevilla, con precios que superan los 300.000 euros pese a levantarse sobre suelo público. Uno empieza a sospechar que algunos defienden con tanto empeño esta política porque aspiran a figurar entre los agraciados, como sucedió en Alicante. Por eso la medida de que la vivienda construida con dinero público no pueda dejar de ser pública nunca debería ser el punto de partida, aunque haya quien ya ha corrido a los tribunales para tumbarla, como en Navarra.

Desahucios: el contador que no se detiene

En 2025 se practicaron 24.540 lanzamientos en España, y 18.317 estaban vinculados al alquiler, según el Consejo General del Poder Judicial. Detrás de cada número hay una familia con sus cosas en cajas. Mientras, la suspensión de desahucios para hogares vulnerables se ha convertido en un partido de ping-pong parlamentario: se aprueba, se deroga, se restablece, se vuelve a derogar… ¿dónde estamos ahora?. Tres millones de personas viven en formas precarias de tenencia y 3,4 millones en hacinamiento, pero el debate sigue siendo quién se lleva el titular.

Sin más lágrimas, antes de que llegue la rabia

España no puede seguir así. Hacen falta medidas para el largo plazo, con planificación, construcción y un parque público que no se regale. Pero, sobre todo, hacen falta respuestas ya: movilizar vivienda vacía con incentivos y sanciones reales, limitar con decisión el uso turístico en las zonas tensionadas, poner freno a los abusos del casting y de las entradas imposibles, y blindar la vivienda pública para siempre. Como recordaba el investigador Fernando Pinto en la presentación del Barómetro, la solución no pasa por esperar un éxodo hacia municipios con menos presión, sino por políticas de vivienda pública.

Lo que no puede hacer la clase política es seguir mirando hacia otro lado, repitiendo mentiras que no se creen ni ellos, desde la ignorancia de quien nunca ha tenido que buscar piso o al servicio de intereses que no se atreven a confesar. Hay millones de familias que han pasado de la preocupación a la frustración y de la frustración a las lágrimas. El siguiente paso es la rabia. Y cuando llegue, nadie podrá decir que no estaba avisado.

Eduardo Lizarraga

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