Una medida legislativa para frenar la especulación en un mercado en crisis
En un momento en que España sufre una grave crisis de acceso a la vivienda, con los precios del alquiler disparados, el euríbor encareciendo las hipotecas y la juventud completamente expulsada del mercado inmobiliario, el anuncio del grupo parlamentario Euskal Herria Bildu ha irrumpido con fuerza en el debate público. La formación ha registrado en el Congreso una proposición de ley para prohibir que las plataformas digitales puedan anunciar pisos turísticos que no tengan licencia.
La medida se dirige contra el mercado ilegal de viviendas de uso turístico, que prolifera desde hace años ante la pasividad institucional y ha contribuido de forma decisiva a la expulsión de vecindarios completos en zonas urbanas tensionadas, la gentrificación y la reducción del parque de viviendas de alquiler residencial.
El mercado ilegal de alojamientos turísticos ha proliferado sin control
Según las estimaciones más recientes, España cuenta con cerca de 400.000 pisos turísticos registrados. Pero a esa cifra habría que sumarle un número desconocido y preocupante de alojamientos ilegales, sin licencia o con registros falsos, que se ofertan sin control en múltiples plataformas. En algunas zonas urbanas y turísticas, como Sevilla, Málaga o Valencia, los pisos sin regularizar superan el 60% del total de la oferta turística.
EH Bildu califica este fenómeno como “incontrolado” y señala sus consecuencias más inmediatas: la pérdida de población residente, la degradación del comercio local, el encarecimiento del alquiler y la pérdida de convivencia. Y todo ello mientras una parte del parque de viviendas se destina a generar rentabilidades altísimas con pocos impuestos y escasa regulación.
Las multas pueden ascender hasta el millón de euros si se permite la publicación de viviendas ilegales
La ley registrada por el grupo abertzale plantea una estrategia que ataca el corazón del problema: la responsabilidad directa de las plataformas como Airbnb, Booking, Vrbo o similares. A partir de esta normativa, las empresas que gestionen anuncios de alojamientos turísticos estarán obligadas a verificar que las viviendas cuentan con un número de registro o licencia válida.
Si no lo hacen, las consecuencias pueden ser muy graves. El régimen sancionador propuesto contempla multas de hasta un millón de euros por publicar o permitir contratar viviendas sin licencia, por no vincular el alojamiento a la identidad del anfitrión, o por emplear registros falsos u ocultar la identidad jurídica del arrendador.
Además, el texto se apoya en herramientas como el Registro y Ventanilla Única digital de Arrendamientos y la nueva normativa europea sobre la recogida e intercambio de datos en los alquileres de corta duración. Una infraestructura legal que, según sus impulsores, permitirá frenar de forma eficaz el crecimiento del mercado ilegal.
El alquiler turístico sortea las regulaciones para su control 🏘️
Una de las principales críticas que sostienen plataformas y defensores del libre mercado turístico es que los ayuntamientos ya cuentan con normas propias para regular estos alojamientos. Pero la realidad demuestra que las administraciones locales y autonómicas apenas tienen recursos para hacer cumplir esas normas.
EH Bildu denuncia que en muchos casos se produce una “permisividad manifiesta”, y que las pocas inspecciones o sanciones no son suficientes para frenar un fenómeno muy rentable para propietarios e intermediarios. Por ello, la nueva ley propone que ya no sea voluntario retirar los anuncios ilegales: las plataformas deberán impedir su publicación desde el inicio. Si no lo hacen, responderán económicamente.
Se acabó lo de mirar hacia otro lado o escudarse en que “es un problema de los ayuntamientos”.
Hacia un reparto más justo del uso de la vivienda en España 🏚️➡🏠
La proliferación descontrolada de pisos turísticos ha sacado de los mercados de alquiler miles de viviendas, precisamente cuando la demanda de vivienda asequible está en máximos históricos. En muchas ciudades, resulta más rentable para un propietario alquilar su vivienda a turistas durante 90 días al año que a una familia durante todo un curso.
Esta situación ha generado un modelo especulativo de vivienda como activo financiero, que choca frontalmente con el principio de la vivienda como derecho constitucional. En palabras de EH Bildu, “hay que elegir entre permitir que se siga haciendo negocio con la vivienda o garantizar que la gente pueda vivir dignamente”.
Solucionar el problema de los pisos turísticos ilegales es un paso importante 🧩
La solución definitiva a la crisis habitacional que vive España pasa por muchos frentes: aumentar el parque público de vivienda, regular los precios del alquiler, fomentar la vivienda cooperativa y eliminar los incentivos fiscales que alimentan la especulación.
Pero sin duda, acabar con los pisos turísticos ilegales es uno de los pasos más urgentes y necesarios. No se puede permitir que miles de viviendas estén generando beneficios irregulares mientras millones de personas no encuentran dónde vivir.
La ley de EH Bildu no ataca el turismo legal ni los usos lícitos de la vivienda, sino un negocio paralelo que ha crecido al calor de la opacidad digital, la pasividad política y el afán lucrativo de unos pocos.
Un problema de Estado que requiere acuerdo político y acción coordinada 🤝
Como ocurre con otros aspectos del acceso a la vivienda, la lucha contra los pisos turísticos ilegales no puede recaer solo en los ayuntamientos ni en una fuerza política concreta. Es necesario un consenso de Estado y una acción coordinada entre Gobierno central, comunidades autónomas, municipios y plataformas digitales.
La nueva ley marca un camino, pero también lanza un mensaje: no hay solución al problema de la vivienda sin enfrentar el uso especulativo y mercantilista de los inmuebles. Dejar miles de casas fuera del mercado residencial por intereses privados es un lujo que una sociedad en emergencia habitacional no puede permitirse.
Menos pisos turísticos, más viviendas para vivir 🏡
España necesita con urgencia recuperar viviendas para el uso residencial. Y eso pasa, entre otras cosas, por regular de forma estricta el mercado turístico. La proposición de EH Bildu es una oportunidad para dar un giro legal que responsabilice a quienes han hecho del vacío legal un negocio millonario.
La ciudadanía está esperando respuestas. Los jóvenes siguen en casa de sus padres. Las familias no pueden pagar el alquiler. Y los barrios se vacían para dejar paso a maletas con ruedas y check-ins sin rostro.
Es hora de poner la vivienda en el centro. De volver a lo esencial: las casas son para vivir, no para especular.
