Lo cierto es que la inmensa mayoría de las familias españolas están preocupadas, unas más que otras, dependiendo de sus recursos económicos y también, por desgracia, de en qué región vivan. Los costes energéticos con un invierno que empieza a perfilarse, la inflación en los productos de alimentación, por suerte un poco menor que el mes anterior y para los que tienen hipoteca variable, una subida del euríbor que se va a reflejar de manera dramática en su cuota hipotecaria con subidas que pueden superar los 300 euros al mes. Todo ello está mermando y mucho su capacidad económica.
A ello hay que sumarle otras preocupaciones, que si bien son algo más difusas que las directas contra nuestra economía y que tan sólo aparecen cuando las necesitamos, también pueden ser motivo de lágrimas y gastos suplementarios para muchas familias. Entre ellas la Sanidad, la Educación, el Transporte…cuestiones todas ellas en las que podemos llegar a descubrir que estar en una comunidad autónoma o en otra puede marcar una gran diferencia.
Y si las familias y las pymes lo están pasando mal y ajustándose el cinturón para los meses que vienen, en el lado contrario nos encontramos a muchas de las empresas del IBEX que están teniendo beneficios récord, precisamente a costa de la mayor parte de los españoles. Banca y energéticas se llevan la palma y también los millones en esta sangría que, desde hace algo menos de un año, sufrimos casi todos.
Y a la vista están sus manejos y sus beneficios. La gran banca española lleva unos meses saboreando los resultados que sus queridos Lagarde y De Guindos les están consiguiendo “para controlar la inflación” y aunque el año que viene puede no ser tan bueno si cae el consumo, saben que ya están de “vacas gordas” si es que alguna vez de verdad han dejado de estarlo.
En los nueve primeros meses del presente ejercicio, las entidades bancarias que cotizan en el Ibex 35 (Santander, BBVA, CaixaBank, Sabadell y Bankinter) han registrado en su conjunto un beneficio de 15.754 millones de euros. Pero, además, lo más interesante es que han disparado sus márgenes de intereses a doble dígito. En conjunto, los cinco bancos suman 50.901 millones de euros en esta partida de ingresos entre enero y septiembre, lo que supone superar en un 17,6% los resultados del pasado año, que tampoco fueron una tontería. Y esto está sucediendo a un año de que la subida de los tipos de interés comience a tener verdadera repercusión en el negocio.
La situación no es milagrosa y hay que tener en cuenta varios factores: entre todos ellos han eliminado de sus plantillas a más de 6.000 empleados y han cerrado 1.200 oficinas desde enero de 2020. Las medidas de Lagarde también están teniendo un efecto beneficioso en los resultados; como lo demuestra que el margen de intereses ha crecido hasta los 18.364 millones de euros, tras una mejora de 3.776 en relación con el mismo trimestre del año pasado. Es decir, un incremento del 25%.
No hay que olvidar que nuestra apreciada banca mantiene las comisiones que “tuvo que imponer para sacar el negocio bancario de la ruina por los intereses negativo”. Pero no sólo las mantiene, sino que también las aumenta, en concreto un 16% respecto al mismo periodo del pasado año.
Compartiendo espacio en el IBEX y en las páginas de los medios salmón por sus extraordinarios beneficios, el sector energético que dispara sus resultados ante el alza de precios de los combustibles es, no lo olvidemos, el principal causante de la inflación.
La primera empresa del sector, Iberdrola, obtuvo un beneficio neto de 3.104 millones de euros en los primeros nueve meses del año, lo que representa un incremento del 29% con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Con ello Sánchez Galán llena su bolsillo y asegura que continuará vaciando los nuestros hasta alcanzar un beneficio récord de entre 4.000 y 4.200 millones al terminar el año.
Por su parte, entre enero y septiembre Repsol obtuvo un resultado neto de 3.222 millones de euros, un 66% más que los 1.939 millones que obtuvo en el mismo periodo de 2021.
Tras esta obscena exhibición de millones en un momento de penuria e incertidumbre ante lo que sucederá el próximo año, el Gobierno ya está pergeñando el anunciado impuesto sobre las ganancias que tanto a la banca como a las energéticas pretende poner en marcha para el 2022 y el 2023, antes de que finalice el año.
