Andalucía encabeza las solicitudes de registro de alquileres

España, ha sido el primer país de la UE en aplicar la normativa comunitaria referente a los alquileres de corta duración

El registro de alquileres de corta duración ha dejado de ser una promesa o una amenaza, según a quién se le pregunte, para convertirse en una realidad. Desde su entrada en vigor, este sistema ha recibido más de 255.000 solicitudes, y sigue creciendo de forma sostenida. Se trata de una de las medidas estrella del Gobierno para poner orden en el caótico mercado de alquileres turísticos y de temporada, una auténtica selva en la que han proliferado las irregularidades, los fraudes fiscales y la expulsión de vecinos de zonas residenciales.

España ha sido el primer país de la Unión Europea en aplicar la normativa comunitaria en este ámbito, situándose a la cabeza de la regulación del alquiler de corta duración. A través del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y de la Ventanilla Única Digital, se ha implantado un registro obligatorio para que cualquier vivienda que se quiera comercializar en plataformas digitales cuente con su correspondiente número de control.

Casi cuatro de cada cinco solicitudes son para alquiler turístico

Los primeros datos oficiales ya permiten extraer conclusiones claras. El 79,22% de las solicitudes recibidas corresponden a alquileres turísticos, es decir, aquellos que se ofertan a turistas durante días o semanas. Solo un 20,78% son para alquileres de temporada. La lectura es evidente: el modelo turístico ha colonizado el mercado de alquiler en buena parte del país, especialmente en las comunidades costeras y las grandes capitales.

Este desequilibrio ha tenido consecuencias devastadoras en muchas zonas, donde los vecinos han visto cómo sus barrios se convertían en parques temáticos turísticos, con viviendas que cambian de inquilino cada dos días, precios fuera de mercado y servicios que ya no se adaptan a las necesidades de una comunidad residente, sino a las de los visitantes de paso.

Barcelona es el ayuntamiento con mayor cantidad de solicitudes

Barcelona lidera el ranking municipal, con más de 10.957 solicitudes solo en el municipio, a pesar de la fuerte regulación que ha impuesto el consistorio en los últimos años. Esto demuestra que, aunque algunos ayuntamientos han intentado poner coto al fenómeno de los alquileres turísticos, la demanda sigue siendo altísima, y el negocio —legal o ilegal— continúa siendo muy atractivo para miles de propietarios e inversores.

Pero el problema no es exclusivo de Barcelona. Las cifras son igualmente alarmantes en otras zonas:

• Málaga acapara más de la mitad de las solicitudes de Andalucía.

• Alicante concentra el 65,44% de las 26.748 solicitudes en la Comunidad Valenciana.

• En Catalunya, Girona, Tarragona y Barcelona suman casi 33.000 registros.

• En Canarias, Gran Canaria y Tenerife superan las 35.000 solicitudes conjuntas.

• Baleares alcanza casi 13.000.

El resultado: más de 200.000 solicitudes registradas solo para alquiler turístico, una cifra que no incluye a los que, directamente, siguen operando al margen de la legalidad.

Funcionamiento de la Ventanilla Única Digital y del registro

El procedimiento para solicitar el número de registro es, en teoría, simple: se tramita a través de la sede electrónica del Colegio de Registradores o en el Registro de la Propiedad correspondiente. La Ventanilla Única Digital de Arrendamientos actúa como pasarela para comunicar los datos a las plataformas digitales, que están obligadas a verificar que los anuncios cuentan con número de registro.

Cada solicitud debe indicar si se trata de un alquiler turístico o de temporada, si es por habitaciones, y si se dispone de la autorización administrativa correspondiente (licencia turística, en el caso de alquiler turístico).

Tras la solicitud, el sistema genera un número de registro provisional, válido durante un tiempo para que el propietario pueda operar. El Colegio de Registradores tiene un plazo de 15 días para validar o revocar el número. Hasta la fecha:

• 118.321 registros están activos de forma definitiva.

• 102.732 están pendientes de verificación.

• 22.368 han sido ya revocados.

Un paso necesario en medio del descontrol

El objetivo de esta medida es claro: poner orden en un mercado que ha crecido sin control durante la última década, en buena parte impulsado por plataformas digitales que se han hecho de oro sin asumir responsabilidades. Pero no todos están contentos.

Comunidades como Andalucía y Canarias han expresado su oposición a esta regulación, con el argumento de que invade competencias autonómicas y puede perjudicar el turismo. Pero la realidad es más cruda: prefieren mantener el descontrol actual, en el que miles de propietarios operan sin licencias, sin pagar impuestos y sin ofrecer garantías mínimas a los usuarios.

Beneficios para el consumidor y para la fiscalidad

Desde el punto de vista del consumidor, el registro permite acceder a alojamientos verificados, con garantías legales y responsabilidad clara por parte del arrendador. Es una mejora evidente frente a la situación anterior, en la que muchos viajeros reservaban pisos en condiciones opacas, con riesgos para su seguridad y sin derechos en caso de conflicto.

Desde el punto de vista fiscal, el sistema permitirá a Hacienda identificar a los propietarios y controlar los ingresos derivados de estas actividades, lo que contribuirá a reducir el fraude fiscal. Porque seamos claros: muchos de los que ahora se quejan de la normativa lo hacen porque no quieren declarar lo que ganan o porque no quieren figurar como propietarios de una vivienda que explotan de forma intensiva.

El modelo turístico, en revisión

El auge de los alquileres de corta duración ha distorsionado el mercado residencial en muchas ciudades, encareciendo los precios, expulsando a los vecinos y deteriorando la convivencia. No se trata de acabar con el turismo ni de impedir que los ciudadanos rentabilicen sus propiedades. Se trata de que el acceso a la vivienda no se vea comprometido por un negocio que ha crecido sin regulación ni límites.

Como reconoció hace poco el secretario de Estado de Vivienda, David Lucas, “las viviendas no son un negocio, son para vivir”. Y aunque esta afirmación suene utópica en la España actual, al menos implica un cambio de enfoque necesario.

La nueva normativa no resolverá todos los problemas de inmediato, pero es un paso importante hacia la transparencia, el control fiscal y la protección del derecho a la vivienda. Y si se aplica con firmeza y se complementa con otras medidas —como el aumento de vivienda pública, la reforma fiscal o el control de las plataformas digitales— puede marcar el inicio de una nueva etapa.

Entre el negocio y el derecho

España ha tomado la delantera en Europa en regular los alquileres de corta duración. Las cifras demuestran la magnitud del fenómeno y la urgencia de actuar. Pero no basta con legislar: las administraciones deben hacer cumplir la ley, perseguir el fraude y garantizar que el mercado de la vivienda no quede totalmente subordinado a los intereses económicos de unos pocos.

Mientras tanto, más de 200.000 propietarios han cumplido con el nuevo sistema. Otros muchos seguirán en la sombra, esperando que nadie les pida cuentas. Pero la presión ciudadana, el empuje de los ayuntamientos y el sentido común deberían obligar a todos a entender lo más básico: una vivienda no es un activo financiero, es un derecho humano.

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