Inasequibles al desaliento y aprovechando la debacle producida en el Partido Popular por los escándalos en Madrid y  Valencia, junto a las sentencias por su corrupción, la PAH ha vuelto a presentar a trámite su propuesta de Ley de Vivienda y de paso pone a prueba el talante de Sánchez en el Gobierno.

En la anterior ocasión la propuesta se cayó de la mesa del Congreso por el veto del Partido Popular, que con la complicidad de Ciudadanos, adujo que llevar a delante la mencionada Ley podría causar grave quebranto a los presupuestos futuros. Pero la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el veto a la LOMCE ha pagado el billete de vuelta a la Ley de la PAH y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez no la ha vetado.

Llega la PAH al Congreso con una propuesta continuista de aquella del 2013, que aunque avalada por más de 1,4 millones de firmas, terminó en la papelera. Las mismas reivindicaciones y otras nuevas, como el problema del alquiler, que pretende ajustar las necesidades  actuales al son de la situación que están creando los especuladores, Socimis y grandes tenedores de viviendas, como son los fondos buitre.

Cinco son las reclamaciones que la plataforma considera básicas para una ley de vivienda mínimamente digna: que no se produzcan desahucios sin alternativa habitacional; regular el precio del alquiler; la dación en pago reatroactiva; que se realoje temporalmente a familias en emergencia en pisos vacíos de la banca y combatir la pobreza energética.

Pero frente a esas necesidades vitales, contempladas en nuestra Constitución, están los intereses de los bancos, principales orígenes del problema que padecemos y que necesitan de un entorno legislativo favorable para continuar obteniendo beneficios con la vivienda.

Y ese entorno legislativo favorable, en el que se han acostumbrado a vivir las instituciones financieras, ha sido la principal causa de la mayoría de las cláusulas abusivas que invaden nuestros contratos hipotecarios. Y una de las causas también de los casi 700.000 desahucios sufridos en nuestro país desde que se inició la crisis.  Tragedia que continúa repitiéndose a diario en nuestras ciudades y pueblos.

Nada menos que 60.754  desahucios se produjeron durante el pasado año. Cifra que, aunque disminuye un 3,6% respecto al año anterior y es la más baja desde el año 2008, aún es una enormidad que nos deja un desahucio cada 8 minutos.

También es cierto que ha cambiado la tipología del desahucio. Así, mientras el parque de viviendas en manos de los bancos ha sido vendido a Socimis y Fondos Buitre, que controlan ya el mercado, los precios del alquiler han aumentado un 40% sólo entre 2013 y 2017. Y por ello, casi el 60% de los desahucios son actualmente consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos, es decir,  por impagos de alquiler, porque las familias no pueden hacer frente a precios desorbitados y a incrementos enloquecidos.  Tan sólo el 36,8% se derivaron de ejecuciones hipotecarias.

Cataluña y Andalucía se dan la mano en cuanto a la magnitud de los desahucios que se producen en sus respectivos territorios y aunque la ventaja es para los catalanes, con  13.308 desahucios, es decir, un 21,9% del total nacional, van seguidos de cerca por Andalucía que, con 10.437,  tiene el 16,8% del total.

Atendiendo solo a los lanzamientos por impago de alquiler, la clasificación la encabeza también Cataluña, con 8.624, seguida de Madrid, con 5.001, y Andalucía, con 4.713. En cuanto a los provocados por ejecuciones hipotecarias, los tres primeros lugares los ocupan Andalucía (5.150), Valencia (3.885) y Cataluña (3.832). En términos absolutos, Andalucía fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2017 (7.002), seguido de Cataluña (4.635) y Valencia (4.558).

Está cambiando el motivo del desahucio, pero las familias continúan terminando en la calle y sin alternativas protegidas, en un país que tan sólo cuenta con el 1% de porcentaje en vivienda social. Y dándose en muchas ocasiones el caso de personas que terminaron desalojadas por no poder pagar las cuotas hipotecarias y que ahora están en trance de volver a serlo ante el imparable aumento del precio del alquiler y la imposibilidad de pagarlo con unos sueldos miserables, que no se incrementan ni en un euro.

Para quienes arrendaron entre 2010 y 2014, los peores momentos de la crisis, las subidas son importantes. Entre 100 euros y 400 más de media se le pedirán al querer renovar el arrendamiento.  Todo dependerá del año en el que se firmó el contrato.

En estos primeros meses del 2018 están caducando los últimos contratos de cinco años, que se firmaron antes de la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), aprobada el 5 de junio de 2013, que buscaba flexibilizar la duración de los contratos, pasando de un mínimo de cinco años a tres, y reduciendo la prórroga de tres a uno.

El objetivo esgrimido por el Gobierno de Rajoy fue evitar la rigidez del mercado y que los particulares alquilaran sus pisos vacíos, aunque ello se hiciera a costa de desproteger a los inquilinos dejándolos a merced de los caseros, como está sucediendo.  Por si fuera poco, también están finalizando los contratos sometidos a la nueva LAU y que se firmaron en el año 2015

Y la subida que les espera es imposible de asumir para una gran parte de los españoles, que perciben sueldos inferiores a mil euros. Nada menos que incrementos del 38% de media, contabilizando desde el 2013 hasta hoy. Y esta media es engañosa, como todas, porque en Madrid suben un 39% y un 50% en Barcelona.  Los burofaxes, anunciando la finalización del alquiler para muchos inquilinos, abundan más que las hojas en otoño y los nuevos términos van a ser inasequibles para muchos, que tendrán que irse a vivir  cada vez más lejos o buscarse alguien con quien compartir el alquiler –se impone la casa patera-, porque, como ya se ha dicho,  viviendas sociales en alquiler existen pocas, en un entorno que acaba con lo público y vende las viviendas sociales a fondos buitre, como ha sucedido en Madrid.

La consecuencia de este cambio legislativo es que cada vez son más los desahucios por impagos del alquiler. Según el Banco de España, en 2001 vivían de alquiler el 9,6% de los hogares españoles, y en 2016 eran el 16,3%. En las grandes ciudades el porcentaje es superior, con lo que el problema se irá acrecentando conforme pasen los meses.

La entrada de grandes empresas inversoras en el mercado del alquiler, como Santander, BBVA y Acciona, con Socimis y Fondos Buitre como firmes aliados, con Blackstone a la cabeza, aleja la posibilidad de la intervención reguladora y deja al inquilino a los pies de los caballos o con los pies en la calle para hablar con más propiedad.  La regulación de la vivienda como un derecho de todos y no un bien especulativo, sigue pendiente y alejándose, siendo buena muestra de ello la rentabilidad que alcanzan los inversores, llegados al calor de una legislación que vuelve a promover la especulación con la vivienda y a que los beneficios inmobiliarios se realicen a costa de los que menos tienen.

La Ley que presenta la PAH constituye una enorme oportunidad para que el artículo 47 de la Constitución comience a ser real para millones de familias. No va a ser fácil llevarla adelante, con el núcleo duro de PP y Ciudadanos al servicio de sus amos y oponiéndose. Pero la plataforma cuenta con el compromiso firmado por la mayoría de los partidos, para hacer realidad una ley que ya es referente internacional en materia de vivienda. Y brinda una extraordinaria oportunidad al PSOE para fortalecer su imagen progresista de cara a las elecciones del año próximo. Lo veremos.

Eduardo Lizarraga

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