La credibilidad periodística lleva ya mucho tiempo en entredicho, demasiado para la salud de un sector garante de la democracia y que tiene entre sus filas a muchos compañeros de prestigio. Los intereses de las empresas periodísticas, compradas y vendidas entre fondos y grupos de presión, está llevando a la profesión a la tumba. No hay que confundir a los periodistas con los propietarios de los medios; los primeros son unos sencillos trabajadores, obreros de la información, a sueldo de unas empresas a las que los cambios tecnológicos han puesto en una difícil, casi imposible situación económica. Y la venta de su influencia puede llevarles sino al cierre definitivo, si a una completa y total renovación.
Por supuesto que no todos los casos pueden medirse con la misma vara, ni entre los profesionales informativos -algunos no pueden llevar siquiera ese nombre-, ni entre las empresas periodísticas. El reciente escándalo, no por sospechado menos impactante, de los audios de Ferreras, Inda, Terradillos y Villarejo está sacudiendo la conciencia periodística de muchos profesionales que se niegan a servirles de apoyo. También hay empresas digitales, con muchos menos costes, como Infolibre, que han salido a la palestra a romperse la cara por la profesión.
Pero no siempre los casos de fake news son tan claros ni demoledores como los que nos han mostrado y demostrado los vídeos. Los intereses empresariales llevan muchos años infiltrándose en la información periodística y por unos motivos u otros, lo que debiera ser publicidad directa o comunicados de prensa empresariales, aparece en los medios como si fuera información contrastada. Y no lo son, bien porque el redactor/becario carece de tiempo y ganas para para hacer otra cosa que “un copia pega” o porque el interés de la empresa y su dinero consiguen que aparezca como información lo que es opinión. Y resulta necesario saber diferenciarlo para no quedar intoxicado.
El caso es que la credibilidad del medio y del periodista, que parece que ya no importan ninguna de las dos en el esfuerzo por sobrevivir cueste lo que cueste, quedan gravemente conculcadas y con ello la calidad de la información con la que emitimos nuestros juicios y llevamos adelante nuestras acciones. Del peligro que para la democracia supone esta situación mejor ni hablamos, que ya está quedando bien demostrada con su influencia en los periodos electorales.
Sirva el siguiente texto, aparecido en un conocido medio digital, de ejemplo, para ilustrar la situación, con algo más de un corta pega y manejo del redactor para potenciar los intereses de en este caso ASVAL, la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler, fundada por los fondos buitre hace algo más de dos años para defender sus intereses ante la entrada de Podemos en el Gobierno.
ASVAL, que tiene como socios relevantes a Testa Home, Aedas Homes, Ares, Tectum, Blackstone, o La llave de oro, con más de 50.000 viviendas en sus carteras, lleva desde casi sus inicios una política de captación de pequeños propietarios muy activa y con publicidad constante en redes sociales y medios on line. El objetivo es diluir la imagen de asociación de fondos buitre para representar así a empresas y particulares.
Con más de 30.000 viviendas, con un valor de mercado que supera los 5.800 millones de euros, el fondo norteamericano Blackstone es el líder. Cuenta con cinco sociedades cotizadas de inversión (socimis) Testa, Albirana, Fidere, Torbel y Euripo y continúa afianzando su negocio. No sólo en vivienda, sino que ya lleva invertidos en España más de 25.000 millones de euros, muchos de ellos en negocios a largo plazo.
ASVAL presume ya, de tener 4.000 asociados “la mayoría particulares“. Una cifra ridícula si entendemos que las viviendas en alquiler en España son algo más de 3.200.000, de las que el 95,6 están en manos de particulares con una o dos viviendas en el mercado y más de dos millones de propietarios. Pero es su coartada para sentarse en la mesa de negociación con el Gobierno, representando al jubilado que complementa su pensión y no al fondo buitre que saca rentabilidad de un bien de primera necesidad.
Los propietarios de viviendas están hartos del Gobierno. Más de 1.000 propietarios particulares, miembros de la Asociación de Propietarios de Vivienda en Alquiler (ASVAL), está a favor de reclamar compensaciones al Estado por la limitación de subidas del alquiler al 2% impuesta por el Gobierno. Es conveniente decir que los propietarios de viviendas en alquiler en España son más de dos millones y que la cifra de particulares representados en ASVAL es ridícula, tanto en número, 0,2%, como en propiedades 1,70% aproximadamente. El núcleo duro y origen de la Asociación lo representan los fondos buitre y socimis que son quienes llevan la dirección estratégica del movimiento.
Así se desprende de una consulta realizada por la asociación donde más del 95% -el truco es muy viejo, tanto como las mentiras en periodismo: para lanzar un objetivo, la empresa inventa una encuesta, la viste, la lanza, y después la analiza y saca conclusiones- de las respuestas obtenidas se posicionan a favor de solicitar compensaciones al Estado. ASVAL, que supera los 4.000 asociados (la mayoría particulares) – se vuelve a recalcar lo de la mayoría particulares, aunque los 1.000 del primer párrafo ya han subido a 4.000- considera injusto que el Gobierno no establezca compensaciones a los propietarios ante este perjuicio económico.
