El sector de la vivienda en España lleva años acumulando problemas como quien colecciona sellos, pero sin el placer de la afición. Falta mano de obra y la quieren echar. Los materiales cuestan una fortuna y subiendo. El suelo urbanizable escasea como si fuera bonhomía en la clase política. La burocracia municipal convierte la tramitación de una licencia en una experiencia comparable a cruzar el Sahara a pie. Y ahora, para rematar la jugada con elegancia, resulta que los nuevos desarrollos residenciales no tienen garantizada la electricidad. Solares perfectamente urbanizados, con todos los permisos en regla tras años de trámites, que no pueden construirse porque la red eléctrica ahora no tiene capacidad para alimentar las viviendas previstas. Bienvenidos al solar energéticamente inviable, que es como los juristas llaman a esta nueva modalidad de pesadilla promotora.
Los números son tan contundentes que cuesta no mirarlos con una mezcla de incredulidad y resignación. Según datos del Gobierno regional madrileño, solo en la Comunidad de Madrid hay 110.000 viviendas bloqueadas por falta de capacidad eléctrica. El informe de BBVA Research amplía el foco y concluye que el 62% de las provincias españolas, 31 en total, no tiene capacidad de red suficiente para dar servicio a todas las viviendas que harían falta. El 87,9% de los nodos del sistema eléctrico español no admite ya nuevos clientes. Y en 2025, los promotores solo consiguieron que se atendiera el 12% de sus solicitudes de acceso y conexión a la red. El 12%. Con ese índice de resolución, una solicitud de conexión eléctrica tiene más o menos las mismas probabilidades de prosperar que un recurso administrativo en agosto.
La nueva trampa eléctrica llega a los promotores
El mecanismo de la trampa es perverso en su simplicidad. Un promotor puede llevar veinte años desarrollando suelo: tramitar el planeamiento, pasar por los informes sectoriales, completar la gestión urbanística, redactar el proyecto de urbanización, engrasar a quien corresponda… Todo en regla, todo validado. Y entonces, cuando ya tiene la pala levantada, aparece el problema sobrevenido: la red eléctrica no puede atenderle, o las condiciones han cambiado de forma tan radical que el proyecto ya no es viable en los términos previstos.
Los permisos de acceso y conexión a la red caducan a los cinco años, mientras que tramitar y ejecutar un plan urbanístico puede llevar entre diez y veinte. El informe de viabilidad eléctrica que fija la distribuidora tiene apenas seis meses de validez, sin respaldo normativo expreso, y tramitar una simple licencia de obras puede tardar más de un año en determinadas ciudades. Es decir, el informe caduca antes de que se conceda la licencia. Las condiciones técnicas y económicas cambian en cada nueva emisión. Y el promotor vuelve a empezar, con los costes acumulados y la paciencia por los suelos. Como decía Sorolla: «Y luego dicen que la vivienda es cara».
Jorge Ginés, director general de ASPRIMA, lo describe con una claridad que no deja margen a la interpretación: proyectos bloqueados en fase de urbanización por falta de luz. Así de sencillo. Ochenta mil viviendas de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid no tienen garantizado el suministro eléctrico. Valdecarros, uno de esos nuevos barrios, que lleva años en tramitación y con más noticias a sus espaldas que Trump… y ahora descubre que la infraestructura que debería alimentarlo no estará lista cuando haga falta.
Ya no basta con enchufar una bombilla: el consumo actual es otro mundo
Aquí conviene hacer un inciso que los urbanistas parecen haber olvidado: la vivienda de hoy no es la vivienda de hace veinte años. Se sigue planificando con la lógica energética del siglo XX, pero el hogar contemporáneo necesita puntos de recarga para el vehículo eléctrico, aerotermia para la calefacción y el agua caliente, ventilación mecánica controlada, domótica. El consumo residencial ha cambiado radicalmente en muy poco tiempo y el planeamiento urbanístico, fiel a su tradición de ladrillo sobre ladrillo, no se ha enterado.
Las viviendas representan aproximadamente el 25% de la demanda total de electricidad en España. Eso ya de por sí es una cifra respetable. Pero los nuevos desarrollos compiten por acceder a una red que ya atiende esa demanda existente y que además está recibiendo solicitudes masivas de otros sectores. La industria necesita energía. Los centros de datos, que España lleva meses atrayendo con bastante éxito, necesitan cantidades ingentes de electricidad. Y la red no crece al mismo ritmo que la demanda. Además, digámoslo claro, por lo que sea, estas inversiones millonarias siempre pasan por delante de las viviendas de la gente.
