Hace ya unas décadas que nuestro modelo de sociedad ha cambiado muchos de sus conceptos, con el neoliberalismo y la intromisión de los intereses empresariales arrasando todo lo que considerábamos pilares fundamentales. El mercado, expresión máxima de la nueva cultura, no es independiente ni inocente, sino una coartada dirigida por los principales lobbys de presión que siempre tiene como objetivo a los grupos más débiles y numerosos. Y siempre busca lo mismo, consumo cautivo y mano de obra barata. La juventud es una de sus principales víctimas.

Convertir un bien de primera necesidad como es la vivienda, en un bien de inversión y proteger impositivamente a los rentistas frente a la fuerza del trabajo es un gran error que está en la base de muchos de los problemas que tenemos en estos momentos. La vivienda es un deseo imposible cada vez para más jóvenes, condenados en su primera edad productiva a salarios bajos, empleos precarios y emancipación difícil. Resulta fácil de entender que la natalidad esté a la cola de Europa y que los hijos sean un objeto de lujo.

Junto a la vivienda, sus suministros básicos y la alimentación, todo lo necesario para formar un hogar y en manos de grandes corporaciones, han subido también su precio en una espiral que anticipa muchos problemas para este invierno. Ya lo estamos viendo en el aumento de las colas del hambre, cada vez con más jóvenes y los avisos de Cruz Roja y Cáritas. Frente a ello y a una política protectora de los más desfavorecidos del Gobierno Central, que cada vez necesita más recursos para ello, se alzan determinadas Comunidades Autónomas en una carrera para crear “Paraísos para Ricos” bajándoles los impuestos con el fin de atraerlos a sus territorios. A la vez van cerrando servicios sociales porque con menos ingresos el gasto no es sostenible y haciendo peor vida de los más desfavorecidos. Lo paradigmático de la situación es que en Andalucía la rebaja del impuesto de patrimonio la pagaremos entre el resto de los españoles.

Coincidiendo con el inicio del curso académico, han aparecido en distintos medios informaciones sobre las dificultades que tienen un número creciente de universitarios para encontrar no ya un piso de alquiler sino una habitación. Y es que no sólo los precios han subido hasta una media de 500 euros en las grandes capitales, sino que además la oferta es muy pequeña, casi inexistente. Y por ello se producen abusos y menudean los zulos pequeños y sin luz.

Es cierto que la media nacional de las habitaciones está en los 423 euros, pero también que ha subido un 64% en los últimos siete años. En cabeza Barcelona, con 535 euros de Media, seguida de Madrid con 475 y algo más lejos Bilbao con 414.

El problema ya no es únicamente de los universitarios, que eran los tradicionales clientes de los pisos compartidos, sino que se ha extendido a otros colectivos azotados por los altos precios de la vivienda, la dificultad en la financiación, los trabajos precarios y la temporalidad. En todo caso más del 81% de las personas que comparten vivienda tiene entre 18 y 35 años, lo que nos muestra muy a las claras dónde está el problema, sus causas y sus previsibles consecuencias.

En un escenario de alta inflación y salarios que no subirán lo suficiente, la capacidad de muchos españoles para acceder a la vivienda se va a restringir aún más. Y los más perjudicados una vez más van a ser los jóvenes, que desde el año 2008 no levantan cabeza y cuya emancipación puede volverse aún más difícil.

El número de hogares jóvenes que tienen una vivienda en propiedad está conociendo una caída histórica. Y no hablamos de casa propia pagada, sino de casa con hipoteca formalizada y una entrada dada. Según la última Encuesta Financiera Familiar del Banco de España que hace referencia a 2020, sólo el 36% de hogares menores de 35 años son ahora propietarios, frente a ello, en el 2011 la cifra era de casi el 70%.

Y la situación del alquiler tampoco es mejor; en el último lustro el precio del alquiler ha aumentado 30 veces más que los salarios. Los últimos datos disponibles aseguran que de los 3,1 millones de inquilinos que hay en nuestro país –y se espera que la cifra crezca- el 43% de estos arrendadores pertenece a hogares en riesgo de exclusión y pobreza. El 26% no superan los 16.000 euros anuales y el 36% ingresan entre los 16.000 y 26.000 euros. Así las cosas, 4 de cada 10 hogares dedican más del 30% de sus ingresos al alquiler, y de ellos, 1,4 millones destinan más del 50%. Las recomendaciones internacionales hablan de no dedicar más del 30% a vivienda incluyendo los suministros básicos.