En el caso de la banca, que está teniendo y consolidará unos beneficios extraordinarios por el alza de tipos, el Gobierno quiere aplicarles un tipo impositivo del 4,8% sobre los ingresos por intereses y comisiones que obtengan, lo que hubiera sumado algo más de 800 millones de euros con los datos del 2019. Por supuesto que la banca rechaza la medida y niega que sean unos beneficios caídos del cielo, sino una vuelta a la normalidad tras seis años de tipos negativos. Del mantenimiento de las comisiones a los usuarios no dice nada. Tras el anuncio del Gobierno la banca tocó a rebato y llamó a consumidores y accionistas en su ayuda. El impuesto podría restringir el crédito y recortar los dividendos accionariales asegura.
Tampoco las energéticas se van a librar y también protestan. La propuesta establece un gravamen temporal del 1,2% sobre el total de los ingresos de las empresas energéticas, que estará vigente durante 2023 y 2024. El Gobierno prevé que se recauden 2.000 millones de euros anualmente de los beneficios extraordinarios de estas compañías.
Ante la situación, el consejero delegado de Repsol, Josu Jon Imaz, ha asegurado que el gravamen que el Gobierno quiere aplicar a los ingresos de las energéticas «podría mermar nuestra capacidad para invertir». Mucho más virulento se ha mostrado el presidente de Iberdrola, Sánchez Galán, que ha advertido que si se aplica el impuesto a las energéticas que tramita el Gobierno, defenderán los intereses de sus accionistas en los tribunales, porque ellos carecen de beneficios extraordinarios. De lo que no ha dicho nada es de la desaparición en Google de Curenergía, la filial de Iberdrola que suministra la tarifa TUR a los usuarios y cuya página web fue manipulada para que los usuarios no pudieran encontrarla y cambiar su contrato.
El Gobierno de Sánchez fundamenta el nuevo impuesto en el Reglamento de intervención de emergencia debida a la crisis energética aprobada por la Comisión Europea el pasado mes de septiembre y que tiene como objetivo implicar a los combustibles fósiles en mejorar la situación económica de los países afectados por la situación. A la vez, el otro impuesto que se impondrá a la banca queda pendientes del informe del BCE a la propuesta española.
Ni somos el único país que pretende ponerlo en marcha ni Europa la única en justificarlos. El mismo presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha advertido a sus petroleras que si no bajan el precio de los combustibles para ayudar en la situación de los estadounidenses tendrán que pagar un impuesto especial sobre sus ganancias, que ha calificado de “indignantes”.
Estas empresas del IBEX, mientras que una gran mayoría de los españoles pasa dificultades para llegara fin de mes – y la situación no acaba más que de empezar- viven en un mundo de grandes beneficios a costa del pobre pollo de a pie al que mantienen en su corralito particular. Carecen de patria cuando hay que ayudar y en lugar de corazón tienen bolsillo. Y ya ha pasado el momento de bajar impuestos generales que destruyen el estado de bienestar, siendo injustos para las rentas vulnerables, que no se benefician de sus bajadas y se pueden ver muy perjudicadas por la ausencia de las distintas prestaciones sociales. Una gran mayoría de los españoles está de acuerdo que los beneficiarios de la situación contribuyan a disponer de recursos con los que ayudar al país a salir del trance.
Estamos viendo cómo sin ninguna empatía con la ciudadanía que lo está pasando mal, ni con la situación general del país, los Iberdrolas, Repsoles y otros parientes buitres del Ibex, causantes en parte de la inflación, quieren seguir manteniendo su posición dominante y sueldos astronómicos a costa de la estabilidad y los sufrimientos del país. Que la patria deja de serlo y tengo otras, cuando está en juego el dividendo.
En la crisis anterior el Gobierno de entonces optó por ayudar a las empresas y mejorar sus resultados a costa de recortar los derechos de la población. En esta ocasión se pretende recortar los beneficios de las grandes empresas, inductoras de la inflación, para mantener los derechos de las personas. Y además, de paso, se consigue que la economía doméstica funcione, el mercado laboral continúe creando empleo y la inflación esté descendiendo. Y en éste sentido, en la crisis general en la que estamos inmersos, somos de los que mejor lo están haciendo. Se trata de aguantar dos años y ya estamos viendo quiénes son los malos compañeros de viaje.
Eduardo Lizarraga
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