Cuidado con los nuevos vampiros eléctricos: los centros de datos invierten mucho, pero consumen más
España tiene más de 22.000 millones de euros en proyectos de centros de datos anunciados recientemente, concentrados sobre todo en Aragón, y ya cuenta con 144 complejos de este tipo que consumen alrededor de 6 TWh al año, una cifra que podría duplicarse en 2030. No es que los centros de datos sean el enemigo: son inversión, son empleo, son posicionamiento estratégico en la economía digital. Pero tienen una característica peculiar: son grandes consumidores de energía con una capacidad de relocalización muy superior a la de cualquier uso residencial.
Una familia no puede trasladar su necesidad de vivienda a Extremadura porque en Cáceres haya más capacidad de red disponible. Un centro de datos, en teoría, sí puede instalarse donde la electricidad sea más abundante y barata. La jurista María Jesús Romero Aloy, que tiene el mérito de haber acuñado el concepto de solar energéticamente inviable, plantea la pregunta lógica: si la Constitución en su artículo 47 protege el derecho a la vivienda, ¿por qué no se introduce en la planificación eléctrica un criterio de prioridad que favorezca el uso residencial frente a usos que pueden desplazarse en el territorio? Es una pregunta razonable. Como suelen serlo las que nadie en los ministerios competentes parece tener prisa o conocimiento para responder.
La demanda y producción eléctrica por territorios: el mapa del desequilibrio
España tiene un problema adicional que complica aún más el panorama y que recuerda inevitablemente a los viejos debates sobre las cuencas hídricas: la energía no se produce donde más se necesita. Hay tres tipos de territorios. Los excedentarios, que producen bastante más de lo que consumen: Castilla y León, con 94% de renovables en su mix y líder nacional en generación eólica; Galicia, Aragón, Extremadura —que produce hasta ocho veces más de lo que gasta— y Andalucía, primera en solar fotovoltaica nacional con 13.253 GWh en 2025. Y luego están los territorios deficitarios: Madrid, el País Vasco, Murcia y la Comunidad Valenciana, que tienen una demanda concentrada que su producción local no alcanza a cubrir y que dependen del sistema interconectado nacional.
El problema es que España, junto a Portugal, funciona como una isla eléctrica respecto al resto de Europa. Las interconexiones con Francia son muy limitadas, lo que significa que cuando hay excedente no se puede exportar con facilidad y cuando falta no se puede importar con agilidad. Y mientras tanto, España desperdicia entre el 8 y el 9% de su producción diaria por falta de infraestructuras de transporte y almacenamiento.. .¡ay esa idilica capacidad del hidrógeno! En días de mucho viento y sol, Red Eléctrica vierte alrededor del 20% de la generación renovable porque la red no puede absorberla. Dicho en román paladino: producimos energía que tiramos a la basura mientras los promotores no consiguen conexión para sus proyectos. Si esto no es una gestión ejemplar de los recursos, que venga alguien y me lo explique, que me siento con las palomitas.
El problema se extiende por los proyectos de obra nueva y las zonas de costa más pobladas
Las provincias más afectadas por la saturación eléctrica son precisamente aquellas donde la presión demográfica es mayor. Madrid necesita 115.584 viviendas según BBVA y la red actual solo puede dar suministro a 40.380, es decir, un tercio del total. Alicante necesita 51.781 y solo puede conectar 13.628. Murcia, 34.921 frente a 9.713. Valencia, 59.381 frente a 34.857. En provincias como Castellón, Granada, Almería, Jaén, Guadalajara, Albacete, Álava y una docena más, la capacidad disponible es literalmente cero: ni una vivienda más puede conectarse a la red con la infraestructura actual.
Las zonas de costa, históricamente receptoras de población y de inversión inmobiliaria, se encuentran en una posición especialmente comprometida. La presión de la demanda es máxima, el suelo disponible escaso y ahora la electricidad se convierte en un factor limitante adicional. El mercado del alquiler en estas zonas ya funciona al límite de lo que los bolsillos pueden aguantar, con subidas que en algunos municipios costeros superan el 10% interanual. Añádale que la nueva construcción está frenada no solo por el coste de los materiales o la escasez de mano de obra, sino también por la imposibilidad de garantizar el suministro eléctrico, y tendrá usted el caldo de cultivo perfecto para que la crisis habitacional se eternize
Crecimiento demográfico y consumo energético: los números que no cuadran
España ha pasado de unos 43 millones de habitantes a casi 50 en la última década. Eso equivale a incorporar al país una población del tamaño de Dinamarca, con la diferencia de que Dinamarca lleva tiempo siendo uno de los modelos europeos de coordinación entre planificación eléctrica y desarrollo territorial. España, por el contrario, sigue intentando meter a 50 millones de personas en un traje cortado para 43. Por eso rechina la sanidad, la justicia, el transporte, la educación y ahora la red eléctrica. Y a este paso romperemos las costuras y quedaremos como el rey del cuento. Y también por esto, el déficit residencial alcanza ya las 700.000 viviendas según el Banco de España, con 200.000 nuevos hogares formándose cada año y una construcción que, lejos de acelerar, va hacia atrás.
