La próxima generación de inquiokupas serán abuelos

El panorama del alquiler en España ha experimentado transformaciones significativas en los últimos años, afectando especialmente a los jubilados que dependen de viviendas arrendadas. Las crecientes dificultades para acceder a alquileres asequibles podrían convertir a nuestros mayores en la próxima generación de «inquiokupas».​ Y es que una vez vencido el contrato de alquiler la situación se muestra con toda su crudeza: no hay alquileres asequibles y tampoco de los otros; además, nadie quiere alquilar su vivienda a un matrimonio de jubilados y menos un gran tenedor,  porque aunque sean dos las pensiones que reciben, el fallecimiento de uno de ellos le dejaría en la situación de vulnerable y nadie, en 2025,  quiere a un vulnerable como inquilino.

El Decreto Ley de alquileres de 2019 y sus vencimientos de contrato

En marzo de 2019, el Gobierno español aprobó el Real Decreto-ley 7/2019, que introdujo modificaciones en la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Entre las principales reformas se estableció que los contratos de alquiler firmados con personas físicas tendrían una duración mínima de cinco años, y de siete años si el arrendador era una persona jurídica. Este cambio buscaba ofrecer mayor estabilidad a los inquilinos.​

Sin embargo, al acercarse el vencimiento de estos contratos en 2024 y 2025, muchos arrendadores optan por no renovarlos o proponen incrementos significativos en las rentas, aprovechando la falta de regulación en las actualizaciones de precios una vez finalizado el periodo obligatorio. Esta situación está colocando a numerosos jubilados en una posición vulnerable, enfrentándose a la posibilidad de perder su vivienda o verse obligados a aceptar condiciones económicas insostenibles.​ La otra posibilidad, la de quedarse en la vivienda aguantando lo que venga e intentando pagar una mensualidad cercana a lo que pagaban antes, aunque el propietario no esté de acuerdo, les va a convertir, muy a su pesar, en inquiokupas de última generación. Y comienza a ser un problema moral de difícil solución.

¿Cuánto han subido de media los alquileres desde 2019 hasta marzo 2025? ¿Y en Madrid y Barcelona?

Desde 2019 hasta marzo de 2025, el precio medio del alquiler en España ha experimentado un incremento notable. Según datos de este último mes, el precio medio del alquiler se situaba en 14,2 euros por metro cuadrado, y de hasta 20 euros en barrios muy normalitos de grandes ciudades. Teniendo en cuenta que el precio en marzo de 2019 era de 10,1 euros, tenemos un incremento medio del 40%, que puede ser muy superior en los tradicionales barrios de clase media u obrera venidos a más por la intensidad de la especulación inmobiliaria, que lleva a la gentrificación.

En ciudades como Madrid y Barcelona, la situación es aún más crítica. En Madrid, el precio medio del alquiler alcanzó los 20,7 euros por metro cuadrado en diciembre de 2024, mientras que en Barcelona se situó en 23,4 euros por metro cuadrado. Estas cifras reflejan incrementos significativos que dificultan el acceso a viviendas asequibles, especialmente para los jubilados con ingresos fijos, que no han experimentado subidas similares en sus pensiones.

¿Cuál ha sido el incremento de las pensiones entre 2019 y 2025?

Las pensiones contributivas en España han experimentado incrementos anuales para ajustarse al Índice de Precios de Consumo (IPC). Para 2025, se ha realizado una revalorización del 2,8%, según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Sin embargo, estos aumentos, que alcanzan un máximo del 27% en estos seis años, no han sido suficientes para equiparar el ritmo de crecimiento de los alquileres, creando una brecha económica que afecta directamente al poder adquisitivo de los jubilados.​ Se trata de acabar sus días en la miseria de puertas adentro, ahorrando en calefacción, comida, medicinas y bienestar.

Es preciso recordar los numerosos casos en que jubilados y personas mayores decidieron quitarse la vida cuando la amenaza del desahucio se hizo realidad, incluso con la comitiva judicial entrando por el portal o tocando en la puerta.

Obligaciones del arrendador ante un inquilino vulnerable al vencimiento del contrato

La legislación española contempla ciertas protecciones para los inquilinos en situación de vulnerabilidad. Al finalizar el contrato de alquiler, si el inquilino puede demostrar que se encuentra en una situación económica o social vulnerable, el arrendador está obligado a ofrecer una prórroga extraordinaria del contrato por un periodo máximo de un año, en las mismas condiciones previamente acordadas. Esta medida busca proporcionar una solución temporal mientras el inquilino encuentra una alternativa habitacional adecuada.​ Pero también es un arma de doble filo, porque muchos propietarios, tanto personas físicas como jurídicas, no arrendaran nunca su inmueble a un jubilado que pueda convertirse en vulnerable.

