La reciente publicación por parte del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de los datos referidos a los asuntos pendientes y resueltos sobre cláusulas abusivas, ha provocado indignación entre las asociaciones de consumidores. Y es que a pesar del tono triunfalista de la declaración del CGPJ los datos hablan de un manifiesto colapso en los juzgados especiales. El número de asuntos pendientes de resolución en estas salas, creadas para juzgar las cláusulas abusivas, suma un total de 239.445. La cifra indica un descenso de 1,88% frente a la anterior estadística; todo un éxito del planteamiento de estos 54 juzgados sin medios ni personal.

En mayo de 2017 y ante el aluvión de demandas por la cláusula suelo, nacieron los juzgados especializados en las cláusulas abusivas de las hipotecas, rápidamente criticados por las principales asociaciones de magistrados. Fueron un total de  54 juzgados -uno por cada capital de provincia-  para tratar temas  de cláusulas suelo, la cláusula del vencimiento anticipado, los intereses moratorios, los gastos de formalización de hipoteca o las hipotecas multidivisa y a los que ya están llegando algunos casos de hipotecas referenciadas al IRPH. La mayor parte de ellos se encuentran saturados  en estos momentos,  a pesar del alborozo y el autobombo del CGPJ.

Los abusos manifiestos perpetrados por las entidades financieras contra sus clientes,  han cosechado ya un total de 1,8 millones de casos de los que han terminado en estos juzgados bancarios un total de 584.000 expedientes. La cifra es monstruosa, pero a pesar de ello continúa creciendo y lo hará con rotundidad si la sentencia del IRPH, como se espera, es favorable a los consumidores.

Es preciso ir adelantando, que a pesar de que pierden el 97,55 de los procedimientos, los bancos litigan hasta el final, con la esperanza de vencer al oponente agotándole física y económicamente, para llevarle a un pacto ventajoso para sus resultados. “Si tenemos amplios y caros bufetes de abogados es cuestión de utilizarlos” deben pensar. Y de esta forma tienen la justicia bloqueada, generando gastos para el Estado y desánimo e injusticia en los afectados.

Previendo esta situación, la del colapso de la estructura judicial por los centenares de miles de expedientes que podrían llegar, que no por la malvada litigiosidad de la banca –o tal vez también- el Ejecutivo de Mariano Rajoy ideó la puesta en marcha de una vía de  arbitraje voluntario entre cliente y entidad en la que los bancos tuvieran ventaja.

Por este canal se han tramitado más de 1,2 millones de reclamaciones con dos particularidades: la rapidez con la que todo se resuelve, habiéndose gestionado ya más del 99,4% de los casos presentados y el gran número de expedientes, 44,27%, resueltos favorablemente para la banca.  Está claro que si estás afectado y quieres recuperar tu dinero estafado, por allí no debes asomar ni la nariz.

La situación es muy diferente cuando el consumidor recurre a la vía judicial, ya que desde el año de su creación en 2017, los juzgados especializados en abusos bancarios han recibido casi 600.000 demandas de las que aún quedan por resolver el 41%, cifra que apenas se mueve desde hace tres años.  Pero ¡oh sorpresa!, en esta vía, mucho más lenta, los consumidores han ganado a la banca en el  97,55% de los casos.

Pero no en todas las comunidades se trabaja con igual celeridad,  en Madrid apenas han dado salida a un 28% de los expedientes recibidos y ya hay demoras de hasta cuatro años;  por eso de las comparaciones,  en Cataluña han dado salida a un 39%. Andalucía es la tercera autonomía con más asuntos pendientes, superando a la mitad de los que se recibieron. En el otro extremo de la tabla de los tardones, se encuentran La Rioja, Asturias y Aragón, con una tasa de resolución superior al 80%.

Ejemplos del colapso pueden encontrarse a los largo de toda la geografía. En Madrid encontramos al juzgado 101 bis, que es el único de la autonomía para los productos abusivos de los bancos. Este juzgado es uno de los que baja la media del sistema ya que ha resuelto menos de uno de cada tres expedientes presentados en 2020.  Para el CGPJ la Comunidad de Madrid no es culpable, sino que la situación es un problema del sistema… ¿por qué habrán salido a exculpar a la CAM? ¿Será porque tiene las competencias a través de la Consejería de Justicia de la Comunidad de Madrid y no pone los medios necesarios?

