La Comunidad de Madrid vuelve a insistir en su relato preferido: Madrid es una región abierta, acogedora y de oportunidades. Un lugar donde todo el mundo es bienvenido… siempre que lleve empadronado al menos diez años. El último anuncio de la presidenta madrileña sobre el acceso al alquiler protegido se presenta como una defensa de los derechos de los madrileños, aunque en la práctica introduce una frontera administrativa que deja fuera a cientos de miles de personas que ya viven, trabajan y sostienen la economía regional desde hce años.

Bajo el paraguas de la protección social, el mensaje es bastante más nítido de lo que parece: hay ciudadanos con derecho preferente a la vivienda pública y otros que todavía no han acreditado suficiente antigüedad como para merecerla.

El nuevo marco normativo establece que los solicitantes de una vivienda protegida deberán acreditar diez años de empadronamiento en la Comunidad de Madrid y no haber sido condenados por delitos vinculados a la ocupación en los cinco años posteriores a la sentencia. La presidenta subraya que seguirá reforzando su lucha contra la ocupación, pese a reconocer que las competencias autonómicas son limitadas. Una lucha más simbólica que efectiva, pero muy útil para desplazar el foco del verdadero problema: la falta estructural de vivienda asequible que soluciona limitando a sus peticionarios.

El nuevo Reglamento de Vivienda Pública en la Comunidad de Madrid

El Reglamento de Vivienda Pública que el Gobierno regional prevé aprobar en julio introduce el concepto de vinculación estable con la región como criterio central de acceso. Según la Comunidad, se trata de garantizar que los recursos públicos se destinen a quienes contribuyen de manera continuada al desarrollo madrileño. El matiz no es menor si se tiene en cuenta que una de cada cuatro personas que vive hoy en Madrid es de origen migrante, y que buena parte de ellas lleva años contribuyendo con su trabajo, sus impuestos y su consumo, aunque no alcance la barrera administrativa de la década empadronada.

La exclusión automática de personas condenadas por allanamiento o usurpación se suma a este enfoque restrictivo. El problema de la vivienda vuelve a explicarse desde el control y la penalización, aunque los datos demuestran que la ocupación no tiene un peso significativo en el colapso del mercado del alquiler. Pero en términos de discurso político, siempre resulta más rentable señalar culpables que asumir responsabilidades estructurales.

Distintas perspectivas del Plan Vive según la Comunidad y la oposición

El Plan Vive sigue siendo presentado como la joya de la corona de la política de vivienda madrileña. Catorce mil viviendas en distintas fases de desarrollo, más de cinco mil ya entregadas y miles en construcción o licitación. Sobre el papel, las cifras impresionan.

En la práctica, los retrasos se acumulan y quienes consiguen acceder se encuentran con condiciones económicas difíciles de encajar con los salarios reales.

Desde la oposición y desde distintos colectivos sociales se repite una crítica constante: el Plan Vive no está diseñado para los perfiles más vulnerables. Los ingresos mínimos exigidos, la obligación de alquilar garajes y trasteros y unas rentas que rozan el mercado libre convierten lo “asequible” en un concepto muy flexible. Tanto, que termina adaptándose mejor – tal vez sea la intención poco oculta- a clases medias solventes que a quienes encadenan empleos precarios, muchos de ellos población migrante que sostiene sectores clave como la hostelería, la construcción, las actividades administrativas o los cuidados.

¿Cuál será la protección de la vivienda asequible?

Otra cuestión que apenas se aborda en los anuncios oficiales es cuánto tiempo seguirá siendo protegida la vivienda promovida con dinero público. La experiencia previa en la Comunidad de Madrid no invita precisamente al optimismo. No sería la primera vez que promociones de vivienda protegida acaban desclasificadas y pasan al mercado libre, generando importantes beneficios privados tras años de apoyo institucional.
La pregunta resulta incómoda pero inevitable: ¿se está construyendo vivienda pública para garantizar acceso estable o para crear oportunidades de negocio a medio plazo? Si la protección tiene fecha de caducidad corta, el modelo se parece demasiado a una subvención encubierta al promotor. Y en eso, la Comunidad madrileña tiene un amplio historial.

¿Proporciona la Comunidad de Madrid alguna opción a los excluidos del Plan Vive?

Aquí el discurso de la acogida universal empieza a resquebrajarse. Entre 2021 y 2024, el 71% del crecimiento poblacional madrileño se debió al aumento de población extranjera, y más de la mitad del crecimiento del empleo reciente también. Mujeres migrantes, especialmente latinoamericanas, concentran buena parte del trabajo doméstico y de cuidados, mientras otros sectores dependen de mano de obra extranjera para seguir funcionando.

Sin embargo, estas mismas personas quedan fuera del alquiler protegido por no cumplir los requisitos administrativos o económicos. Salarios un 26% más bajos de media, mayor parcialidad laboral y tasas de riesgo de pobreza que superan el 50% dibujan un escenario de vulnerabilidad evidente. Aun así, la respuesta institucional es elevar el listón de acceso en lugar de ampliar la red de protección.

Madrid presume de ser una región abierta mientras blinda el acceso a la vivienda pública. La inmigración aporta riqueza, reactiva municipios pequeños, sostiene servicios y paga alquileres cada vez más altos, pero queda fuera cuando toca repartir recursos escasos. En Aquimicasa lo venimos advirtiendo desde hace tiempo: sin vivienda pública permanente, sin criterios realistas y sin exclusiones encubiertas, el alquiler protegido corre el riesgo de convertirse en un privilegio identitario, no en una herramienta eficaz contra la emergencia habitacional. Madrid será de todos, sí, pero solo para quienes llegaron lo suficientemente pronto y con bolsillo lleno.