Parece que Airbnb ha decidido finalmente cumplir las normas. La plataforma de alquiler turístico más famosa del mundo, símbolo de la economía colaborativa —y del descontrol urbanístico en demasiados lugares—, ha comenzado a eliminar los anuncios ilegales en Baleares tras años de resistencia, advertencias institucionales y presiones ciudadanas. El Consell de Mallorca ha confirmado la retirada de más de 2.300 anuncios sin número de registro, un paso que marca el inicio de una nueva etapa en la regulación del alquiler vacacional en la isla.

No ha sido un movimiento espontáneo. Se trata de la segunda fase del acuerdo entre Airbnb y el Consell, que establece la desactivación inmediata de todas las publicaciones que no incluyan el número de registro turístico obligatorio. Dicho de otro modo: quien no esté legalmente autorizado para alquilar, desaparece de la plataforma. Una medida que, según el gobierno insular, no tiene vuelta atrás.

Desactivación inmediata de todas las publicaciones que no incluyan el número de registro obligatorio

El Consell de Mallorca ha recordado que esta actuación se enmarca en su estrategia de erradicar el alquiler turístico ilegal y defender el derecho a la vivienda frente a la especulación. En palabras del conseller de Turismo, José Marcial Rodríguez, “este es el paso definitivo para erradicar la oferta ilegal; no habrá tregua”.

La medida, que parecía imposible hace solo unos años, se ha convertido en un precedente en la regulación de la oferta turística digital. Airbnb, acostumbrada a escudarse en su papel de intermediaria tecnológica, ha tenido que aceptar que también es responsable de lo que anuncia. Y lo cierto es que el cambio de rumbo no es menor: por primera vez, la plataforma ha eliminado más de dos mil anuncios ilegales de golpe, en una acción sin precedentes en la historia de su presencia en Baleares.

La empresa, que durante años se limitó a “recomendar” a los anfitriones cumplir la normativa, ahora se compromete a verificar que cada anuncio disponga del número de registro oficial y a bloquear de inmediato aquellos que no lo incluyan. Lo que antes era un gesto simbólico se ha convertido en una obligación contractual dentro del acuerdo con el gobierno insular.

El Consell asegura que para erradicar la oferta ilegal no habrá tregua

El Consell de Mallorca ha celebrado el resultado de esta colaboración público-privada, destacando que por fin se avanza hacia un modelo turístico regulado y sostenible. Según Rodríguez, la retirada masiva de anuncios irregulares “refuerza la voluntad institucional de garantizar la convivencia entre residentes y visitantes, mejorando la calidad de vida de los mallorquines y protegiendo el territorio”.

El conseller ha insistido en que el alquiler turístico ilegal no solo perjudica al sector reglado, sino que también aumenta la presión sobre el mercado de la vivienda, encareciendo los precios y expulsando a los residentes de sus barrios. “La colaboración con plataformas digitales es imprescindible, pero la prioridad siempre será proteger el derecho a la vivienda y el equilibrio social de la isla”, ha subrayado.

Mientras tanto, Airbnb intenta lavar su imagen y presentarse como un socio comprometido con la legalidad. Pero la realidad es que el cambio ha llegado por obligación más que por convicción. Las sanciones y la creciente presión social han hecho que incluso la multinacional californiana entienda que la oferta turística debe ser legal, controlada y compatible con la vida cotidiana de los vecinos.

Hacia una oferta turística regulada

El acuerdo entre Airbnb y el Consell de Mallorca no solo establece la eliminación de anuncios sin registro, sino que también refuerza la supervisión constante de la actividad turística en la plataforma. A partir de ahora, todas las nuevas publicaciones deberán incluir un número de registro válido, emitido por el Consell, que garantice el cumplimiento de la normativa insular.

Se trata de una medida que consolida un cambio de paradigma: el turismo ya no puede seguir creciendo a cualquier precio. Las instituciones locales han comprendido que el modelo turístico del futuro pasa por la legalidad, la sostenibilidad y la convivencia. Y que las plataformas digitales, por muy globales que sean, no están por encima de la ley.

En este contexto, Mallorca se convierte en un ejemplo para otras comunidades autónomas que buscan controlar la expansión del alquiler vacacional. La eliminación de más de 2.300 anuncios ilegales demuestra que, con voluntad política y coordinación institucional, es posible poner orden en el caos del alojamiento turístico digital.

Por su parte, Airbnb ha anunciado su intención de seguir colaborando con las autoridades locales y ha descrito la medida como “un paso importante hacia la transparencia”. Aunque, viendo la magnitud del problema, más que un paso parece un pequeño gesto de redención tardía.

Un nuevo equilibrio entre turismo y vivienda

El reto ahora será mantener la vigilancia y garantizar que los anuncios ilegales no vuelvan a proliferar. Las autoridades insulares insisten en que la lucha contra la oferta ilegal será permanente, y que el derecho a la vivienda no puede seguir sacrificándose en nombre del turismo.

El cambio de actitud de Airbnb, aunque forzado, abre la puerta a una convivencia más justa entre residentes y visitantes. Porque el turismo puede ser motor económico, pero solo si se somete a reglas claras. Y esas reglas, por fin, empiezan a aplicarse también en el mundo digital.

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