El informe de la OCU muestra una situación de sobra conocida

Hay estudios que no descubren nada, pero que tienen el mérito de poner negro sobre blanco lo que cualquiera que haya buscado piso en los últimos años sabe de memoria. El último análisis de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) sobre el mercado del alquiler en Madrid y Barcelona pertenece a esa categoría: no sorprende a nadie, y lo más inquietante es que la realidad probablemente sea incluso peor de lo que reflejan sus cifras. Porque detrás de cada dato hay centenares de miles de familias que viven el acceso a la vivienda con auténtica desesperación.

Las conclusiones son demoledoras. En Madrid, la OCU apenas localizó 13 viviendas por debajo de 700 euros al mes. En Barcelona, solo 9 en toda la ciudad. Nueve. Cabrían en un par de rellanos. Y eso que el estudio no busca áticos con vistas, sino una vivienda completa para residencia habitual.

El sueldo medio de 2.000 euros no da para alquilar en Madrid o Barcelona

El perfil elegido por la OCU no es casual: una persona con contrato indefinido, 2.000 euros netos al mes y ahorros para afrontar los gastos iniciales. Es decir, alguien que hace no tanto habría sido considerado un inquilino solvente y codiciado. Pues bien, ese inquilino ideal lo tiene crudo. El umbral razonable, destinar el 35% de los ingresos al alquiler, equivale a esos 700 euros que prácticamente ya no existen en el mercado.

Si se estira el presupuesto hasta los 1.000 euros, lo que supone entregar la mitad del sueldo al casero, la oferta mejora, pero poco: 543 viviendas en Madrid y 150 en Barcelona. En la práctica, el mercado del alquiler en las dos grandes ciudades arranca en torno a los mil euros, y quien no llegue a esa cifra, que vaya buscando en el extrarradio. En Barcelona, además, buena parte de lo asequible se concentra en Ciutat Vella, así que la libertad de elección se reduce a un barrio o a emigrar al área metropolitana.

El alquiler temporal ha devorado la oferta

Pero el dato más revelador no es el precio, sino el tipo de contrato. En Barcelona, el 84% de las viviendas identificadas por debajo de mil euros son alquileres temporales, y solo el 16% permite establecer una residencia habitual estable. En Madrid, cerca de tres de cada diez pisos disponibles en ese rango son de corta estancia.

El alquiler de temporada se ha convertido en la vía de escape preferida para esquivar la regulación, y lo que era una fórmula para estudiantes o trabajadores desplazados se ha transformado en el modelo de negocio de medio mercado. El resultado es que incluso quien encuentra un piso a precio razonable no encuentra un hogar, sino una estancia con fecha de caducidad.

Las fianzas y garantías, una barrera muy seria para jóvenes y personas sin ahorros

Y cuando por fin aparece el piso, llega la segunda carrera de obstáculos. Muchos arrendadores exigen fianzas y garantías de dos o tres mensualidades, más el mes en curso. En una vivienda de 1.000 euros, eso significa tener hasta 4.000 euros en la cuenta antes de recibir las llaves. Para un joven que acaba de empezar a trabajar, o para cualquier familia que vive al día, esa cifra es sencillamente inalcanzable. El alquiler, que en teoría es la puerta de entrada para quien no puede comprar, se ha convertido en un club con derecho de admisión.

Ya no son los vulnerables los que tienen problemas para alquilar

Aquí está el verdadero cambio de época. El perfil del estudio no es el de una persona vulnerable: tiene empleo estable e ingresos iguales o superiores a los de buena parte de la población trabajadora. Si ese ciudadano tiene problemas, qué decir de quien cobra el salario mínimo, de las familias monoparentales o de los mayores con pensiones modestas. El problema de la vivienda ha dejado de ser un asunto de los márgenes para instalarse en el centro de la clase media, y eso es lo que ha terminado de encender la calle.

El caso Maricarmen: la calle obliga a mover ficha

Ha hecho falta que un fondo buitre con ganas de hacer caja desahuciara a Maricarmen, una anciana de 87 años, para que el Gobierno se decidiera a actuar. Todo apunta a que el martes el Consejo de Ministros aprobará el decreto de vivienda, al que ya muchos llaman, con toda justicia, el decreto Maricarmen. Porque saldrá adelante gracias a la fuerza de esta mujer y a la presión de unos jóvenes que, por lo visto, ya se han hartado de esperar.

Sin ese desahucio y sin las movilizaciones, la situación seguiría probablemente tan estancada como siempre. Al menos ahora se mueve. Y de paso, el episodio está sirviendo para conocer la opinión de algunos que presumen de conciencia social y que, a la hora de la verdad, anteponen la ideología y el cálculo partidista a la situación de miles de familias, regalándonos a todos una buena dosis de vergüenza ajena.

El decreto que prepara el Gobierno puede ayudar, pero falta oferta

Bienvenido sea el decreto si sirve para proteger a los inquilinos y frenar los abusos más sangrantes. Pero conviene no engañarse: ninguna norma genera viviendas por arte de magia. La propia OCU lo deja claro al reclamar aumentar la oferta de vivienda destinada al alquiler asequible, mejorar la transparencia del mercado y reforzar la seguridad jurídica, advirtiendo de que la escasez alimenta los abusos y la conflictividad entre caseros e inquilinos.

La prioridad tiene que ser ampliar la oferta asequible en el corto plazo: movilizar vivienda vacía, acelerar la promoción pública, dar garantías a los pequeños propietarios para que alquilen con tranquilidad y cerrar el coladero del alquiler temporal. Mientras tanto, el consejo de la OCU a inquilinos y propietarios es tan sensato como insuficiente: comparar condiciones, garantías, duración y gastos antes de firmar. Útil, sin duda. Pero difícil comparar cuando en toda Barcelona hay nueve pisos donde elegir.