Hubo un tiempo, no tan lejano, en que el piso turístico era la gallina de los huevos de oro. Alcaldes de grandes ciudades lo presentaban como modernidad, economía colaborativa y dinamismo. Hoy esos mismos regidores ven a sus vecinos manifestándose porque no encuentran dónde vivir y los alquileres suben sin freno. Y de repente todos han descubierto que una vivienda sirve, sobre todo, para vivir. Bienvenidos.

Barcelona da un paso más en esa conversión. La Comisión de Economía y Hacienda del Ayuntamiento ha aprobado aplicar un recargo de hasta el 150% en el IBI a las viviendas de uso turístico, con los votos a favor de PSC, ERC y Comuns, la abstención de Junts y el rechazo de PP y Vox. La medida pasará por un pleno extraordinario y después por el ordinario de diciembre para su aprobación definitiva. El recargo se devengaría por primera vez el 31 de diciembre de 2027.

Una medida escalonada que grava más a los grandes intereses económicos

El diseño no es un café para todos. Quien tenga un solo piso turístico pagará un recargo del 50%. Con dos o tres, del 100%. A partir de cuatro, del 150%. Y aquí está la clave: ese último tramo afecta a 6.077 licencias, cerca del 60% del total. No hablamos de la abuela que alquila el piso heredado en verano, sino de empresas que explotan un negocio.

Lo explicó el teniente de alcalde Jordi Valls: quienes se dedican a esta actividad económica quieren relacionarse con el Ayuntamiento como si tuvieran un simple piso. Pagan IBI residencial por un negocio hotelero. La paradoja era tan evidente que sorprende que haya tardado tanto en corregirse.

Penalizar la rentabilidad para hacer más atractivo el alquiler residencial

El razonamiento es sencillo. Si un piso rinde mucho más alquilado por noches que a un vecino durante años, el propietario elegirá al turista. Siempre. El mercado no tiene corazón, tiene hoja de cálculo. El Ayuntamiento ha decidido tocar donde más duele: la rentabilidad. Si el turístico deja de compensar, el alquiler residencial gana atractivo.

ERC calcula que la subida generará más de siete millones de euros, y ya ha anunciado alegaciones para exigir que ese dinero vaya a vivienda social, con seguimiento desde la propia comisión. Recaudar está bien; que lo recaudado sirva para algo, mejor.

Más de 3.200 propietarios con 10.000 viviendas

Barcelona tiene 10.627 licencias activas de vivienda turística. De ellas, 3.274 pertenecen a titulares con una sola licencia; 1.276, a quienes tienen entre dos y tres; y las 6.077 restantes, a multipropietarios con cuatro o más. Los números desmontan el relato del pequeño ahorrador indefenso: la mayoría del parque turístico está concentrado en pocas manos. Diez mil hogares retirados del mercado residencial en una ciudad donde encontrar un alquiler asequible es casi un deporte de riesgo.

Apartur amenaza con acciones legales

La patronal, como era de esperar, no aplaude. Marian Muro, directora general de Apartur, habla de medida desproporcionada, de inseguridad jurídica y de un sector que, según ella, no es responsable del problema de acceso a la vivienda. Estudian llevarlo a los tribunales.

Curioso argumento. La seguridad jurídica del inversor siempre merece portadas. La inseguridad vital de la familia que cambia de piso cada año, desplazada por una maleta con ruedas, no parece despertar el mismo desvelo. Del lado de PP y Vox llegan acusaciones de “populismo fiscal” y de que todo es humo. Junts, por su parte, reclama más rigor y se queda en la abstención.

De defensores a conversos: alcaldes y Bruselas cambian el paso

Barcelona no está sola. Ciudades que durante años vendieron el turismo como motor sin efectos secundarios ahora limitan licencias, declaran zonas tensionadas y endurecen inspecciones. Hasta Bruselas se ha sumado: el comisario europeo de Vivienda, Dan Jørgensen, ha situado los pisos turísticos entre los fenómenos que hay que contener y regular mucho más de lo que se hace hoy. Cuando la Comisión Europea dice algo así, el debate ya no es una ocurrencia municipal.

Los pisos vacíos podrían ser el próximo objetivo

ERC y Comuns quieren ir más allá. La concejal Rosa Suriñach ha pedido un registro de los inmuebles que llevan más de dos años vacíos para gravarlos también. Marc Serra recuerda que el problema no son solo 10.000 pisos turísticos, sino la especulación, y propone revisar el IBI de las 800.000 viviendas de la ciudad. El mensaje para quien acumula pisos cerrados esperando a que suba el precio es claro: el siguiente turno podría ser el suyo.

La prohibición total en unos años

Todo esto es, en realidad, un puente. El gobierno de Jaume Collboni mantiene su intención de eliminar todas las licencias de vivienda turística en 2028 para devolver esos pisos al uso residencial. El recargo del IBI es la manera de apretar hasta entonces. Habrá batalla judicial, sin duda. Pero mientras unos litigan por su rentabilidad, otros solo piden un techo. Y ese debate, por fin, parece estar ganándolo la vivienda.