«El impacto de estos cambios supondrá una presión financiera para los propietarios independientes. Las empresas de otros sectores, como los proveedores de energía, han recibido ayudas del gobierno para aliviar el impacto de estos cambios; por lo tanto, simplemente pedimos que nuestro sector sea tratado de forma justa y de la misma manera que los demás», afirma María Andreu, directora general de ASVAL. Además, ASVAL se opone a esta medida, ya que corre el riesgo de convertirse en una limitación permanente mientras se mantengan las altas tasas de inflación. De lo que está hablando ASVAL es de que las rentas no actualizadas, sobre todo las suyas, sean pagadas con dinero público salvando así sus beneficios.
Sin embargo, los propietarios son sensibles a la delicada situación que atraviesan muchos inquilinos, especialmente en el actual contexto económico. De hecho, la mayoría no repercute la totalidad de la subida del IPC, según los datos de ASVAL, y opta por ajustes más moderados del alquiler.
A partir de ahora empieza mucha opinión con mensajes muy característicos e identificables. Y es normal, la inflación rompió la barrera de los dos dígitos en junio y el IPC ha alcanzado la friolera del 10,2%, lo que supone el nivel más alto desde abril de 1985. Esto ha hecho que, en plena tormenta inflacionista, Hacienda está haciendo una suculenta caja gracias al tributos como el IRPF o el IVA. La voracidad del departamento que dirige María Jesús Montero explica que las arcas del Estado hayan ingresado hasta el mes de mayo casi 100.000 millones de euros, un 19% más y todo un récord recaudatorio para Montero. El Estado somos todos y el Estado necesita recursos, lo que a muchos no les gusta porque preferirían menos prestaciones y ayudas para generar problemas sociales.
Sin embargo, mientras el Ejecutivo se embolsa pingües beneficios con la subida de precios está impidiendo que lo otros lo hagan. Y el caso de los propietarios de vivienda en alquiler es el mejor ejemplo. Es decir, parece justificable que en un dramático momento como el que vivimos, con unas previsiones más bien negras, haya sectores que deben seguir obteniendo pingües beneficios de un bien imprescindible a costa de los más vulnerables y frente a una inmensa mayoría del país que va a tener que apretarse el cinturón.
El sector inmobiliario – cálculos que deben ser de ASVAL no contrastados– ha calculado que el Gobierno está haciendo perder 1.000 millones de euros a los caseros por esta limitación del alquiler. «Con la limitación al incremento de las rentas se produce una transferencia de renta de los propietarios a los inquilinos injustificada, teniendo en cuenta que el 95% de los arrendadores en España son pequeños propietarios que utilizan las rentas para completar sus sueldos y pensiones», afirman desde la asociación de propietarios. ASVAL lleva intentando desde su creación, escudarse en pequeños propietarios y jubilados necesitados para mantener sus beneficios a costa de todos para llevar adelante su política de enfrentamiento con el Gobierno.
Además, añaden – debe referirse a ASVAL, pasando así de la opinión a la información– que todos los propietarios también están sufriendo los rigores de la inflación en su actividad inmobiliaria, un efecto que no están pudiendo trasladar a los precios, pese a que la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige los contratos de este mercado contempla esta posibilidad. También están haciendo frente a un incremento de los costes vinculados a la propiedad de sus viviendas, por lo que no es justo que no pueda ser trasladado en parte al precio del alquiler.
La asociación sospecha que esta limitación, al igual que otras medidas como el Proyecto de Ley de Vivienda o la ley catalana que ampara la ocupación ilegal, trasladan a los propietarios la responsabilidad de las Administraciones Públicas de atender el problema social de la vivienda, sin recibir ningún tipo de compensación por ello. Es cierto que en ASVAL están muy alarmados por la futura Ley de Vivienda y que pretende sentarse a la mesa con el gobierno para negociarla, de ahí su interés por incrementar sus asociados con particulares.
Es este hecho, con los propietarios afrontando una situación delicada en un difícil contexto económico, el que ha impulsado a ASVAL a estudiar acciones legales para reclamar compensaciones al Estado por esta intervención inasumible en las rentas. La asociación tomará una decisión próximamente. A esta se podrán adherir, además de los más de 4.000 asociados de ASVAL, cualquier propietario de vivienda en alquiler en España. Resulta clarificador contemplar como se quiere involucrar en un macro procedimiento contra el Estado a todo el sector del alquiler.
Además, según la asociación, la medida limitará aún más el número de viviendas disponibles en alquiler, ya que muchos propietarios preferirán dejar sus inmuebles vacíos o venderlos. -Volvemos al viejo mantra de que por no poder actualizar un alquiler el propietario preferirá venderlo o dejarlo cerrado- Asimismo, los propietarios estarán menos dispuestos y capacitados para llevar a cabo las obras necesarias -incluso para mejorar la eficiencia energética y la renovación- en las viviendas que alquilan. – Alguien olvida decir que sin la necesaria adecuación energética el inmueble no podrá ser alquilado-.
En este sentido, desde ASVAL – a partir de este momento ASVAL toma el protagonismo siendo el actor de las declaraciones- «consideramos que la creciente inseguridad jurídica en el mercado del alquiler va a seguir produciendo una reducción de la oferta de vivienda. Esta reducción de oferta, que agrava el problema de acceso a la vivienda, será aún mayor en el contexto actual. El empeoramiento de las condiciones de la financiación para la compra de vivienda provocará un incremento de la demanda de vivienda en alquiler. Sin embargo, medidas como esta limitación reducen la puesta en el mercado de pisos en alquiler, haciendo imposible el acceso a la vivienda a los colectivos vulnerables, a aquellos que se pretende proteger».
Eduardo Lizarraga
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