Posibilidades de que un jubilado encuentre un alquiler asequible tras la finalización del contrato

La combinación de incrementos en los precios de alquiler y la limitada oferta de viviendas asequibles, complica la búsqueda de un nuevo hogar para los jubilados. La alta demanda y la escasez de oferta han llevado a que muchos propietarios prefieran arrendar a perfiles con mayor solvencia económica, dejando a los jubilados en desventaja. Además, la reducción del parque de viviendas en alquiler y el aumento de los alquileres de temporada han exacerbado esta problemática. Como resultado y ante la posibilidad de quedarse en la calle los últimos días de su vida, muchos jubilados que se enfrentan al problema, están optando o lo harán, por quedarse en la casa en la que llevan unos años, pagando un alquiler a la medida de sus posibilidades, que no será suficiente para mantener la rentabilidad esperada de la vivienda por parte del arrendatario, mucho más aún si se trata de una persona jurídica.

Protestas por el alza de las pensiones frente a los sueldos: ¿Son los jubilados privilegiados?

En los últimos años, ha surgido un debate sobre la equidad intergeneracional en España. Algunos sectores argumentan que los incrementos en las pensiones han sido más generosos que los aumentos salariales, lo que podría generar tensiones entre generaciones. Sin embargo, es esencial considerar que, aunque las pensiones han experimentado revalorizaciones, los jubilados enfrentan gastos crecientes, especialmente en vivienda, comida y recursos energéticos, que no siempre se ven compensados por dichos aumentos.

La situación es también el reflejo de una sociedad cada vez más mercantilizada, imbuida de los crecientes mensajes que consideran a los impuestos que buscan igualar las situaciones injustos y a la libertad de una persona de disponer de sus propiedades, sin cortapisa económica o moral, como el bien supremo al que aspirar.

¿Están los pensionistas hipotecando el futuro de los jóvenes?

La sostenibilidad del sistema de pensiones es una preocupación constante. Algunos analistas sugieren que el actual modelo podría estar transfiriendo una carga financiera significativa a las generaciones más jóvenes, quienes podrían enfrentar mayores dificultades para acceder a prestaciones similares en el futuro. Sin embargo, es fundamental abordar este debate con una perspectiva equilibrada, reconociendo los derechos adquiridos de los jubilados y buscando soluciones que garanticen la equidad y sostenibilidad del sistema para todas las generaciones.

No hace falta revolver demasiado en la hemeroteca para encontrar el informe del FMI que ya en 2012 advirtió del riesgo de la longevidad. En el capítulo dedicado al «impacto financiero del riesgo de longevidad», se puede leer que “la prolongación de la esperanza de vida acarrea costos financieros”, que el FMI calculaba en un 50 % más si el promedio de vida aumentara en 2050 tres años más de lo previsto.

Para neutralizar esos efectos financieros del riesgo de longevidad, el FMI consideró “necesario” combinar “aumentos de la edad de jubilación (obligatoria o voluntaria) y de las contribuciones a los planes de jubilación con recortes de las prestaciones futuras”.

Tampoco hace falta saber mucho de etnografía para averiguar que los inuit hace ya muchos años que habían resuelto el problema. Cuando alguno de los miembros de la tribu era demasiado mayor para valerse por si solo y suponía una carga para el resto, se le abandonaba en la soledad ártica con una hoguera y algo de combustible. Cuando se acabara, el frío o los lobos solucionarían el problema. ¿Queremos llegar a estas soluciones con nuestros mayores o preferimos darles un final de vida digno? Más que nada porque salvo milagro de la evolución o carro de fuego de Elías mediante, todos moriremos de viejos… y eso no está tan mal.

Nuestros impuestos deben poder pagar la tranquilidad de nuestros abuelos

La situación de los jubilados que viven de alquiler en España es cada vez más precaria. Los incrementos en los precios de los alquileres, la comida o los suministros básicos, junto con aumentos de pensiones que no compensan estas subidas, colocan a nuestros mayores en una posición vulnerable y, en muchos casos, en una miseria vergonzante. La aporofobia y el edadismo campan a sus anchas en una sociedad mediatizada por el dinero y la juventud.

Es imperativo que las políticas públicas aborden esta problemática, garantizando el derecho a una vivienda digna y asequible para todos, independientemente de su edad o situación económica. Y sí, ya se, el derecho a la propiedad privada, el libre beneficio y que es el estado quien debe solucionar el problema, pero, claro está,  sin subir más los impuestos.

Cuando contemples a una pareja de abuelos mirando con preocupación los precios en las estanterías del súper, tienes que entender que con un poco de suerte también llegarás a su edad y, aunque sea por egoísmo,  será mejor dejar ahora las cosas resueltas. No seas demasiado egoísta, entre Harpagón o Shylok, exigiendo el cumplimiento de una legislación que tal vez un día te pueda afectar.

Periodista económico

Eduardo Lizarraga

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