El sector residencial cerró 2025 como el ejercicio más negro en la serie histórica desde 2018. Cuatro trimestres consecutivos de caídas en los certificados de final de obra, con un desplome del 12,6% en el último trimestre, el peor jamás registrado. El precio medio de la vivienda subió un 12,7% en 2025, el ritmo más alto en 18 años. Los precios suben pero las viviendas no se construyen. Cualquier economista de primer año sabe que esa disociación señala problemas estructurales, no cíclicos. Que los políticos responsables sigan hablando de medidas coyunturales dice mucho de su nivel de comprensión del problema, o de su nivel de interés en resolverlo, que es una hipótesis aún más inquietante.
Planificación entre los distintos estamentos del Estado: la asignatura eternamente suspensa
El nudo gordiano de todo este asunto es la descoordinación entre administraciones. La planificación urbanística y la planificación eléctrica avanzan en paralelo, en direcciones que a veces coinciden y a veces no, sin que nadie se ocupe de que el mapa urbanístico y el mapa eléctrico hablen el mismo idioma. Las competencias están dispersas. Las subestaciones de transformación, las líneas de media tensión, los nuevos desarrollos residenciales: se planifican por separado, en lógicas regulatorias distintas, sin leerse el uno al otro. Historias para no dormir.
ASPRIMA ha presentado un informe con 16 medidas concretas que van desde flexibilizar los límites de inversión en redes hasta crear mecanismos estables de coordinación entre administraciones, distribuidoras y promotores. Propone alinear la validez de los informes de viabilidad eléctrica con los plazos urbanísticos, implantar una ventanilla única autonómica con silencio administrativo positivo, fijar plazos máximos sancionables para la emisión de propuestas de conexión y permitir que la potencia se reserve para todo el desarrollo pero se active de forma gradual conforme avanza la urbanización. Medidas razonables, técnicamente sólidas, que llevan meses sobre la mesa. Y que siguen esperando que alguien en algún ministerio o consejería decida que resolver el problema es más urgente que declarar quién tiene la culpa de que exista.
La necesaria inversión en infraestructuras: cuánto hace falta y a qué velocidad
El Plan del Gobierno prevé 13.600 millones de euros de inversión hasta 2030 en infraestructuras eléctricas, con 3.600 millones en transporte y 7.700 en distribución. No es una cantidad despreciable. El problema, como siempre, es la velocidad. La demanda crece más rápido que la capacidad de ejecutar la inversión, y el cuello de botella no es solo el dinero sino los permisos administrativos necesarios para levantar las nuevas infraestructuras. En enero de 2026 España conectó más megavatios de almacenamiento en baterías que en los tres años anteriores juntos, lo cual suena esperanzador hasta que se comprueba que hay 5.200 MW de proyectos de almacenamiento esperando autorización administrativa. Estamos, en definitiva, frente al mismo problema de siempre con diferente tecnología: la burocracia española es capaz de frenar cualquier cosa, incluyendo las soluciones a los problemas que ella misma genera.
Lo que habría que hacer, aunque no se haga
El diagnóstico está claro. La solución también, al menos en sus líneas generales. Más inversión anticipatoria en infraestructuras eléctricas, coordinada con el planeamiento urbanístico. Prioridad del uso residencial frente a usos intensivos con mayor capacidad de relocalización. Reforma de los plazos y criterios de validez de los informes técnicos. Refuerzo de las interconexiones eléctricas con el resto de Europa. Mayor capacidad de almacenamiento para aprovechar la generación renovable que ahora se vierte. Y, sobre todas las cosas, que las administraciones competentes se sienten a hablar entre sí con algo más de educación y algo menos de toga judicial enfurecida.
España produce suficiente energía renovable para mitigar el problema. Lo que no produce en cantidad suficiente es coordinación institucional. Y esa, lamentablemente, no tiene panel solar que la genere.
Eduardo Lizarraga
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