Casi uno de cada cuatro jóvenes está en riesgo de pobreza, un dato que muestra con crudeza la situación tan vulnerable en que vive la juventud. Y la situación incide de forma directa en su capacidad de emancipación y por ende en la demografía, el consumo y la estabilidad política y económica de nuestro país.

Hay que decir que la situación laboral, gracias a las acciones del Ministerio de Trabajo, ha cambiado de forma radical en el último año. Al finalizar el pasado 2021 tan sólo 1 de cada 25 contratos firmados por los jóvenes era indefinido, cifra que ha cambiado sustancialmente en 2022 siendo ya los contratos fijos un tercio del total firmado por los jóvenes, que entre enero y junio alcanzó la cifra de 2 millones.

Hablando de cifras, los contratos fijos se han multiplicado por 5 entre los jóvenes, pasando de los 118.012 firmados el primer semestre del pasado año a 644.562 los firmados este año; es decir, un 33% del total frente al 7,4% del 2021.

Pero no todo es bueno en los datos ya que la temporalidad se ha incrementado. Y el 31,3% de los contratos de un día firmados este año lo han sido por jóvenes.

Otro problema añadido son los salarios que perciben los menores de 35 años, que apenas pasan de media de los 1.250 euros. Cantidad que en las grandes ciudades les impide independizarse si quieren vivir solos, ya que tendrían que dedicar más del 80% a la vivienda; de aquí el auge y escasez de los pisos compartidos.

Con los trabajos precarios y los bajos sueldos, crece el problema de la pensión a cobrar cuando a estos jóvenes les toque jubilarse. Parece claro que no sólo cobrarán menos pensiones, sino que además tendrán que trabajar mucho más y jubilarse más tarde para poder cobrar cantidades similares a las de hoy día.

Pero todos los que a duras penas están accediendo ahora al mercado laboral no sólo van a tener que mirar para sí, sino que como habrá menos población activa y más jubilados deberán esforzarse más para mantener las pensiones de los que se jubilaron antes.  Ahora mismo la tasa de dependencia de mayores de 64 años es que su pensión la pagan entre tres trabajadores. Pero para 2050 los mismos tres trabajadores tendrán que sostener a dos pensionistas y son los jóvenes de hoy los que cargarán con el mochuelo.

La situación puede resultar muy complicada para muchos de los que ahora están accediendo al mercado de trabajo. Debido a las condiciones de financiación más duras y los salarios más bajos, la tasa de esfuerzo para hacerse con una vivienda en propiedad puede ser casi imposible de sortear. Esta tasa es el cociente entre el precio medio de la vivienda y la Renta Bruta Disponible (RBD) por hogar, lo que permite calcular la media de años que necesita una familia con su sueldo total para adquirir una vivienda.

En 2021, este indicador se elevó hasta los 8,3 años, el nivel más elevado en más de una década. Y para el 2022, con unos salarios en descenso y un precio de la vivienda que se mantiene con alzas, la situación no puede sino empeorar.

Sin casa en propiedad, con una pensión que no llegará a la de su padre y unos alquileres que no dejan de subir, el porvenir se presenta como menos preocupante para esta generación joven de hoy.  Y no son ellos los culpables, sino una sociedad egoísta que busca la rentabilidad de las rentas inmobiliarias y empresariales con la excusa de la libertad del mercado, sin tener en cuenta que ese rédito lo estamos sacando del sacrificio de toda una generación en la que hemos dejado de invertir y a la que maltratamos con trabajos precarios y salarios de miseria.

Si no conseguimos dar un vuelco a la realidad social y laboral que viven los jóvenes, que se encuentran sin casa y sin posibilidad de formar un hogar, veremos comprometido a no muy largo plazo nuestro porvenir como país. El desencanto de estas generaciones, con las ilusiones perdidas y la raquítica tasa de natalidad, con defunciones que ya están superando los nacimientos, nos están llevando a un callejón sin salida, en el que ni el sistema social público ni la productividad están asegurados. Debemos pedirles perdón por esta sociedad que no les tiene en cuenta y a la que hemos llegado por un neoliberalismo mal entendido y unos políticos cortoplacistas dedicados a la defensa de intereses empresariales y fundamentalistas que no son los que debiera tener el país. Pidámosles perdón y empecemos a intentar cambiar la situación invirtiendo más en su presente.

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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