Los contratos firmados hace cinco años tras la pandemia se renuevan estos meses

España vuelve a escribir el mismo capítulo de siempre en su historia de fracasos en política de vivienda. Desde principios de 2025, los juzgados han visto crecer las órdenes de desahucio como setas después de la lluvia, pero ahora con un matiz inquietante: ya no hablamos solo de familias en riesgo de exclusión, sino también de trabajadores con nómina, clases medias y jóvenes profesionales que, simplemente, no pueden afrontar la subida salvaje de los alquileres. Y todo esto ocurre mientras nuestros gobernantes siguen enzarzados en discusiones ideológicas que, curiosamente, nunca terminan en ladrillos construidos ni en llaves entregadas.

La diferencia de precio de alquiler oscila entre el 30% y el 50%

En 2020 y 2021 se firmaron miles de contratos de alquiler con rentas que hoy parecen ciencia ficción. Esos contratos vencen ahora, y lo que llega con la renovación es una patada en la puerta del presupuesto familiar: subidas de entre un 30% y un 50%. El resultado es tan obvio como dramático: quien no puede pagar, se queda, y empieza la cuenta atrás hacia un desahucio que puede tardar más de dos años en ejecutarse. Dos años de incertidumbre, tensiones y, en muchos casos, impago.

Un mercado que premia la especulación

Mientras tanto, el mercado de alquiler sigue descontrolado porque lo hemos dejado a merced de su “libre albedrío”, que en realidad significa libre para que unos pocos hagan negocio con la necesidad de muchos. La escasez de oferta no es un accidente: es el resultado de años de políticas erráticas, incentivos mal diseñados y una tolerancia absoluta hacia la especulación. En las zonas de mayor presión —ya sea por turismo o por simple falta de vivienda asequible—, el que no puede pagar queda fuera. Y no hay red que lo sostenga.

Muchas familias no pueden pagar esa cantidad

Ya no se trata de “morosos profesionales” ni de casos extremos. Ahora hablamos de gente que cumple, que trabaja, que paga sus impuestos… y que, aun así, no llega a fin de mes porque el alquiler se ha convertido en una aspiradora de su salario. Antes dedicaban el 30% o 35% de sus ingresos a la vivienda; ahora, más del 50%. Es matemáticamente insostenible. Y a nadie parece importarle lo suficiente como para poner en marcha un plan real de vivienda asequible.

Los propietarios también se blindan

Con la nueva Ley por el Derecho a la Vivienda, supuestamente pensada para proteger al inquilino, lo que se ha conseguido en muchos casos es el efecto contrario: más filtros, más avales, más exigencias. Los arrendadores que temen no poder recuperar su vivienda endurecen las condiciones de acceso, y los que ya están dentro pero no pueden asumir la subida, acaban forzados a quedarse en un limbo legal hasta que el juez dicte sentencia.

Al no haber oferta de alquileres, muchas familias se ven abocadas a la inquiocupación

La “inquiocupación” se ha convertido en la palabra maldita del mercado de alquiler, pero en realidad no es más que el síntoma visible de un sistema roto. Cuando no hay dónde ir, te quedas donde estás. Y si eso implica incumplir un contrato, la alternativa —la calle— es sencillamente inasumible para cualquier familia. Es un drama que no debería necesitar explicaciones: nadie quiere dormir en un portal con sus hijos.

La alternativa es la calle y eso no lo quiere nadie para su familia

Lo más hiriente de todo es que la situación no es fruto de una catástrofe imprevista, sino de décadas de inacción y parches improvisados. En España hay más de tres millones de viviendas vacías, pero seguimos sin una política seria para ponerlas en circulación como alquiler asequible. En cambio, se legisla al ritmo que marca el calendario electoral, se habla mucho de “colaboración público-privada” y se entregan titulares, pero no casas.

Un problema que ya no es de otros

Los desahucios por impago de alquiler ya no son algo que le pasa a “otros”. Puede ser tu vecino, tu primo o tú mismo en tu próxima renovación de contrato. Y hasta que no entendamos que el derecho a la vivienda es tan básico como la sanidad o la educación, seguiremos viendo cómo el mercado se come a quienes menos margen tienen para defenderse. Eso sí, siempre con el aplauso de quienes se benefician de que todo siga igual.

España protege más el ladrillo vacío que a la familia con hijos

En este país, se multa a quien ocupa por necesidad, pero se permite que miles de viviendas permanezcan cerradas durante años sin uso alguno. Se habla de vivienda como derecho en los discursos, pero en la práctica se defiende como mercancía. Y mientras eso no cambie, mientras las administraciones se sigan lanzando reproches en lugar de acuerdos, los desahucios seguirán siendo la crónica diaria de un fracaso colectivo. El ladrillo vacío seguirá protegido; la familia con hijos, no.

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