En un contexto de máxima tensión por la falta de vivienda y el incremento de los precios del alquiler, la Asociación de Apartamentos Turísticos de Barcelona (Apartur) ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra el Ayuntamiento de Barcelona y el IMHAB. La organización empresarial impugna el convenio de colaboración firmado con el Colegio de Administradores de Fincas y la Cámara de la Propiedad Urbana, al considerar que el acuerdo busca incentivar la prohibición de actividades económicas legales bajo una apariencia de asesoramiento informativo. Esta decisión llega en un momento donde la balanza entre el derecho a la vivienda y la libertad de empresa marca la agenda del sector inmobiliario y el consumo en España.
Apartur asegura que esta estrategia «excede el marco de competencias municipales»
Según la demanda de la asociación, el contenido real del convenio firmado en mayo de 2025 revela un propósito que va más allá de la orientación: el soporte activo a las comunidades de propietarios para incluir en sus estatutos la prohibición de viviendas turísticas. Apartur sostiene que este enfoque supone una actuación política y jurídica que vulnera la seguridad jurídica y afecta directamente a licencias concedidas bajo el amparo de la ley desde 2012. La patronal defiende que este tipo de normativas exceden las facultades del consistorio, interfiriendo en el libre ejercicio de actividades regladas que han convivido en la ciudad durante más de una década sin variaciones significativas en su volumen.
Subvenciones a los profesionales y comunidades de vecinos que redacten nuevos estatutos o modifiquen los ya existentes para limitar el uso turístico
Uno de los puntos más polémicos del acuerdo es la partida presupuestaria de 100.000 euros destinados a incentivar acuerdos restrictivos. Se contemplan subvenciones para administradores de fincas y comunidades que modifiquen sus reglamentos internos con el fin de limitar el uso turístico. Desde Aquimicasa, observamos cómo estas ayudas se otorgan sin un proceso de concurrencia competitiva, lo que según la asociación, podría contravenir la Ley General de Subvenciones. La medida incentiva que los asesores profesionales orienten a las fincas en un único sentido, condicionando el cobro de la ayuda pública a la adopción de medidas que impidan la actividad vacacional en los edificios residenciales.
Apartur solicita al Juzgado que admita la demanda y que declare la nulidad del acuerdo y del convenio
La asociación ha solicitado formalmente la nulidad del convenio, alegando que el Ayuntamiento está promoviendo una actuación que afecta derechos adquiridos de forma retroactiva. La directora general de la entidad, Marian Muro, califica la gestión como irresponsable, señalando que los recursos públicos deberían destinarse a ampliar el parque de vivienda asequible o combatir la vulnerabilidad habitacional generada por el alza de las hipotecas y el euríbor. Según la patronal, la capacidad de las comunidades para limitar estas actividades ya existe legalmente desde hace años, por lo que el nuevo convenio tiene un carácter meramente simbólico y no tendrá efectos prácticos reales sobre las licencias ya existentes.
Los 10.000 pisos turisticos suponen un 5% del total de los pisos de alquiler en Barcelona
Para dimensionar el impacto de esta medida en el mercado del alquiler, es fundamental analizar los datos del sector. Actualmente, los aproximadamente 10.000 pisos turísticos legales representan un 5% del total de los pisos de alquiler en la capital catalana. Mientras el consistorio busca recuperar estas unidades para el uso residencial permanente ante la escasez de oferta, la industria defiende su peso económico y su escasa incidencia en el parque total de viviendas. El conflicto judicial pone de manifiesto la difícil convivencia entre el modelo turístico y la necesidad urgente de soluciones para los ciudadanos que buscan establecer su residencia en una de las zonas más tensionadas de España.
