Han pasado más de dos meses desde que el empeoramiento de la pandemia, tras lo de “salvar el verano”, obligó al Gobierno a volver a levantar el escudo social en septiembre. Pero no se hizo al completo y  fuera quedaron dos medidas que si se habían contemplado en el primer estado de alarma.  La prohibición de los desahucios para aquellas personas que demuestren vulnerabilidad y que no tengan otra vivienda digna en la que vivir  y la prohibición del corte de suministros a todas las personas vulnerables. Como apuntó la  secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, “en pleno invierno no podemos hablar de una vivienda digna si no garantizamos también los suministros de agua, luz y gas que permitan a las familias calentar las casas, ducharse con agua caliente o cocinar».

Ha sido el empeoramiento de la situación económica de muchos españoles por la pandemia, lo que ha traído aparejado un notable incremento en los desahucios a partir del verano y el movimiento del Gobierno, empujado por Podemos, para pararlos. Pero las negociaciones entre la Vicepresidencia de Iglesias y el Ministerio competente en vivienda, Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dirigido José Luis Ábalos han sido muy duras y han tenido mucha resonancia en los medios y en los sectores más implicados. En el fondo de la discusión se encontraba la compensación económica para los propietarios de más de diez viviendas, entidades financieras, fondos e inversores más pequeños,  que encuentran el beneficio de sus empresas ocupando un lugar que debiera pertenecer al Estado.

Y la presión de este colectivo, pequeño en número de empresas,  pero grande en influencia y relaciones, ha tenido que ser mayúsculo. Sus planteamientos los mostraban muy claramente desde ASVAL,  la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler, unos días antes de la firma del decreto. Hay que decir que a pesar de su nombre, ASVAL tan sólo representa a los fondos buitre tenedores de vivienda en nuestro país y que es una asociación creada de forma reciente para representar sus intereses cuando vieron que el Gobierno salido de las urnas no les iba a resultar tan favorable como el anterior. Con Rajoy llegaron a España con unas condiciones muy favorables, se hicieron con grandes cantidades de vivienda bancaria procedente de desahucios y embargos, a precio de risa y pusieron esa vivienda en rentabilidad con una legislación favorable a sus planteamientos. El cinismo llega cuando esgrimen la inseguridad jurídica, si les cambian las condiciones que les diseñaron para que vinieran e hicieran negocio a costa de los más desfavorecidos, como si no fuera más importante y consagrado por la Constitución, el derecho a la vivienda digna.

Desde ASVAL, que dirige la que fuera anteriormente directora de comunicación del portal inmobiliario Idealista, Beatriz Toribio, se descolgaron, previamente a la firma del decreto, con una serie de manifestaciones tendenciosas y manipuladoras de la opinión pública para buscar el apoyo de lo más contrario al actual gobierno. Así, aseguraron que el decreto supondría “la legalización de la ocupación ilegal, y que convertiría a España en el único país avanzado que permite este tipo de prácticas fuera de la ley y peligrosas”, poniendo el incendio de la nave de Badalona como ejemplo.

No contentos con ello continuaron amenazando al Estado, que somos todos y aseguraron que los propietarios de vivienda en alquiler afectados, es decir, los fondos buitre,  reclamarán al Estado responsabilidades por expropiación del derecho de uso de sus activos.  En concreto dejaron caer que el decreto “puede dar lugar también responsabilidades de tipo penal para el Estado en el caso de que se produzcan conflictos en las viviendas ocupadas tras la aplicación del decreto, ya que los propietarios se verán privados de su derecho de propiedad y no podrán garantizar la seguridad de su vivienda”.

Volvían a la carga con uno de los grandes mantras de la comunicación anti emigración afirmando que esta nueva ley generará un efecto llamada a la ocupación ilegal, generando inseguridad jurídica en el mercado de vivienda. Enseñaban también la patita, negra y de lobo, cuando se quejaban de que el acuerdo que se vislumbraba “es discriminatorio, ya que distingue de forma arbitraria y no justificada jurídicamente grandes y pequeños propietarios, lo cual está prohibido por la ley”. Y es que el decreto, cuyo borrador ya era público, diferenciaba a los pequeños propietarios que complementan sus rentas o pensiones de los grandes tenedores que hacen negocio con la vivienda. No dejaba ASVAL pasar la oportunidad y soltaba otra de las grandes mentiras que esgrimen de forma continua cuando se pide el control del mercado de los alquileres y es que aseguran que la medida “perjudicará a los colectivos con menores recursos, ya que habrá menos oferta de vivienda, será más cara y los propietarios priorizarán a los inquilinos más solventes”. Como si en su modelo de negocio se pudieran permitir tener las viviendas vacías…

Y como están viendo la oportunidad de convertir al estado en cliente, finalizaban con una verdad para que la estructura sándwich de la información tuviera efecto. En España las administraciones autonómicas carecen de un parque de vivienda social suficiente para garantizar el realojo al que obliga el decreto, una opinión compartida por todos los expertos en la materia. España cuenta con uno de los parques de vivienda social más reducidos de Europa, ya que, según datos de Eurostat, tan solo representa el 2,5% del total de viviendas, frente al 30% de los Países Bajos, el 24% de Austria o el 17% de Francia. Los cambios que llegan al modelo económico de la vivienda en nuestro país irán en la línea de cambiar esta situación y los grandes tenedores de vivienda y las rentabilidades de sus activos pueden verse afectados por las decisiones que se tomen.