Tampoco la capital catalana puede dar ejemplo de nada y su juzgado especial tiene casos pendientes desde 2017, siendo otro de los peores del estado.

En Valladolid, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha denunciado el colapso absoluto de los Juzgados de 1ª Instancia nº4 y nº4 bis para cláusulas hipotecarias, con 44.000 afectados, al registrar un número de procedimientos imposible de abarcar por los funcionarios adscritos a cada juzgado, sobre todo en la fase de las ejecuciones.

Ante este caos casi generalizado y temiendo que una vez acabada la prórroga de tres meses en la moratoria se incrementen casos de desahucios y de desacuerdos bancarios, junto con la previsible entrada de centenares de miles de demandas de los afectados por el IRPH,  asociaciones de consumidores y miembros de la judicatura están solicitando medidas excepcionales orientadas a terminar con la desmedida litigiosidad de la banca.

En concreto, desde el CGPJ se solicita al Ministerio de Justicia que se apliquen a los casos de abusos bancarios la ley de moratorias y la ley del seguro, que establecen recargos que van del 9% al 20%, cuando se pleitee hasta el final con casos iguales a los que se han perdido. También, desde el mismo organismo, se solicita que se establezca un pleito tipo que sirva de modelo cuando se registren miles y miles iguales y se pueda dictar sentencia sin tener que tramitarlos.

Por supuesto, la Asociación Española de la Banca (AEB) no está nada de acuerdo con estas medidas que pretenden acabar con su estrategia de rendir al contrario por hambre y agotamiento y manifiestan que el recargo del 20% sería contrario al derecho a la tutela judicial, añadiendo que si llegan hasta el final es porque su cláusula suelo fue reconocida por el Tribunal Supremo ¡Como no podía ser menos! Aunque ello signifique obviar al TJUE que es una instancia superior.

Dos  asociaciones de consumidores, Adicae y Asufin, además de OCU que pide más medios, consideran imprescindible aplicar soluciones extrajudiciales ante el colapso de los juzgados especializados sobre cláusulas abusivas y la injusta demora en las resoluciones que sufren los afectados.

Ambas asociaciones han solicitado la puesta en marcha de una Agencia de Protección al Consumidor para desatascar la litigiosidad bancaria, que por su elevado coste económico no es deseada por el consumidor financiero y supone un inmenso despilfarro de recursos para la administración de Justicia en todo el estado. También reivindican, para solucionar el problema de los consumidores, la incorporación de protocolos que promuevan el diálogo entre la banca y los afectados con un arbitraje independiente.

Si no se pone un remedio urgente la situación podría descontrolarse en los próximos meses. Los Juzgados Especiales para las cláusulas abusivas no funcionan. Fueron ideados por el anterior ejecutivo para, decían, agilizar el problema de la resolución judicial de los abusos bancarios. Pero como no se dotó ni por parte del Gobierno ni de las Comunidades Autónomas de los suficientes medios ni personal para el correcto funcionamiento de esos juzgados, tal vez con toda la intención, cuatro años después de su puesta en marcha continúan colapsados.

Y la situación no va a mejorar, sino todos lo contrario, la salida de la moratoria y una crisis económica en ciernes y ya sin defensas, va a volver a llenar de expedientes, si es que alguna vez se vaciaron, estos Juzgados. Y entonces la justicia tardará en llegar y dejará de serlo y los bancos volverán a tener la sartén por el mango, como tienen por costumbre. Y con la complicidad del Gobierno y las Comunidades Autónomas si no hacen nada para solucionarlo y alguna ayudita de las altas instancias judiciales, volverán a torcerle la manos a la Justicia y de paso al afectado, que es de lo que se trata, para quedarse con todo el dinero que puedan. Como también tienen por costumbre.

Juzjados Especiales

Eduardo Lizarraga

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