El problema de los impagos en el alquiler vuelve al centro del debate político en un momento especialmente delicado para el mercado de la vivienda en España. La falta de oferta, el aumento de las rentas y la creciente desconfianza de los propietarios hacia el arrendamiento han llevado al Gobierno a activar un nuevo mecanismo de protección destinado a evitar que más pisos salgan del mercado. En este contexto, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha anunciado en el Congreso que las ayudas a propietarios por impagos de sus inquilinos, reclamadas por Junts, se dotarán con 300 millones de euros tras su aprobación en el Consejo de Ministros.
El anuncio se produjo durante la defensa del decreto ley que incluye medidas del escudo social, como la revalorización de las pensiones, la prohibición de los desahucios y el corte de suministros básicos a personas vulnerables, un paquete normativo cuya convalidación parlamentaria se prevé complicada por el rechazo anunciado de PP, Vox y Junts. Pese a ello, el ministro avanzó la cifra con la que se financiará este programa, aprobado ya en diciembre mediante real decreto, pero que hasta ahora carecía de respaldo presupuestario.
“El pasado mes de diciembre aprobamos una novedosa línea de avales para arrendadores que hoy mismo hemos dotado con 300 millones de euros en Consejo de Ministros para casos de impago de la renta a pequeños arrendadores”, afirmó Bolaños desde la tribuna del Congreso, subrayando el carácter pionero de esta medida dentro de la política de vivienda del Ejecutivo.
En estudio ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores
Más allá de la dotación inicial, el Gobierno no descarta ir un paso más allá. El propio ministro reconoció que el Ejecutivo está estudiando fórmulas para ampliar y mejorar este mecanismo de protección a los arrendadores, al considerar que el miedo al impago es uno de los factores que explica por qué miles de viviendas permanecen vacías. “No hay excusas para dejar una vivienda vacía cuando en ella podría vivir una familia”, defendió Bolaños, en una clara apelación a la responsabilidad social de los propietarios, pero también al diseño de incentivos que devuelvan confianza al mercado del alquiler.
Esta línea de avales forma parte del Proyecto de Real Decreto del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, todavía pendiente de aprobación definitiva, y se suma a otras iniciativas recientes, como la bonificación del 100 % del IRPF a los caseros que renueven contratos sin subir el precio del alquiler, una medida que ha abierto fricciones incluso dentro del propio Gobierno de coalición.
Las condiciones para poder acogerse al seguro público de impagos del alquiler
El acceso a este seguro público no será generalizado. El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto que regula una cobertura frente a impagos de rentas, daños en la vivienda y suministros debidos, aplicable únicamente a contratos de alquiler dirigidos a jóvenes y personas vulnerables vigentes a 30 de enero de 2025. La gestión de estas compensaciones corresponderá a las comunidades autónomas, aunque por el momento no se ha detallado el presupuesto asignado a cada territorio.
Para poder acogerse a esta cobertura, los propietarios deberán cumplir condiciones estrictas. Entre ellas, firmar contratos con menores de 35 años o personas vulnerables según los criterios de cada comunidad autónoma, no superar el índice estatal de referencia del precio del alquiler, depositar la fianza legal obligatoria y sus actualizaciones, y suscribir con el arrendatario el compromiso relativo al aval conforme al modelo aprobado por la Administración. Además, las comunidades autónomas podrán establecer criterios adicionales, lo que introduce un componente de desigualdad territorial que ya genera incertidumbre entre los arrendadores.
Impago de alquiler, daños causados al inmueble o gastos en consumos
Las compensaciones cubiertas por este aval público incluyen el impago de las rentas del alquiler, los daños causados a la vivienda y el coste de los suministros pendientes de pago, uno de los aspectos más conflictivos en los procesos de desahucio. Los beneficiarios deberán estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, y podrán ser tanto los propietarios individuales como las comunidades que hayan suscrito un seguro con los arrendadores.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana transferirá los fondos a las comunidades autónomas, previo certificado, previsiblemente en el último trimestre del año, y estas deberán remitir información semestral sobre las coberturas aplicadas. En un escenario marcado por la escasez de vivienda en alquiler, el aumento de precios y la retirada progresiva de pequeños propietarios, este aval público se presenta como una herramienta clave para intentar recomponer un mercado cada vez más tensionado 🏠.
