La Junta de Andalucía ha puesto sobre la mesa un anteproyecto de ley de vivienda que busca dar respuesta a una de las mayores preocupaciones sociales de los últimos años: la dificultad de acceder a un alquiler asequible o a una vivienda en propiedad. Con una oferta cada vez más reducida, una demanda creciente y unos precios que se han disparado hasta niveles inasumibles para gran parte de la población, el Ejecutivo andaluz, encabezado por Juanma Moreno, ha decidido acelerar los plazos para que la norma esté aprobada antes de las elecciones autonómicas previstas para junio de 2026.

El acto de presentación tuvo lugar en el palacio de San Telmo, arropado por alcaldes, sindicatos, asociaciones, empresarios y representantes de la juventud. El mensaje fue claro: Andalucía tiene un déficit de 90.000 viviendas, una cifra que refleja un problema estructural y que, según la patronal de la construcción, podría alcanzar las 200.000 unidades si se tienen en cuenta las necesidades de crecimiento poblacional.

Poner más vivienda VPO en el mercado

El eje central de la nueva ley pasa por impulsar la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), tanto en venta como en alquiler, con un objetivo muy ambicioso: 20.000 nuevas viviendas en los próximos cinco años. Para conseguirlo, la norma prevé:

  • La creación de una bolsa de suelo disponible, que incluirá terrenos públicos y privados.

  • La posibilidad de recalificar suelos terciarios a residenciales.

  • La colaboración con promotores privados bajo criterios de precios asequibles.

  • La reserva del 25% de las promociones a VPO.

Además, se creará un portal de la VPO de Andalucía, que ofrecerá información sobre disponibilidad, ubicación y precios, con el fin de aumentar la transparencia y facilitar el acceso de los ciudadanos.

Líneas de actuación

El texto legal no se limita a ampliar la oferta de vivienda protegida, sino que articula varias líneas estratégicas para combatir la crisis habitacional:

  • Unificar ayudas y programas de vivienda en un sistema único y accesible.

  • Agilizar la normativa urbanística eliminando trabas burocráticas que retrasan la construcción.

  • Aumentar el límite de ingresos familiares para acceder a la VPO, adaptándolo a la realidad económica actual.

  • Potenciar la colaboración público-privada, incentivando la participación de los promotores con beneficios fiscales.

“Igualar la oferta y la demanda” de vivienda en la comunidad

Uno de los grandes objetivos de la ley es reducir la brecha entre la oferta y la demanda. En palabras de Juanma Moreno, el desajuste existente ha generado un mercado donde los precios se disparan y el acceso resulta “inaccesible” para miles de familias.

El nuevo marco normativo se presenta como una “respuesta seria y efectiva” a un problema que no solo afecta a Andalucía, sino al conjunto del país. Frente al intervencionismo de la ley estatal, la Junta defiende un modelo basado en aumentar la oferta real de vivienda y en dotar de seguridad jurídica tanto a arrendadores como a inquilinos.

Definir las zonas prioritarias de actuación

La norma contempla la declaración de zonas prioritarias en áreas metropolitanas y municipios donde la presión del mercado es más intensa. En estas zonas se prevé:

  • Reducir cargas urbanísticas.

  • Acelerar licencias y permisos.

  • Favorecer la inversión de promotores en vivienda asequible.

  • Limitar la construcción de vivienda de lujo en favor de la VPO.

Este enfoque busca concentrar los esfuerzos allí donde más urgente resulta el acceso a un hogar, especialmente para jóvenes y familias en riesgo de exclusión.

Controlar las viviendas turísticas

Otro de los puntos sensibles es el de las viviendas turísticas, que han tenido un impacto directo en la reducción de la oferta residencial y en la subida de precios. La ley plantea un mayor control y fiscalización sobre este tipo de inmuebles, diferenciando entre los legales y los que operan sin autorización.

El objetivo es evitar que parte del parque de viviendas se destine únicamente al turismo, restando oportunidades a quienes buscan una residencia habitual.

Un reto de largo recorrido

El propio presidente de la Junta ha admitido que no existen “varitas mágicas” ni soluciones inmediatas, y que los resultados de esta ley se verán a medio y largo plazo. No obstante, la norma se presenta como un cambio de paradigma en la política de vivienda en Andalucía, apostando por ampliar la oferta, simplificar la normativa y garantizar mayor transparencia.

La crisis habitacional exige medidas urgentes, y con este anteproyecto Andalucía pretende dar un paso adelante para frenar la escalada de precios, garantizar el acceso a una vivienda digna y devolver a miles de familias la esperanza de poder construir un proyecto de vida en su tierra.