El ministro Ábalos ha intentado dar respuesta a las denuncias de ASVAL destacando que la nueva norma es «extraordinaria para un momento excepcional de dificultad», que «no legitima ninguna ocupación de vivienda» y que «refuerza las garantías judiciales».

Las compensaciones económicas que ha aceptado Podemos se producirán en el caso de inquilinos con contrato. Si en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales (que justifique la situación vulnerable de las personas que se encuentran en el inmueble) no hay una alternativa habitacional, el propietario podrá pedir compensación siempre que acredite que la situación le ha ocasionado un perjuicio económico.

Esta compensación será del valor medio del alquiler en la zona durante el tiempo que no haya podido hacer uso de la vivienda. Pero si la solución habitacional, que no podrá ser un hostal o un albergue, se aplica en los tres meses siguientes desde la emisión del informe de los servicios sociales, no tendrá derecho a solicitar la compensación.

En el caso de los pequeños propietarios que vean una vivienda ocupada sin título contractual, no se podrán suspender los desahucios y la expulsión seguirá el curso normal de la ley.

Se paralizarán durante tres meses los desahucios de familias vulnerables sin contrato, aunque solo si ocupan viviendas vacías de grandes tenedores (propietarios de más de diez inmuebles) y tienen menores o dependientes a cargo o son víctimas de violencia machista. Estos grandes tenedores podrán solicitar igualmente una compensación si demuestran que la suspensión del lanzamiento les ha ocasionado un perjuicio económico.

Durante muchos años, demasiados, la política de vivienda en nuestro país ha ido dirigida  a que todo carpetovetónico sea dueño de su castillo, y no se acompaña con medidas que intenten llevar adelante el precepto constitucional del derecho a la vivienda. Así, según el  Observatorio Vasco de la Vivienda entre 2008 y 2018 la partida destinada a vivienda por la Comunidades Autónomas, se ha reducido en un 35,9%, es decir, ha pasado de los 2.535 millones de euros en 2008 a 1.626 el pasado año, teniendo  como claro causante al abandono autonómico de la política de vivienda protegida. Y las cifras cantan, a lo largo de todo el 2018 se construyeron 5.167 viviendas protegidas frente a las 68.857  que, según el Ministerio de Fomento, se levantaron en 2008. Con este afán constructor jamás saldremos del 1,6% de vivienda protegida que padecemos. Para alcanzar a nuestros vecinos, que llegan hasta al 18%, vamos a tener que recurrir a otros métodos.

Y en esta búsqueda de otros métodos están viendo los fondos buitre su gran oportunidad, convertir al Estado en cliente dotándole de la vivienda social que necesita. Y así todos contentos. Sobre todo ellos que conseguirán rentabilidad segura en su inversión, el Estado que podrá aumentar significativamente su vivienda social y los inquilinos más desfavorecidos que podrán disponer de vivienda asequible. Pero claro está que para este viaje no hacían falta estas alforjas y si aprovechando la crisis bancaria y del ladrillo, el Estado se hubiera quedado con la vivienda que vendieron las entidades financieras a los buitres  a precios inconfesables, a cambio de esos 60.000 millones que no nos han devuelto, ahora habría vivienda social, cumplimiento de la Constitución y las bandadas de buitres buscarían su carroña en otros lugares. Pero gobernaban otros más implicados con las entidades financieras y ahora pagamos las consecuencias.

Si alguien piensa que saldremos de la situación en que nos encontramos antes del 9 de mayo, fecha hasta la que se prolongará el decreto antidesahucios, está muy equivocado. Y no tiene en cuenta que después de salvar el verano, el turismo, la hostelería y la Navidad, llegará la salvación de la Semana Santa y después la de las fiestas patronales de Villazarcillos de Arriba. No entendemos que lo único que estamos salvando con estas medidas a medias es al virus, su prolongación en el tiempo y las posibilidades de nuevas mutaciones que invaliden vacunas y esfuerzos sociales y económicos.

La crisis económica, dopada en estos momentos por ahorros, ayudas sociales y ERTES, nos alcanzará en su plenitud cuando todo se vaya agotando y no volveremos a la situación económica anterior hasta el 2023, como poco. Otras situaciones van a cambiar y este cambio será tan profundo como tiempo tardemos en salir de la pesadilla. La realidad de la vivienda está cambiando y volverá a tener una vertiente más social, porque ni el 9 ni el 40 de mayo vamos a poder decir adiós al necesario escudo social que necesitan los millones de personas afectadas por la pandemia. Viene tiempo de cambios y los modelos económico y social van a ser los más afectados. Será bueno ir pensando las estrategias.

Eduardo Lizarraga

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