No es una redada al azar. Detrás hay denuncias tributarias previas que apuntaban a cobros no declarados, y Hacienda ha decidido que, después de dos años de bonanza inmobiliaria —sobre todo 2025—, ya era hora de comprobar si esa abundancia se está reflejando en las declaraciones o solo en las cuentas corrientes. La operación abre comprobaciones inspectoras a 49 sociedades y empresarios, además de a 18 personas físicas vinculadas: socios, administradores y hasta familiares directos.
Operaciones en las diferentes comunidades autónomas
El reparto geográfico deja claro dónde está el foco. La Comunitat Valenciana se lleva la palma con 19 locales inspeccionados, seguida de Andalucía (7), Cataluña y Madrid (5 cada una), Canarias (4) y Baleares (1). En la operación han participado equipos del Área de Inspección, de las Unidades de Auditoría Informática y del Servicio de Vigilancia Aduanera, lo que da una idea del calibre del despliegue: esto no es una simple visita de cortesía con carpeta bajo el brazo.
Las denuncias a grandes empresas de alquiler hicieron saltar las alarmas de ingresos no declarados
El detonante de todo este movimiento son las denuncias tributarias recibidas, que apuntaban a la posible existencia de una bolsa de fraude en las sociedades investigadas. Hacienda sospecha que parte de las comisiones por compraventa y alquiler se están cobrando en efectivo y sin declarar, o declarándose solo parcialmente. Y en un mercado donde las agencias intermedian en el 70% de las operaciones de compraventa y alquiler en España, el volumen de dinero potencialmente opaco no es precisamente calderilla.
Seis meses de inspección por delante
Esto no acaba aquí. Las actuaciones simultáneas de este lunes han servido para que la Agencia Tributaria acceda a documentación contable, tanto en papel como en los sistemas informáticos de las empresas registradas. Pero el trabajo de fondo, el de peinar cifra a cifra, se extenderá durante los próximos seis meses, con el objetivo declarado de «regularizar todos los incumplimientos detectados» y, de paso, abrir nuevas líneas de investigación si aparecen más cadáveres en el armario contable.
Atención a los signos externos de riqueza
Uno de los puntos más interesantes de la operación es el escrutinio sobre el patrimonio personal de los socios de las empresas investigadas. Hacienda va a revisar quién presenta signos externos de riqueza no justificados por las actividades declaradas: coches, propiedades, estilo de vida que no cuadra con lo que aparece en la declaración de la renta. La lógica es sencilla: si las ventas ocultas existen, en algún momento tienen que materializarse en algo, y ese algo suele ser bastante visible.
¿Y si soy inmobiliaria que me pueden mirar?
Para quienes trabajan en el sector y se preguntan si esto les afecta, conviene aclarar el alcance real. La operación se centra en empresas de intermediación —agencias que gestionan compraventas y alquileres— y en los servicios anexos que estas prestan: tasaciones, visitas comerciales, negociación de precios, asesoramiento legal y financiero, gestión de la firma del contrato. Si una agencia cobra en efectivo comisiones no declaradas, si paga bonus a comerciales que no aparecen en nómina, o si cobra por informes y visitas sin emitir factura, entra directamente en el radar de Hacienda. No hace falta ser una gran cadena para estar expuesto: el criterio es la práctica, no el tamaño.
Las comisiones a los inquilinos en el origen del problema
Uno de los focos más concretos de la investigación son las comisiones cobradas a los inquilinos, una práctica que la Ley de Vivienda prohíbe expresamente pero que, según las denuncias recibidas, sigue produciéndose de forma habitual y, encima, sin declarar. Es un doble incumplimiento: primero normativo, porque esas comisiones no deberían cobrarse al inquilino sino al propietario, y segundo fiscal, porque el dinero que se cobra igualmente tampoco pasa por Hacienda.
Los planes de Hacienda para este 2026 ya lo adelantaron
Nada de esto debería pillar por sorpresa a quien siga la actualidad fiscal. En marzo, al presentar el Plan de Control Tributario para 2026, Hacienda ya avisó de que reforzaría la vigilancia sobre el sector inmobiliario, incluyendo los alquileres de temporada y las viviendas turísticas. El ministerio anunció entonces un control integral que abarcaría desde la promoción y construcción hasta la comercialización e intermediación, con especial atención a las comisiones de las empresas intermediarias. Insulae es, con esta operación, ya la 27ª macrooperación sectorial desplegada por la Agencia Tributaria en poco más de una década, y todo apunta a que no será la última mientras el mercado siga en modo alcista.
